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Justicia federal de Estados Unidos frena deportación de menores migrantes mientras Guatemala se declara lista para recibirlos

El último episodio se produjo hace dos semanas, cuando la jueza Sparkle Sooknanan frenó de nuevo un vuelo que trasladaba a un grupo de menores con destino a Guatemala. El recurso fue solicitado por abogados que representan a diez niños menores de 16 años, quienes sostuvieron que el envío contravenía la legislación vigente y los exponía a condiciones de riesgo. "Ahora, el proceso legal en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) está más allá de nuestro control", declaró el centroamericano Bernardo Arévalo al ser consultado sobre la paralización judicial.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Una migrante indocumentada abraza a su hijo menor de edad en Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, el domingo 19 de enero de 2025 | Fotografía de AP por Marta Lavandier
Una migrante indocumentada abraza a su hijo menor de edad en Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, el domingo 19 de enero de 2025 | Fotografía de AP por Marta Lavandier

Una disputa legal en tribunales federales de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) mantiene en suspenso la deportación de decenas de niños migrantes centroamericanos, mientras el gobierno de Guatemala afirma estar preparado para recibir semanalmente a más de un centenar de menores retornados. El caso revela la compleja intersección entre la política migratoria estadounidense bajo la administración del presidente republicano Donald Trump, las obligaciones legales de protección a la infancia y las limitaciones institucionales en los países de origen.


Hoy, jueves 11 de septiembre de 2025, en Tucson, Arizona, la jueza federal Rosemary Márquez prorrogó por dos semanas una orden cautelar que prohíbe al gobierno estadounidense expulsar a 57 niños guatemaltecos y 12 hondureños, todos sin compañía de padres o tutores y con edades entre los tres y los 17 años. El dictamen amplía la medida emitida inicialmente el domingo 31 de agosto, en la que se determinó que las deportaciones violarían garantías procesales y expondrían a los menores a graves riesgos al regresar a sus países.


Márquez coincidió con las preocupaciones planteadas por los abogados defensores: la ausencia de garantías de que los menores fueran recibidos de forma adecuada al llegar a Guatemala o Honduras, así como la falta de procedimientos legales que les permitieran solicitar asilo o continuar procesos abiertos en cortes migratorias de Estados Unidos.


El episodio más dramático ocurrió días antes, el miércoles 13 de agosto de 2025, cuando la magistrada Sparkle Sooknanan suspendió de emergencia una operación de expulsión en curso. Parte de los niños afectados ya se encontraban a bordo de aviones listos para despegar hacia Guatemala cuando llegó la orden judicial. Su decisión paralizó las deportaciones durante 14 días y estableció que la medida debía aplicarse a todos los menores guatemaltecos bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).


La jueza exigió además al gobierno que presentara pruebas de su afirmación de que las y los menores eran reclamados por familiares desde Centroamérica, argumento usado por Trump para justificar la expulsión acelerada.


La fiscal Denise Ann Faulk, en representación del Estado, sostuvo que las deportaciones habían sido discutidas a nivel diplomático y que no conllevarían castigos migratorios a largo plazo, como prohibiciones de reingreso. El gobierno de Guatemala, aseguró, ya había expresado su disposición a recibir a los menores.


Sin embargo, los abogados de los niños, respaldados por el Centro Nacional de Derecho Migratorio y el Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes, rechazaron esa versión. Alegaron que la Administración transfería de manera irregular a los menores desde la custodia de la ORR hacia la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), con el único propósito de deportarlos sin un debido proceso. Esa práctica, señalaron, impedía a los afectados acceder a audiencias de asilo o a recursos legales disponibles en tribunales de inmigración.

"Estamos hablando de niños que podrían enfrentar abuso, persecución, tortura o negligencia si son retornados sin garantías", expusieron los letrados en su demanda.


Cuando niños migrantes no acompañados son interceptados en la frontera sur de Estados Unidos, la ley establece que deben ser puestos bajo custodia de la ORR. De allí, son ubicados en albergues temporales o en familias de acogida hasta que un patrocinador —usualmente un pariente residente en el país— asuma su cuidado. Los menores que la administración Trump buscaba deportar se encontraban precisamente en ese proceso de espera, hospedados en refugios y pendientes de reunificación con familiares. Muchos tenían casos abiertos ante cortes migratorias, lo que según sus defensores hacía ilegal cualquier intento de expulsión inmediata.


Los expertos recuerdan que, a diferencia de los adultos, los niños no acompañados gozan de protecciones adicionales que les permiten solicitar asilo o buscar otra vía legal de permanencia. En la última década, cientos de miles de menores —en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador— han cruzado hacia Estados Unidos, alegando abandono, amenazas de pandillas o persecución. Una porción significativa logró permanecer tras demostrar esas condiciones de vulnerabilidad.


Mientras los tribunales estadounidenses mantienen la suspensión de las expulsiones, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que su país está preparado para recibir semanalmente a alrededor de 150 menores deportados, ya sea por decisión judicial o mediante acuerdos bilaterales.


En conferencia de prensa desde Ciudad de Guatemala, Arévalo explicó que esta disposición surge tras una visita realizada meses atrás por el canciller Carlos Ramiro Martínez y el embajador Hugo Beteta a centros de detención en Estados Unidos. El recorrido reveló preocupación por los adolescentes cercanos a cumplir 18 años, quienes pasarían de albergues humanitarios a centros de detención del ICE, donde las condiciones son más restrictivas.


"Nosotros estamos preparados para recibirlos. Nuestra programación nos permite, en condiciones ideales, reubicar unos ciento cincuenta niños cada semana", declaró el mandatario. Añadió que el ritmo y número de retornos depende de las decisiones de Washington y que la actual disputa judicial escapa al control de su administración.

Arévalo subrayó que Guatemala mantiene coordinación con instituciones nacionales encargadas de la niñez para asegurar procesos de reinserción en comunidades de origen, aunque no detalló planes específicos de apoyo a mediano plazo.


El caso refleja la tensión entre los intentos de la administración de Donald Trump por endurecer la política migratoria y las obligaciones legales que protegen a los menores en situación de vulnerabilidad. También expone las dificultades de los países de origen, como Guatemala, para absorber un flujo constante de retornados, muchos de ellos sin redes de apoyo seguras en su entorno familiar o comunitario.


Por ahora, la deportación de estos niños permanece bloqueada, a la espera de nuevas audiencias judiciales en las próximas semanas. Mientras tanto, la incertidumbre pesa sobre las decenas de menores que aguardan en albergues estadounidenses y sobre las instituciones guatemaltecas que se preparan para un eventual retorno masivo. Lo que está en juego no es solo un procedimiento migratorio, sino la protección de derechos fundamentales de las y los menores migrantes, en un contexto donde los tribunales federales se han convertido en el principal contrapeso a las políticas de deportación acelerada.



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