La Nicaragua sandinista exporta la represión: así es la estrategia transnacional que asfixia a la diáspora
- Redacción Central
- 27 oct
- 8 Min. de lectura
El exilio nicaragüense ya no es sinónimo de refugio. Lo que alguna vez significó escapar de la represión estatal se ha transformado en un campo extendido de persecución que cruza fronteras y persigue a quienes disienten del régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo. Así lo documenta el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado el martes 23 de septiembre de 2025 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se describe un patrón sistemático de violaciones transnacionales de derechos humanos contra opositores reales o percibidos, así como contra sus familiares dentro y fuera del país centroamericano.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
"Yo tenía conmigo el ticket de abordaje [para volver a casa]. Pero cuando ya iba a entregar las maletas … [personal de la aerolínea me dijeron] que el departamento de migración de Nicaragua comunicaba que debía comunicarme con una embajada o consulado de Nicaragua y que no podía abordar. Para mí fue un shock. Yo entendía perfectamente lo que significaba: que me negaba la entrada a mi propio país. Y en ese momento toda mi vida cambiaba. Mi padre [es mayor] y … yo era el único hijo que vivía en Nicaragua". Víctima entrevistada por el GHREN.
"Cuando nos prohibieron la entrada, el niño no entendía que pasaba y quería regresar a su casa. Mi hijo pregunta todos los días porque no volvemos, porque no estamos en Nicaragua. Ha sido una situación muy difícil. No entiende porque no puede volver a ver a su familia, a sus amigos y regresar a su escuela. Perdió su identidad, lo que él reconocía como espacio seguro que era su casa. No sabemos cómo explicarle que no podemos regresar". Víctima entrevistada por el GHREN.
En un contexto de crisis prolongada y violación constante y extremada de los derechos humanos y las libertades públicas, el régimen nicaragüense ha transformado su maquinaria represiva en un instrumento de alcance global, con la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por delante. Desde las protestas iniciadas en abril de 2018, que marcaron el inicio de una oleada de violencia estatal, la administración de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha implementado tácticas que trascienden las fronteras nacionales para neutralizar cualquier voz crítica. Un reciente análisis del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalla cómo estas prácticas, que incluyen la desnacionalización masiva, la vigilancia cibernética y el castigo a parientes, configuran un esquema deliberado para erradicar la oposición y asegurar la perpetuidad en el poder.
Ese documento, elaborado por expertos independientes, expone no solo los mecanismos de control, sino también sus impactos devastadores en miles de vidas, desde la pérdida de identidad legal hasta la indigencia económica.
El texto, publicado el martes 23 de septiembre de 2025, lleva por titulo "Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras - Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos" y surge de una investigación exhaustiva que abarca más de 1,860 entrevistas y el examen de miles de documentos recopilados hasta agosto de 2025. Establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2022, el grupo de especialistas ha identificado patrones de abusos que, en ciertos escenarios, equivalen a crímenes contra la humanidad, como la persecución por razones políticas. La estrategia estatal, que se ha intensificado en la "cuarta fase" de represión (desde 2023), busca no solo silenciar disidentes en el extranjero, sino también consolidar un dominio absoluto mediante reformas que concentran autoridad en la presidencia y evaden el monitoreo internacional.
La migración forzada de nicaragüenses ha experimentado un incremento exponencial desde las manifestaciones de 2018, cuando el gobierno respondió con fuerza desmedida a demandas sociales legítimas. Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indican que, a finales de 2024, 356,201 personas de esta nación solicitaban asilo en el exterior, un salto drástico desde las 2,722 registradas en 2017. Además, 30,020 habían recibido el estatus de refugiado, comparado con 1,467 en el año previo a la crisis. Estas cifras subestiman la magnitud real, ya que excluyen a quienes migraron con doble ciudadanía, adquirieron una nueva nacionalidad o regularizaron su estatus por rutas alternativas. Según cálculos de COYUNTURA, ya más de un millón nicaragüenses estarían fuera de casa.
"Ya no nos depositaron ni a mi esposo ni a mí las pensiones de jubilación [en el extranjero]. Las brutales confiscaciones de nuestras pensiones y de nuestros ingresos afectan nuestra vida digna. También tienen afectaciones a terceros, porque nosotros ayudábamos a familiares que son ancianos y dependían de nosotros". Víctima entrevistada por el GHREN.
Eventos clave han marcado esta escalada: en febrero de 2023, 222 detenidos políticos fueron liberados, enviados a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y despojados de su ciudadanía. Poco después, 94 residentes en el extranjero sufrieron el mismo destino. En septiembre de 2024, otro grupo de 135 personas fue expulsado a Guatemala bajo condiciones similares. Estas acciones, ampliamente cubiertas por medios globales, ilustran la expansión de la represión más allá del territorio nacional, afectando a activistas, periodistas, líderes religiosos y sus círculos cercanos. El objetivo es claro: disuadir la crítica y desmantelar redes de oposición, generando un clima de temor que permea familias enteras.
El mandato del grupo de expertos abarca todas las presuntas vulneraciones desde abril de 2018, interpretando su jurisdicción de manera extraterritorial cuando los actos producen efectos fuera de Nicaragua. Aplicando estándares probatorios como "motivos razonables para creer", basados en evidencia verificada, los investigadores han concluido que estos abusos forman parte de una política estatal coherente, violando tratados internacionales y, en algunos casos, configurando delitos graves.
La represión transnacional se manifiesta en una serie de prácticas interconectadas que erosionan la existencia misma de las víctimas. No se trata de incidentes aislados, sino de un enfoque acumulativo que priva a las personas de su estatus legal, recursos financieros y conexiones sociales, extendiendo el control estatal a través de una red de inteligencia que involucra al Ejército, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el FSLN.
Una de las herramientas más drásticas es la desnacionalización arbitraria. Desde febrero de 2023, 452 individuos —entre políticos, defensores de derechos, académicos y clérigos— han sido declarados "traidores a la patria" mediante resoluciones judiciales basadas en leyes vagas como la Ley 1055 y la Ley 1145, reformadas para permitir esta sanción. Estas medidas, decididas por Ortega y Murillo, violan el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, dejando a muchas en apatridia efectiva sin recurso viable. En casos no notificados, la eliminación de registros civiles agrava la situación, impidiendo la prueba de su condición.
Otro mecanismo clave es la prohibición de reingreso al territorio propio. Desde 2018, al menos 318 nicaragüenses han sido bloqueados en aeropuertos o fronteras, notificados informalmente por transportistas o funcionarios, sin documentación oficial o una orden judicial vigente. Esta práctica, coordinada por el Viceministerio del Interior y Migración y Extranjería, usando perfiles de inteligencia, infringe el derecho a entrar en el propio país (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y genera separación familiar, convirtiendo a las víctimas en apátridas de facto.
La denegación de pasaportes y la manipulación de documentos oficiales agravan el aislamiento. Consulados retrasan o rechazan renovaciones basados en vigilancia de redes sociales, afectando a residentes en Honduras, Costa Rica, México, España y Estados Unidos. Además, se eliminan partidas de nacimiento y actas matrimoniales del registro civil, borrando apellidos de progenitores disidentes y violando el derecho infantil a la identidad (Convención sobre los Derechos del Niño). Casas de estudios superiores, bajo órdenes del Consejo Nacional de Rectores de Universidades (CNRU), niegan títulos académicos, impidiendo la validación de credenciales y la continuidad educativa. En mayo de 2023, 25 abogados perdieron sus licencias, sin apelación posible.
El despojo económico es otro pilar: confiscaciones de propiedades, vehículos, cuentas bancarias y pensiones afectan a cientos, ejecutadas por la Procuraduría General sin base legal o tras juicios irregulares. Estas acciones, que violan el derecho a la propiedad (artículo 17 de la Declaración Universal), empujan a las víctimas a la pobreza, dependientes de ayuda humanitaria. Pensionados mayores pierden ingresos al no verificarse su "prueba de vida", un pretexto para retener fondos acumulados.
La vigilancia y el acoso trascienden lo físico: una red de inteligencia, con "granjas de troles" en el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), monitorea comunicaciones digitales, hackea dispositivos y lanza campañas de difamación. Disidentes reciben amenazas de muerte, son fotografiados en el extranjero y enfrentan incluso la exposición dañina de sus datos personales o laborales. Esta intrusión viola la privacidad y la libertad de expresión, fomentando autocensura.
Casos de violencia física, como el asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam en Costa Rica en junio de 2025 y otros cinco homicidios contra personas en condición de refugio en territorio hondureño, sugieren un patrón emergente y cada vez más extremo. Samcam, crítico del régimen, fue ultimado tras denunciar abusos y la "extensión" del sandinismo y sus prácticas inhumanas; investigaciones en curso no descartan vínculos estatales. Similares incidentes en Honduras, Guatemala y Costa Rica, con víctimas previamente amenazadas, requieren pesquisas independientes para confirmar si constituyen crímenes contra la humanidad como asesinato.
Finalmente, el abuso de mecanismos internacionales: Nicaragua reporta falsamente pasaportes robados en la base SLTD de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), generando detenciones en fronteras. Notificaciones rojas por delitos comunes facilitan extradiciones motivadas políticamente. Además, se difunden acusaciones falsas de lavado de dinero para activar protocolos AML/CFT, cerrando cuentas bancarias y complicando la integración financiera.
El castigo indirecto
La represión se extiende a familiares en el país mediante "castigo por asociación", una táctica para amplificar el disuasorio. Desde 2021, parientes de exiliados sufren vigilancia policial, interrogatorios y amenazas, a menudo intensificados por actividades públicas de los disidentes. Agentes armados progubernamentales irrumpen en hogares, ofreciendo dinero por información o deteniendo arbitrariamente, incluso a ancianos o menores de edad.
"Tuve que lograr el apoyo financiero de mi familia para contratar a un abogado que se dirigiera a la INTERPOL y que les hiciera ver … que soy un perseguido político y que, por lo tanto, el Estado de Nicaragua estaba abusando de las reglas de la misma INTERPOL, y que estaba usando a la INTERPOL como un instrumento de persecución política". Víctima entrevistada por el GHREN.
Confiscaciones de bienes familiares, despidos laborales y alteraciones en registros civiles —como eliminar apellidos de partidas de nacimiento infantiles— violan derechos a la familia y la no discriminación. La denegación de pasaportes a menores impide reunificaciones, afectando su salud emocional. Estas medidas, que generan divisiones familiares y autocensura en el exilio, configuran patrones de encarcelamiento y persecución.
El informe concluye que estos abusos forman una política estatal para suprimir la disidencia, violando normas globales y equivaliendo a crímenes contra la humanidad. La reciente salida de Nicaragua de agencias ONU —como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ACNUR— busca evadir responsabilidades, un hecho inédito que erosiona el sistema multilateral, centroamericano e interamericano.
"Hay un amigo [en Nicaragua] que recibió un mensaje y me llamó inmediatamente porque se asustó. Él sabe dónde vivo [en el extranjero] y me ha visitado. Dice que recibió un mensaje donde le ofrecieron dinero para que diera la dirección donde vivo". Víctima entrevistada por el GHREN.
Recomendaciones urgentes incluyen: agilizar asilos con criterios de Cartagena, extender protección a apátridas de facto, investigar abusos de INTERPOL y AML/CFT (Anti-Money Laundering, en inglés), y sancionar responsables. Países como Argentina, Brasil y España han ofrecido ciudadanía; se urge a fortalecer estos esfuerzos para salvaguardar vidas y restaurar dignidad.
Este panorama ilustra un régimen que no conoce límites, exigiendo una respuesta colectiva para frenar su expansión y proteger a una diáspora vulnerable. Sin acción decisiva, la "muerte civil" se convertirá en norma para miles, todos los días del año.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
Comentarios