Osiris Luna ofreció delatar el pacto de Nayib Bukele con la MS-13 en El Salvador a cambio de asilo en Estados Unidos
- Jairo Videa
- 30 jun
- 6 Min. de lectura
El funcionario visitó en al menos dos ocasiones la embajada de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en San Salvador durante el año 2020. Presentó a diplomáticos pruebas visuales que, según él, evidenciaban la infiltración de pandilleros de alto perfil en cárceles salvadoreñas bajo su supervisión. Uno de los documentos compartidos fue una captura de cámara de seguridad que mostraba a varios hombres enmascarados ingresando a una prisión. Luna afirmó que uno de esos hombres era un dirigente de la Mara Salvatrucha (MS-13) buscado por las autoridades, al que él mismo había escoltado hasta el penal para que se reuniera con otros miembros encarcelados de su organización.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Washington, Estados Unidos de Norteamérica
Una nueva investigación periodística del influyente diario estadounidense The New York Times ha arrojado luz sobre las profundas y secretas negociaciones entre la administración del mandatario centroamericano Nayib Bukele y las principales estructuras de pandillas en El Salvador, específicamente la peligrosa Mara Salvatrucha (MS-13). Basado en documentos oficiales del Departamento de Estado, cables diplomáticos confidenciales y testimonios de primera mano, el reportaje destapa episodios hasta ahora no revelados del pacto que, según el rotativo, fue clave para la consolidación del modelo de seguridad impulsado por Bukele y celebrado como una "guerra efectiva contra las pandillas", pero que hoy enfrenta cuestionamientos internacionales por su legitimidad, métodos y consecuencias.
El reportaje —titulado "Trump prometió desmantelar la MS-13. Su acuerdo con Bukele amenaza ese esfuerzo"— expone que en 2020, Osiris Luna, actual director de Centros Penales, viceministro de Justicia y figura central del aparato de seguridad del gobierno salvadoreño, realizó dos visitas a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en San Salvador. El propósito de estas visitas, según documentos confidenciales obtenidos por The New York Times, no fue diplomático, sino personal y estratégico: negociar un posible asilo en territorio estadounidense a cambio de información sensible sobre los acuerdos entre el Estado y las pandillas.
En una de esas reuniones, Luna mostró a funcionarios de la embajada una captura de pantalla proveniente de una cámara de seguridad en una prisión salvadoreña. En la imagen, varios hombres enmascarados ingresaban a las instalaciones. Luna identificó a uno de ellos como un alto cabecilla de la MS-13 buscado por las autoridades nacionales. Según su propio testimonio, él lo había llevado personalmente al penal para reunirse con pandilleros encarcelados, aunque negó conocer el contenido de esas reuniones.
Los diplomáticos estadounidenses, según relata el extenso texto del diario internacional, quedaron desconcertados ante la magnitud de la revelación. Luna, un funcionario ya señalado por corrupción y posteriormente incluido en la llamada "Lista Engel" del gobierno de EE.UU. por corrupción, no parecía ser un denunciante confiable. Aun así, su oferta dejó evidencia de que, mientras se ejecutaba una campaña gubernamental de encarcelamiento masivo, existía un pacto activo con la cúpula de la pandilla más violenta del país.
De "Vampiro" a ficha de negociación
El otro eje del reportaje gira en torno a Vladimir Arévalo Chávez, alias "Vampiro", considerado uno de los más sangrientos líderes de la MS-13. Acusado de coordinar asesinatos en México, El Salvador y Estados Unidos, su captura en febrero del año 2023 fue vista como una victoria para el Departamento de Justicia de EE.UU., que meses antes lo había incluido en una acusación por terrorismo junto a otros doce jefes de la pandilla.
Sin embargo, en abril de 2025, la Fiscalía estadounidense pidió a un juez desestimar los cargos en su contra, alegando "razones de seguridad nacional". Poco después, el Vampiro fue devuelto a El Salvador. ¿La razón? Un acuerdo entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Bukele: El Salvador aceptaría recibir a más de 200 migrantes deportados si, a cambio, se le devolvía a líderes de pandillas que estaban bajo custodia en Estados Unidos.
Ese "intercambio" político, que según el reportaje incluyó una inyección millonaria de fondos estadounidenses hacia el gobierno salvadoreño, posiciona a estos líderes como piezas clave en una negociación mucho más amplia y oscura: mantener a las pandillas bajo control salvadoreño a través de acuerdos clandestinos, mientras se promueve un discurso público de "mano dura" y "cero tolerancia".
Desde que Bukele lanzó su "guerra contra las pandillas" en marzo de 2022 tras una masacre que dejó a 62 personas asesinadas en 24 horas, más de 80,000 personas han sido encarceladas en El Salvador, aumentando la suma total de reos a 108,000 connacionales, lo que equivale a entre el 1.5 y 1.7 % de la población total del país, según cifras coincidentes de Human Rights Watch (HRW), la oenegé salvadoreña Cristosal y el propio Estado salvadoreño. Esta estadística ubica a El Salvador como la nación con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
Bukele ha justificado este modelo de encarcelamiento masivo con base en la drástica reducción de homicidios: según sus cifras, los asesinatos han bajado de 106 por cada 100,000 habitantes en 2015 a tan solo 1.9 en 2024. "La gente se queja de que tuvimos que meter al 1.5 % de nuestra población en prisión", escribió recientemente en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando el mensaje con una imagen de "Thanos", el villano de Marvel, insinuando que el precio de la paz fue necesario. "Más de la mitad de ellos están en rehabilitación y serán liberados dentro de un par de años", agregó.
Pero los grupos de derechos humanos denuncian que miles de personas inocentes siguen detenidas sin juicios justos, sin pruebas concretas, y en condiciones degradantes. El régimen de excepción —aún vigente— ha permitido arrestos sin orden judicial, con una sistemática falta de garantías procesales. A esto se suman denuncias de torturas, tratos crueles y más de 300 muertes bajo custodia.
El informe del The New York Times apunta entonces a que el éxito del modelo de seguridad de Bukele está sostenido no solo en el aparato represivo del Estado, sino también en un andamiaje secreto de acuerdos con las pandillas, que se mantuvieron intactos durante varios años a cambio de beneficios. Lejos de haber desmantelado completamente estas estructuras, como asegura el oficialismo, los documentos muestran que el control social y carcelario convive con pactos de impunidad y con una cooperación ambigua con actores criminales.
Incluso en la administración Trump, que hizo de la lucha contra la MS-13 un estandarte ideológico, se utilizó el retorno de líderes pandilleros como moneda de cambio para satisfacer metas migratorias más amplias. De manera tácita, ambos gobiernos encontraron utilidad política en un acuerdo con los mismos actores que públicamente juraban erradicar.
Las revelaciones contenidas en los cables diplomáticos exigen respuestas contundentes. ¿Por qué se permitió el retorno de cabecillas criminales en lugar de su juzgamiento? ¿Cuál es el rol real que juegan estos líderes dentro de las prisiones controladas por el Estado salvadoreño? ¿Quiénes conocían del pacto y qué otras figuras gubernamentales están involucradas?
Hasta el momento, ni Osiris Luna ni la administración de Bukele han respondido públicamente a las acusaciones vertidas por el diario estadounidense, que comienzan a tener replica global al cierre del presente texto. Tampoco se ha producido pronunciamiento oficial del Departamento de Estado sobre los cables diplomáticos filtrados.
El caso podría escalar más allá de las páginas de los periódicos. De comprobarse la existencia sistemática de pactos con estructuras criminales mientras se promovía una campaña de represión masiva, no solo se pondría en entredicho la legitimidad del régimen de excepción, sino también la narrativa de seguridad que ha sido la base del fenómeno político, institucional, digital y social de Bukele en América Latina.
Por ahora, queda una certeza incómoda: la paz que se presume alcanzada en El Salvador está sostenida sobre secretos, negociaciones en la penumbra y una arquitectura del miedo que solo la historia —y el periodismo de investigación— pueden desentrañar.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
Comments