El "gran" conspirador de Honduras es Manuel Zelaya Rosales
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El problema de fondo no es únicamente quién conspira o quién acusa, sino quién tiene la capacidad de definir qué es una conspiración y qué no lo es. En Honduras, esa potestad ha sido históricamente disputada entre élites políticas, actores institucionales debilitados y una ciudadanía que observa con creciente desconfianza. Hoy, el foco recae en el Ministerio Público (MP), cuya actuación vuelve a ser cuestionada por su aparente alineamiento con sectores ideológicos específicos, según el jerarca de turno.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
Si hoy se busca el centro de gravedad de la crisis política e institucional hondureña, el apellido Zelaya vuelve a aparecer una y otra vez. No porque un nombre explique por sí solo el derrumbe estatal y los señalamientos de turno, sino porque alrededor de ese núcleo se han ido acumulando poder partidario, disputas electorales, acusaciones de corrupción y una confianza pública cada vez más erosionada. Honduras ya está bajo la presidencia de Nasry "Tito" Asfura, quien asumió el martes 27 de enero de 2026 tras una elección estrechísima, demorada por fallas técnicas, recuentos manuales y denuncias cruzadas de fraude. El país no salió de esa tormenta: simplemente cambió de escenario.
En ese tablero, Manuel Zelaya no es un actor periférico. Es el expresidente derrocado en 2009, esposo de la exmandataria izquierdista Xiomara Castro, y coordinador general del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (LIBRE); es decir, una figura con peso orgánico dentro del proyecto político que gobernó hasta hace dos meses y que todavía intenta conservar influencia desde el Legislativo y las municipalidades. Su entorno familiar y político ha sido arrastrado al centro del escrutinio: Carlos Zelaya, hermano de Manuel, admitió haberse reunido con narcotraficantes para discutir una contribución de campaña y renunció al Congreso después de la filtración del video; ese episodio no prueba una conspiración total, pero sí revela cuánto daño puede causar la mezcla de apellido, partido y poder cuando el Estado mira hacia otro lado.
La defensa automática de que todo responde a una "persecución política" tampoco resiste sin matices. Johel Zelaya fue electo fiscal interino en 2023 por legisladores de LIBRE, "Carlón" y Luis Redondo entre ellos, en una decisión que la entonces oposición calificó de maniobra inconstitucional; pero el cuadro cambió de forma drástica esta semana, cuando el parlamento hondureño lo suspendió tras un juicio político exprés por hechos vinculados al proceso electoral de 2025. Eso significa que hoy no puede sostenerse, sin más, que el Ministerio Público siga "dominado" por una sola narrativa de izquierda, o de derecha: el propio aparato estatal lo ha puesto bajo sospecha y lo ha apartado del cargo luego de una investigación de la susodicha Comisión Especial.
La crisis, además, no se agota en la Fiscalía. Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), había advertido semanas antes de los comicios que una prueba piloto del sistema solo procesó el 36 % de las papeletas simuladas; después, Washington le negó la visa en medio del caos postelectoral y de las denuncias por el colapso del conteo. Luis Redondo, entonces presidente del Congreso y aliado de LIBRE, rechazó públicamente los resultados. Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto, apareció en actos vinculados al recuento y la custodia del material electoral, recordatorio de hasta qué punto la disputa política hondureña terminó arrastrando a la institucionalidad civil, electoral y militar al mismo lodazal.
Tampoco puede ignorarse el caso de Isis Cuéllar. En febrero de 2026, la justicia hondureña ordenó su arresto domiciliario y la suspendió de su cargo como diputada, acusándola de participar en una red que habría desviado fondos públicos para financiar campañas políticas; la propia Fiscalía dijo entonces que existían al menos dos líneas adicionales de investigación ligadas al "caso SEDESOL". No hace falta convertir cada expediente en sentencia anticipada para entender la gravedad del asunto: cuando las denuncias de corrupción alcanzan a dirigentes partidarios, diputados, fiscales y mandos de seguridad, el problema ya no es un escándalo aislado, sino un sistema de lealtades que se protege a sí mismo.
Por eso, reducir Honduras a una consigna contra "la izquierda radical" o a una cruzada personal contra Manuel Zelaya sería quedarse en la superficie. El verdadero drama hondureño es más hondo: una política convertida en red familiar, un Congreso que actúa a golpe de facción, un Ministerio Público atrapado por su propia legitimidad precaria y unas instituciones electorales que ya no inspiran certeza.
Si los Zelaya son hoy el símbolo más visible de esa concentración de poder, lo es porque su apellido ha quedado en el centro de casi todas las fisuras y vergüenzas; pero la salida no vendrá de otro apellido ni de otra revancha. Vendrá, si llega, de algo mucho más difícil: pruebas, independencia institucional y la decisión de dejar de gobernar como si el Estado fuera herencia de partido, familia o caudillo.
Es tiempo de que Honduras piense en Honduras.
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