Los cercos de seguridad de Bukele: cuatro años de una estrategia que redefinió el control territorial en El Salvador
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Diversos estudios de opinión reflejan un alto nivel de respaldo ciudadano al régimen de excepción. Encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP-UCA) registraron niveles de aprobación cercanos al 99 % en 2024, mientras que mediciones más recientes mantienen evaluaciones positivas y apoyo mayoritario a su continuidad. Sin embargo, la política también ha sido objeto de críticas. Sectores de oposición y organizaciones de derechos humanos han señalado detenciones arbitrarias y riesgos asociados a la suspensión de garantías constitucionales. El régimen ha sido prorrogado en 49 ocasiones, lo que evidencia su carácter prolongado y su centralidad en la política de seguridad del país.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
Desde octubre de 2022, la administración del mandatario derechista Nayib Bukele convirtió los llamados cercos de seguridad en una de las piezas más visibles de su ofensiva contra las pandillas. Presentados como parte de la quinta fase del "Plan Control Territorial", denominada "extracción", estos operativos fueron diseñados para sacar a los pandilleros de las comunidades, impedir su desplazamiento y desarticular sus estructuras en puntos específicos del país donde aún conservaban presencia o intentaban reacomodarse.
Entre 2022 y 2025, el Ejecutivo desplegó miles de soldados y policías en diez cercos de seguridad. La secuencia de intervenciones no solo acompañó los cuatro años de vigencia del régimen de excepción, sino que terminó por consolidar una lógica de intervención territorial basada en bloqueos, patrullajes intensivos, capturas masivas y recuperación de espacios que, durante años, habían permanecido bajo influencia criminal.
La primera operación de este tipo se ejecutó el 2 de octubre de 2022 en Comasagua, en el municipio de La Libertad Sur. El Estado destinó 2,000 efectivos militares con el objetivo de evitar que los pandilleros que todavía permanecían en el distrito escaparan del cerco. La orden fue dada por Bukele a las 2:53 de la madrugada de ese domingo, después de que las autoridades vincularan a la clica Witmer Locos Salvatruchos con el asesinato de Marco Pérez, de 36 años, ocurrido un día antes.
Los resultados llegaron rápidamente. En menos de 24 horas de operaciones, las fuerzas de seguridad reportaron 20 capturas. Dos días después, el Gabinete de Seguridad informó que el número de detenidos superaba los 50, incluidos cabecillas señalados de ordenar distintos crímenes. El balance final del cerco en Comasagua cerró con 155 pandilleros arrestados, cifra que el Gobierno usó después como punto de partida para ampliar la estrategia a otros territorios.
El segundo cerco se instaló el 04 de diciembre de 2022 en Soyapango, en el municipio de San Salvador Este, según verificación de COYUNTURA. Allí, la magnitud del despliegue fue mucho mayor: 8,500 soldados y 1,500 agentes policiales, para un total de 10,000 efectivos movilizados en más de 40 posiciones estratégicas dentro del distrito. Cuatro meses más tarde, el 5 de abril de 2023, las autoridades reportaron la captura de 1,300 pandilleros.
La operación en Soyapango marcó un salto en escala y en simbolismo: se trataba de una de las ciudades más golpeadas por la violencia urbana y una de las zonas donde el Estado buscó proyectar la idea de que podía retomar el control absoluto del territorio.
La ofensiva continuó el 24 de diciembre de 2022, en vísperas de Navidad, cuando el Gobierno de Bukele intervino Tutunichapa y La Granjita, dos comunidades de San Salvador identificadas históricamente por la venta de droga. En total, fueron desplegados 2,000 militares y más de 200 policías. En Tutunichapa participaron 1,000 soldados y 130 agentes de la Policía Nacional Civil; en La Granjita, otros 1,000 soldados y 100 policías acordonaron y patrullaron el área.
La intervención en esas comunidades dio resultados inmediatos. En las primeras horas del cerco, las autoridades ubicaron a 23 personas presuntamente dedicadas al narcomenudeo y vinculadas con pandillas. Seis días después, al 30 de diciembre, ya se reportaban 114 detenidos en Tutunichapa y 24 en La Granjita. Además, en ambas zonas se decomisaron siete kilos de droga —cocaína, marihuana y crack—, así como vehículos, motocicletas y básculas. Para el 09 de enero de 2023, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, informó que las capturas acumuladas en ambos cercos ascendían a 295 personas.
"En los cercos de seguridad de la Tutunichapa y La Granjita son aproximadamente 295 extracciones, este es el reflejo de este trabajo coordinado que tenemos con la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil (PNC)", dijo Villatoro entonces.
En mayo de 2023, el Gobierno trasladó la lógica del cerco a Nueva Concepción, en Chalatenango, donde un agente policial había sido asesinado. El 17 de mayo, 5,000 militares y 500 policías fueron desplegados en el distrito con la misión de ubicar a los responsables del homicidio de Máximo Antonio Vásquez, ocurrido el 16 de mayo.
Diez días después, el 27 de mayo, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, aseguró que ya se contabilizaban 50 detenciones, todas vinculadas —según la versión oficial— a la clica Fulton Locos Salvatruchos de la MS-18. En conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad presentó a tres supuestos pandilleros relacionados con el crimen del agente.
El quinto cerco llegó el 01 de agosto de 2023 a Cabañas. Allí fueron desplegados 7,000 soldados y 1,000 agentes de la Policía, luego de que el 30 de julio dos agentes resultaran lesionados en una emboscada en el cantón Maquilishuat, en Ilobasco. El mandatario explicó que Cabañas se había convertido en un refugio para células criminales que buscaban esconderse en zonas rurales. "En las últimas semanas y producto de nuestra guerra contra pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse", afirmó Bukele entonces. En las primeras 24 horas del operativo fueron capturados cuatro pandilleros.
El 10 de octubre de 2023, el Gobierno activó un nuevo cerco en Popotlán 1 y 2, Valle Verde, en Apopa, y La Campanera, en Soyapango. La operación incluyó a 3,500 soldados y 500 policías, para un total de 4,000 elementos de seguridad pública. El ministro de Defensa explicó que el despliegue en Popotlán y Valle Verde respondía a denuncias de la población sobre intentos de reorganización de las pandillas. En La Campanera, en cambio, el cerco fue instalado después del hallazgo del cuerpo de una niña reportada como desaparecida el 09 de octubre; las autoridades aclararon que ese hecho no estaba relacionado con pandillas, aunque ocurrió en medio del reforzamiento de la presencia militar y policial en la zona.
La siguiente intervención ocurrió el 24 de marzo de 2024, cuando las autoridades cercaron Potonico, San Miguel de Mercedes, Guarjila y San Isidro Labrador, en la zona sur de Chalatenango. El despliegue fue de 5,000 soldados y 1,000 policías, luego de dos homicidios atribuidos a miembros de la pandilla 18 Sureños. En esa ocasión, Bukele reiteró que la ofensiva no se detendría. "No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas", sostuvo. A una semana de la instalación, Villatoro anunció que ya sumaban "un poco más de 50 detenidos" en el territorio intervenido.
Dos meses más tarde, el 25 de mayo de 2024, el cerco se trasladó a Apopa, donde las colonias Tikal 1, 2 y 3, Valle del Sol y Chintuc quedaron bajo presencia de 2,000 soldados y 1,000 policías. El Gobierno sostuvo que actuó tras denuncias ciudadanas sobre presencia de pandilleros. Luego, el 28 de octubre de 2024, otro operativo se instaló en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, con 2,000 soldados y 500 policías. Las autoridades señalaron que la decisión respondió a información sobre reagrupamiento de pandillas y distribución de droga. En las primeras 24 horas, el ministro de Defensa informó de cuatro capturas. Entre ellas, según dijo, figuraba un "homeboy" y una colaboradora presuntamente dedicada a la extorsión y a la venta de droga, ambos vinculados a la MS-18.
El último de los cercos fue instalado el 20 de junio de 2025 en San Bartolo, distrito de Ilopango, en San Salvador Este. En esa ocasión, 1,500 soldados y 500 policías fueron desplegados en la zona un día después del anuncio presidencial de que supuestos pandilleros intentaban reorganizarse allí. El operativo incorporó también vehículos blindados SandCat, adquiridos por la Fuerza Armada para combatir la criminalidad. Estas unidades, según la información difundida por el Gobierno, cuentan con alto nivel de blindaje y protección, y están preparadas para operar en distintos escenarios y acceder a diversos terrenos.
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