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Nicaragua cierra consulados en EE.UU.: estrategia de control, represalia política y crisis financiera

El cierre de al menos tres consulados nicaragüenses en los Estados Unidos de América (EE.UU.) se presenta como una medida compleja con múltiples motivaciones. La seguridad, el castigo político y la crisis económica son elementos entrelazados que forman parte de una estrategia más amplia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La comunidad nicaragüense en EE.UU. se ve afectada directamente por estas decisiones, enfrentando dificultades para realizar trámites consulares y obteniendo servicios esenciales.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Managua, Nicaragua
Nota colocada en el edificio donde se encontraba hasta esta semana el Consulado de Nicaragua en la ciudad estadounidense de Houston, en el estado de Texas | Fotografía de redes sociales digitales
Nota colocada en el edificio donde se encontraba hasta esta semana el Consulado de Nicaragua en la ciudad estadounidense de Houston, en el estado de Texas | Fotografía de redes sociales digitales

El régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha emitido órdenes de cierre permanente para al menos tres de los consulados nicaragüenses en los Estados Unidos de América (EE.UU.) en menos de una semana, según información verificada por la Redacción de COYUNTURA, generando especulaciones sobre las motivaciones detrás de esta decisión y sus posibles consecuencias para la diáspora nicaragüense. Los consulados afectados son los de Los Ángeles en California, Houston en Texas, y Nueva Orleans en Luisiana, dejando únicamente las sedes de Miami en Florida, Nueva York en el estado del mismo nombre, y Washington, la capital de EE.UU., para atender los trámites consulares de la comunidad nicaragüense en dicho territorio.


En un comunicado emitido por los consulados cerrados, se informa que cesaron sus funciones de manera definitiva el viernes 19 de enero del corriente año, indicando a las y los ciudadanos nicaragüenses que se dirijan a las sedes de Miami, Nueva York o Washington para realizar cualquier trámite consular. Sin embargo, sorprendentemente, no se menciona otra sede en San Francisco, California, dejando en el aire el estatus de estos consulados.


La comunidad opositora en Nicaragua ha expresado su rechazo ante esta medida, considerándola una estrategia de la dictadura sandinista para ejercer un mayor control sobre la población y desentenderse de sus obligaciones consulares. La defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo, ha destacado que el cierre de estos consulados confirma la desviación de su propósito original de proteger los derechos de los nicaragüenses en el extranjero para convertirse en instrumentos de la dictadura Ortega-Murillo.


Motivaciones detrás del cierre: control, represalia y crisis financiera


La oposición y expertos han especulado sobre las posibles razones detrás de esta inusual medida. Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político desterrado a EE.UU. en febrero de 2023, sugiere que el objetivo fundamental de la dictadura es consolidar un mayor control, reflejando la naturaleza totalitaria del régimen. Además, apunta a la posible reducción de consulados para centralizar la toma de decisiones en trámites consulares y evitar filtraciones de información que puedan perjudicar a la dictadura, y su manejo de las bases de datos sobre nicaragüenses dentro y fuera del territorio nacional.


En un intento por contextualizar estos acontecimientos, se ha recordado el precedente de 1980, cuando la administración del expresidente estadounidense Ronald Reagan ordenó el cierre de los seis consulados nicaragüenses en EE.UU. como respuesta a la expulsión de funcionarios estadounidenses de Managua por orden de la Junta de Gobierno de entonces. Sin embargo, las similitudes se limitan a la acción de cerrar consulados, ya que las circunstancias y motivaciones parecen ser distintas en la actualidad.


La reducción de consulados en Estados Unidos de América ha sido interpretada desde diversas perspectivas. Arturo McFields, exembajador sandinista de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), destacó tres aristas para comprender la situación. En primer lugar, señala el aspecto de seguridad, indicando que la medida podría estar relacionada con un mayor control del recién estrenado Ministerio del Interior sobre los pasaportes y la información ciudadana, especialmente con la participación activa del comisionado general Luis Cañas en este proceso.


En segundo lugar, McFields sugiere la venganza política como motivo, argumentando que la dictadura Ortega-Murillo busca castigar a las y los opositores, y a las y los nicaragüenses en el exterior, afectando directamente a la diáspora al dificultar trámites consulares y renovación de documentos personales. Este enfoque de "castigo generalizado" podría estar destinado a complicar la vida de los migrantes, tanto por razones económicas como políticas.


Finalmente, el exembajador de Ortega durante la crisis de abril de 2018, cuando más de 300 personas fueron asesinadas en Nicaragua a consecuencia del uso absurdo de la fuerza letal, plantea una perspectiva económica, recordando recortes drásticos en los últimos años, como la negativa a pagar viviendas a los cónsules. La crisis financiera en los consulados, combinada con la simplificación y gratuidad de algunos trámites, podría haber llevado al régimen a buscar la centralización de recursos y la reducción de consulados como medida de ahorro.


La decisión de cerrar consulados en los Estados Unidos de América ha despertado críticas sobre el impacto en la diáspora nicaragüense. Según analistas consultados por este medio, la dictadura Ortega-Murillo busca desatender al 20 % de la población nicaragüense en suelo estadounidense, interpretando la medida como una forma de castigo generalizado. Esta visión se apoya en la idea de que la dictadura incumple sus obligaciones constitucionales y viola normas del Derecho Internacional al cerrar consulados, dejando a la población sin la protección consular a la que tienen derecho.


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