Normativa del sandinista Ministerio del Interior para regular actividades de ocio masivo: medida común en otros países; herramienta de control totalitario en Nicaragua

Entre las obligaciones impuestas a los productores y organizadores de eventos está la de notificar al Ministerio del Interior (MINT) con al menos 30 días de anticipación sobre cualquier actividad que pretendan llevar a cabo. Esta notificación debe incluir una amplia gama de información detallada sobre el evento, desde la fecha y lugar hasta la descripción específica del mismo, así como los nombres de los artistas participantes y la cantidad estimada de asistentes.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Política, ciudadanía y corrupción

Managua, Nicaragua

Estadio Nacional de Béisbol de Nicaragua, ubicado en el corazón de Managua, el lunes 05 de febrero de 2024, durante un concierto del mexicano Luis Miguel | Fotografía cortesía

En un movimiento que refuerza aún más su control sobre cualquier forma de expresión pública y espacio de ocio masivo, el Ministerio del Interior (MINT) de Nicaragua ha promulgado una normativa que regula y vigila rigurosamente todas las actividades, eventos y espectáculos artísticos que se desarrollen en el país centroamericano. Esta medida, establecida mediante el Acuerdo Ministerial No. 05-2024, fue anunciada el martes 12 de marzo de 2024 por la ministra María Amelia Coronel Kinloch y publicada en el Diario Oficial - La Gaceta. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana y el orden interno en el territorio nacional, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha otorgado al MINT una amplia gama de facultades para supervisar y regular cada aspecto de la producción y organización de eventos de ocio públicos, entre conciertos, festivales, pasarelas de moda y más. Esta normativa se aplica tanto a personas naturales como jurídicas, nacionales y extranjeras, que estén involucradas en la organización de actividades artísticas públicas en Nicaragua.

Uno de los aspectos más destacados de esta regulación es la creación de un registro obligatorio para productores, promotores y organizadores de eventos artísticos públicos, que estará bajo el control directo del MINT. Este registro, similar al utilizado para las organizaciones no gubernamentales, para los proveedores del Estado y hasta para las y los trabajadores estatales, impone una serie de requisitos y obligaciones a las y los participantes, incluyendo la presentación de una variedad de documentos y certificados, como cédulas de identidad, registros fiscales y certificados de conducta, emitidos por la Policía Nacional, bajo el control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tras una reforma constitucional en 2023. Los organizadores de eventos artísticos también están obligados a notificar al MINT con al menos 30 días de anticipación sobre la realización de cualquier actividad, proporcionando información detallada sobre el evento planificado, incluyendo la lista de artistas participantes, el lugar y la hora del evento, entre otros detalles.

Concierto de Luis Miguel en Managua, el lunes 05 de febrero de 2024:

Sin embargo, lo más preocupante de esta normativa es la cláusula que prohíbe explícitamente a los productores, promotores y organizadores de eventos artísticos, de ocio masivo y culturales -en todas sus expresiones- intervenir, financiar o promover actividades de "carácter político", tanto a nivel interno como externo. Esto plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión y el potencial uso de esta regulación para reprimir cualquier forma de disidencia o manifestación social durante los eventos públicos o privados. Además, la normativa establece un estricto proceso de autorización que los organizadores deben seguir para obtener el permiso del Ministerio del Interior antes de llevar a cabo cualquier evento público. Este proceso incluye la obtención de permisos de la Policía Nacional y la Dirección General de Bomberos, así como la presentación de documentos que demuestren el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras.

La imposición de sanciones por incumplimiento de estas regulaciones, aunque no se especifican en detalle, plantea preocupaciones adicionales sobre el potencial uso arbitrario del poder estatal para reprimir y moldear la actividad artística y cultural en el país. Esta normativa se enmarca dentro de un contexto más amplio de represión y control por parte del régimen de Ortega y Murillo, que ha visto un aumento en la persecución de artistas, productores, comunicadores, periodistas y activistas que critican al sandinismo desde sus respectivas áreas. La censura y el hostigamiento a músicos y productores independientes, así como la detención y el desplazamiento de aquellos que se atreven a expresar opiniones políticas divergentes, son signos alarmantes de un régimen autoritario que busca sofocar cualquier forma de oposición.

En última instancia, esta regulación del MINT representa un intento descarado de sofocar la libertad de expresión y controlar la narrativa pública en Nicaragua. Al poner bajo su control cada aspecto de la producción y organización de eventos artísticos públicos, el régimen de Ortega y Murillo busca silenciar cualquier voz disidente y consolidar su poder sobre la sociedad nicaragüense. Lo que es normal en países como España, Estados Unidos de Norteamérica, Colombia y hasta El Salvador, donde existen legislaciones que regulan ampliamente la producción y realización de eventos masivos de todo tipo (incluidos los de ocio, culturales, políticos y sociales), es una cruzada autoritaria sobre quienes sí pueden y quienes no pueden.

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