Muere el jurista Carlos Cárdenas Zepeda bajo custodia policial en Nicaragua. Sexto opositor fallecido en manos del régimen sandinista
- Redacción Central
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La argumentación en favor de clasificar estos actos como crímenes de lesa humanidad se sustenta en evidencias acumuladas: patrones repetitivos de detención sin orden judicial, incomunicación prolongada y muertes inexplicadas. El fenómeno de las desapariciones forzadas agrava este panorama. En el país centroamericano, la búsqueda de personas ausentes tras detenciones políticas se ha intensificado, con familias recurriendo a hospitales, morgues y estaciones policiales sin respuestas oficiales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En un nuevo capítulo de la escalada represiva que azota a Nicaragua, COYUNTURA confirma el fallecimiento del doctor Carlos Cárdenas Zepeda, prominente jurista y exasesor legal de la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN). Fuentes independientes y allegados a la víctima han corroborado que su cuerpo fue entregado a la familia ayer, viernes 29 de agosto de 2025, sin que las autoridades proporcionaran ninguna explicación sobre las circunstancias de su deceso. Este evento marca el sexto caso documentado de un disidente que perece mientras se encuentra bajo control estatal, en un patrón que ha generado condenas internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Cárdenas Zepeda, de 68 años, fue capturado por elementos de la Policía Nacional hace 16 días, en una operación que sus familiares describen como un secuestro arbitrario en su domicilio en la capital. Desde entonces, no se tuvo conocimiento oficial de su paradero, pese a las insistentes consultas de sus parientes en instancias gubernamentales. La notificación del Instituto de Medicina Legal llegó de manera abrupta, limitándose a indicar la disponibilidad del cadáver para su reclamo, sin informes forenses ni detalles sobre posibles causas. Esta opacidad institucional es idéntica a la observada en incidentes previos, donde el régimen ha evitado investigaciones transparentes para eludir responsabilidades. "La viuda teme denunciar", explica una fuente.
El historial de Cárdenas lo posicionaba como una figura incómoda para la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En agosto de 2018, durante el apogeo de las protestas civiles que dejaron cientos de víctimas, fue retenido por uniformados en su residencia en Residencial San Andrés, Managua. En esa ocasión, actuaba como asesor legal de la CEN en el fallido Diálogo Nacional, un esfuerzo mediador entre el ahora Órgano Ejecutivo y la oposición que colapsó ante la intransigencia oficial. Organizaciones como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia lo recordaban como un defensor incansable de la legalidad y los principios éticos, cualidades que lo convirtieron en blanco recurrente de hostigamiento.
Este suceso no es aislado. Apenas esta semana, el lunes 25 de agosto, se reportó la muerte de Mauricio Alonso Prieto, exdirigente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS, ahora UNAMOS) en el departamento de Carazo. Alonso, de 64 años, fue arrestado el 18 de julio junto a su esposa e hijo durante redadas previas a la conmemoración oficial de la Revolución Ciudadana de 1979. Mientras la mujer fue liberada pronto, Alonso y su descendiente permanecieron incomunicados. El Instituto Segovia para el Liderazgo y la Transformación Social, desde el exilio, denunció su deceso bajo custodia, y el cuerpo fue entregado sin especificar causas, forzando a la viuda a viajar a Managua para reclamarlo. Su hijo supuestamente sigue detenido, y grupos como Christian Solidarity Worldwide vinculan el caso a persecuciones contra comunidades religiosas disidentes en el país centroamericano.
La secuencia de estos fallecimientos revela un mecanismo deliberado de eliminación selectiva. Desde 2019, al menos seis opositores han muerto en condiciones similares, tras detenciones sin orden judicial, procesos viciados y entornos carcelarios equivalentes a tortura. La lista verificada por entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch incluye:
Eddy Montes Praslin (2019): Ciudadano estadounidense-nicaragüense, abatido a tiros durante un disturbio en la prisión La Modelo, calificado como ejecución extrajudicial por testigos oculares.
Santos Sebastián Flores Castillo (2022): Falleció por complicaciones médicas ignoradas en el Sistema Penitenciario Nacional, pese a solicitudes de atención humanitaria.
Hugo Torres Jiménez (2022): Exguerrillero y disidente sandinista, murió en aislamiento prolongado en el hospital policial, tras un deterioro de salud no atendido.
José Modesto Solís Aguilar (2023): Opositor rural, pereció en circunstancias no esclarecidas, con denuncias de negligencia sanitaria.
Humberto Ortega Saavedra (2024): Hermano del presidente Daniel Ortega y exjefe del Ejército, falleció el 30 de septiembre bajo arresto domiciliario reforzado, en medio de acusaciones de aislamiento forzado.
Mauricio Alonso Prieto (2025): El quinto confirmado hasta esta semana, seguido ahora por Cárdenas Zepeda como el sexto.
Estos casos comparten elementos comunes: arrestos nocturnos por agentes encubiertos, incomunicación familiar, negación de derechos procesales y entregas postmortem sin autopsias independientes. El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha documentado en informes de 2024 y 2025 el uso de prisiones como "La Modelo" en Tipitapa y la Dirección de Auxilio Judicial "El Chipote" en Managua para infligir tratos crueles, incluyendo exposición a enfermedades, malnutrición y prohibición de visitas médicas. En 2024, al menos 229 detenidos políticos reportaron torturas, y para julio de 2025, la cifra de presos ideológicos ascendía a 60, con 14 en desaparición forzada según el Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos.
La CIDH, en su Informe Anual 2024, resalta el desacato sistemático del gobierno nicaragüense a medidas cautelares, como las otorgadas a disidentes en riesgo. Por ejemplo, en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) mantuvo medidas provisionales entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, declarando incumplimientos que perpetúan la impunidad. Similarmente, resoluciones urgentes de febrero de 2020 ampliaron protecciones a figuras como Carlos Edy Monterrey, pero el patrón persiste.
Expertos internacionales, como los de la Organización de los Estados Americanos (OEA), argumentan que estas muertes equivalen a crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma. En su Capítulo II del Informe Anual 2024, la CIDH detalla el colapso del sistema de peticiones y casos, con etapas de admisibilidad y fondo estancadas por la no cooperación estatal. Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, condenó recientemente la muerte de Alonso, expresando horror por la "inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega" y llamando a sanciones adicionales.
En Nicaragua, la persecución se extiende a juristas, clérigos y activistas, evocando los peores excesos de regímenes autoritarios. Cárdenas Zepeda, al igual que Alonso, representa la resistencia civil que el FSLN busca erradicar. Fuentes cercanas enfatizan su legado como un hombre de integridad, cuya labor en 2018 promovió el diálogo pacífico. Su partida, bajo estas condiciones, no solo agrava la crisis humanitaria —con miles exiliados desde 2018— sino que subraya la urgencia de una respuesta global. Organizaciones y medios independientes han documentado cómo el régimen utiliza paramilitares para ejecuciones sumarias, responsables de al menos 350 muertes en la crisis inicial.
Esta Redacción extiende sus condolencias a la familia de Cárdenas Zepeda y Alonso Prieto, instando a la comunidad internacional a presionar por justicia. Estos no son incidentes fortuitos: son el resultado de un aparato estatal que prioriza el control sobre la vida, violando tratados como la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La verificación de estos hechos, mediante cruces con reportes de DW, La Prensa y la CIDH, sustenta la demanda de responsabilidad inmediata para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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