Honduras activa una "emergencia vial" tras una cadena de accidentes y con la Semana Santa en el horizonte
- 16 feb
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Desde el sector privado, el gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Santiago Herrera, respaldó la aprobación de la ley al considerarla favorable para la economía nacional. Herrera sostuvo que la reactivación de obras de infraestructura tiene efectos inmediatos en el empleo y la producción regional. "Cuando se reactiva la actividad, se reactiva el empleo fuertemente y eso es en cada región del país", afirmó.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
Este lunes 16 de febrero de 2026, el gobierno del presidente nacionalista Nasry "Tito" Asfura efectuara el primer acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para abordar un abanico de temas que el mandatario derechista busca abordar, solucionar o al menos encaminar. Uno de esos temas es el mejoramiento de la infraestructura nacional; "agrandar y mejorar Honduras", decía a inicios de este mes Asfura.
En ese sentido, el Congreso Legislativo hondureño aprobó el miércoles 11 de febrero de 2026, por unanimidad, la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales para el Mantenimiento de la Red Vial Terciaria y Caminos Productivos, una normativa que habilita intervenciones inmediatas en carreteras deterioradas, trabajos de prevención ante lluvias y acciones de apoyo a las municipalidades, según analistas consultados por el equipo de este medio independiente.
La decisión se produce a menos de 40 días del inicio de la Semana Santa, período en el que miles de hondureños se desplazan hacia el interior del país por turismo, actividades religiosas o visitas familiares. El contexto inmediato incluye recientes accidentes de tránsito con víctimas mortales en corredores estratégicos como la CA-5 y la CA-11, lo que ha vuelto a colocar el estado de la infraestructura vial en el centro del debate público.
Alcance de la ley y operativos previstos
A través de su cuenta en la red social X, el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, afirmó que la normativa permitirá intervenir carreteras dañadas, dar mantenimiento a la red pavimentada y adoptar medidas para prevenir inundaciones. También anunció la entrega de maquinaria destinada a la reparación de calles en los 298 municipios del país.
Según Zambrano, la medida se traduce en "menos peligro en el camino" y en respuestas concretas ante una situación que —dijo— había estado marcada por la espera. Añadió que el Congreso actúa con "unidad y responsabilidad" frente a necesidades urgentes, con el objetivo de proteger vidas y mantener conectadas a las comunidades.
El decreto, enviado por el Poder Ejecutivo, establece operativos nacionales de bacheo provisional, dragado y construcción de puentes como intervenciones previas a la Semana Santa. La meta declarada es doble: mejorar las condiciones de circulación de inmediato y reducir el impacto de las lluvias en el próximo invierno.
Intervenciones inmediatas y presupuesto inicial
El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, explicó que el país enfrenta una emergencia centrada en tramos que no cumplen condiciones mínimas de seguridad y que están asociados a percances viales.
Describió una primera fase basada en acciones puntuales: bacheo paliativo para eliminar riesgos críticos en la superficie de rodadura y mecanización y recuperación de cunetas para garantizar que el agua de lluvia fluya por los canales adecuados y no sobre la calzada, evitando así daños adicionales.
Estas mejoras, de carácter provisional, buscan facilitar la circulación durante la Semana Santa y prevenir el corte de carreteras en temporada de lluvias. Ehrler indicó que, posteriormente, se avanzará hacia procesos de reconstrucción para consolidar una red vial en mejores condiciones estructurales.
El presupuesto estimado para iniciar los trabajos oscila entre 750 y 800 millones de lempiras.
Entre las obras anunciadas se encuentran:
Ampliación del puente de Germania, en la salida al sur de Tegucigalpa.
Reparación de la rampa del puente hacia Valle de Ángeles.
Ampliación de los primeros cinco puentes entre El Progreso y Tela para incrementar la capacidad vehicular y aliviar el tráfico en fechas de alta movilidad.
Dragado y mantenimiento de los bordos en el Valle de Sula, zona históricamente vulnerable a inundaciones.
El funcionario también informó que se contratarán entre cinco y seis empresas para supervisar integralmente los trabajos. Posteriormente se abrirán los procesos de contratación correspondientes.
Como medida de transparencia, se habilitará un enlace público donde se detallará la formulación, ejecución y destino de los recursos invertidos.
Respaldo empresarial con advertencias sobre contratación
Desde el sector privado, el gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Santiago Herrera, expresó su apoyo a la declaratoria de emergencia vial y la calificó como positiva para la economía nacional.
No obstante, advirtió que el término "emergencia" no debe convertirse en un mecanismo para eludir procedimientos regulares de contratación. Insistió en que la transparencia debe ser un principio rector durante la ejecución.
Herrera sostuvo que la reactivación de obras tiene efectos directos en el empleo y la producción regional. Según su planteamiento, la inversión en infraestructura genera al menos tres impactos: dinamiza el trabajo en las distintas zonas del país centroamericano, permite saldar compromisos pendientes con empresas del sector y facilita la reanudación de proyectos paralizados.
Además, subrayó la importancia de la logística para sectores como el exportador, cuya competitividad depende en gran medida del estado de las carreteras. Deficiencias en la red vial pueden traducirse en pérdidas económicas y retrasos en la cadena de suministro.
Accidentes recientes: el trasfondo humano de la crisis vial
La aprobación de la ley ocurre en un escenario marcado por accidentes recientes en ejes carreteros clave.
El sábado 07 de febrero, un accidente en la carretera CA-5, a la altura del sector Las Cañas, cerca del aeropuerto Palmerola en Comayagua, dejó una persona fallecida y seis heridas. El vehículo tipo pick-up en el que se transportaban las víctimas volcó tras perder el control, quedando con las llantas hacia arriba.
Uno de los ocupantes murió en el lugar y su cuerpo quedó tendido entre los carriles. Los heridos fueron trasladados por particulares al Hospital Santa Teresa de Comayagua, donde se informó que al menos uno presentaba traumatismos severos en la cabeza. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia, mientras agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona y regularon el tránsito ante las largas filas de automóviles.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) inició investigaciones para determinar las causas del siniestro. Una persona que llegó al sitio señaló que los ocupantes eran vendedores que se dirigían hacia la comunidad de Quebrada Amarilla.
Días después, otro hecho de mayor magnitud se registró en la carretera CA-11, cuando una patrulla policial colisionó con un autobús que cubre la ruta entre Gracias y Lepaera, en Lempira. El impacto dejó cuatro agentes de la Policía Nacional muertos y varios heridos.
Los uniformados fallecidos fueron identificados como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, José Henry Pérez Zaldívar y Leidy Mariela Licona Cáceres. Entre los heridos trasladados al Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias figuran Elvin Iglesias, Kevin Dariel Bautista, Alma Yudith Iglesias, Ever Osmín Cuevas, Jonathan García Tobar, Elmer Yonari Bajurto y Darlin Josué López.
De acuerdo con informes preliminares, los agentes estaban asignados a los municipios de San Rafael y La Unión y se dirigían hacia la ciudad de Gracias cuando ocurrió el percance en las inmediaciones de la comunidad de Río Grande. La patrulla, identificada con el registro PN-1154, terminó volcada fuera de la carretera. El conductor del autobús fue detenido para efectos de investigación por la DNVT. Los pasajeros del bus resultaron ilesos.
Infraestructura, seguridad y temporada alta
La coincidencia temporal entre la declaratoria de emergencia, la proximidad de la Semana Santa y los accidentes recientes refuerza la centralidad del estado de la red vial en la agenda pública.
La normativa no solo apunta a reparaciones inmediatas, sino también a la prevención de inundaciones y al fortalecimiento de los gobiernos municipales para el mantenimiento de la red terciaria y caminos productivos, claves para la conectividad rural y la actividad agrícola.
Las autoridades han planteado que las intervenciones previas buscan reducir riesgos durante los desplazamientos masivos y evitar interrupciones en el invierno. El sector privado, por su parte, respalda la inversión como motor económico, con la condición de que se garantice supervisión rigurosa y acceso público a la información sobre el uso de fondos.
Con un presupuesto inicial de hasta 800 millones de lempiras y un esquema de supervisión anunciado, la ejecución de la Ley Especial de Emergencia Vial será determinante para medir si la respuesta institucional logra traducirse en carreteras más seguras, menor vulnerabilidad ante lluvias y un impacto tangible en la movilidad y la economía nacional.
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