Nicaragua y la duplicidad institucional como rasgo definitorio del régimen sandinista del comandante Daniel y la compañera Rosario
- Redacción Central
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Mientras el Sol se pone sobre Managua, la silueta de dos banderas ondeando en la Casa Presidencial y en la residencia familiar de los Ortega Murillo evocan no solo un símbolo de "soberanía" y "revolución", sino un recordatorio de la tenaz reconfiguración de un poder que se resiste a la obsolescencia. En un mundo de transiciones democráticas, la administración sandinista del país centroamericano opta por la réplica institucional como antídoto a la sucesión, tejiendo un tapiz donde cada hilo dual fortalece la urdimbre autoritaria.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Con otra decisión estatal que desafía las convenciones democráticas y las estructuras institucionales tradicionales, Nicaragua se ha convertido en el epicentro de una experimentación política sin precedentes: un país gobernado por una dupla copresidencial que, en cascada, replica su modelo bicéfalo en las cumbres de la diplomacia y la seguridad interna. Lo que comenzó con una reforma constitucional en noviembre de 2024 y otra en febrero de 2025 —que elevó a Rosario Murillo al estatus de "copresidenta" junto a su esposo Daniel Ortega— ha derivado en la designación de dos jefes para la Policía Nacional, vigente desde agosto, y, apenas esta semana, en la proclamación de un dúo de ministros de Relaciones Exteriores.
Este fenómeno, que analistas centroamericanos califican como una "dictadura original y disparatada", no solo rompe moldes en la región, sino que carece de paralelos en el continente y en el resto del mundo. Mientras el escenario internacional observa con perplejidad, surge la pregunta de si esta proliferación de dualidades se extenderá a otros pilares del Estado, como el Legislativo, el Ejército o los ahora órganos electorales y judiciales.
Mandato compartido
La semilla de esta configuración única se plantó en noviembre de 2024, cuando Ortega presentó una ambiciosa reforma a la Carta Magna, aprobada por la Asamblea Nacional —un parlamento unicameral dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— y ratificada en febrero de 2025. La enmienda no solo extendió el período "copresidencial" a seis años, eliminando límites temporales, sino que institucionalizó la figura de los "copresidentes" como coordinadores supremos del Ejecutivo, Legislativo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De este modo, Ortega, de 79 años y líder sandinista desde 2007 (con un interregno en los 90), comparte ahora el timón con Murillo, de 73, quien desde 2017 acumulaba poder como vicepresidenta y portavoz diaria del régimen.
La dualidad no es simbólica: la reforma faculta a la pareja para designar directamente a altos funcionarios en los tres Órganos del Estado, subordinando al Legislativo —compuesto por 92 diputados— y al Judicial, cuyos magistrados son nombrados por el Ejecutivo. El Consejo Supremo Electoral (CSE), con siete miembros alineados al FSLN, también queda bajo su órbita. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional han descrito esta transformación como la instauración de un "Estado autoritario deliberado", donde la separación de poderes se disuelve en una concentración absoluta bajo la Copresidencia.
La entrada en vigor de estas modificaciones coincidió este año con los actos conmemorativos de la Revolución Ciudadana de 1979, un hito que el régimen utiliza para legitimar su narrativa de continuidad histórica.
En la práctica, Murillo ha asumido el control de la comunicación gubernamental, emitiendo informes diarios en medios estatales como Canal 4 y Radio Ya, donde detalla políticas en salud, educación y economía. Ortega, por su parte, concentra esfuerzos en asuntos militares y de política exterior, aunque los rumores sobre su frágil estado de salud alimentan la percepción de una transición encubierta hacia Murillo y sus hijos. Opositores en el exilio, como el exfuncionario sandinista Arturo McFields y el exmagistrado Rafael Solís, describen esta dinámica como una "presidencia bicéfala" que administra el país como una empresa familiar, con los hijos en cargos clave: Juan Carlos Ortega Murillo en telecomunicaciones, Camila Antonia en la Comisión Nacional de Economía Creativa, Maurice Facundo en los entes deportivos y Laureano Ortega en promoción de inversiones y en los vínculos internacionales.
Duplicidad policial
Siguiendo el patrón de los "comandatos", la Asamblea Nacional aprobó con una votación relámpago el miércoles 27 de agosto de 2025 otra enmienda constitucional que establece dos jefes para la Policía Nacional, institución identificada como el principal brazo represor de la dictadura sandinista. La medida, que ya es oficial pero que entrará en plena vigencia en 2026 tras una ratificación inevitable, autoriza a los copresidentes a nombrar directamente a ambos líderes, ampliando el aparato de control interno en un contexto de protestas y disidencias reprimidas desde abril 2018.
Con unos 15,000 agentes según estimaciones independientes, la Policía ha sido acusada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y torturas.
En ese sentido, el comisionado general Francisco Díaz Madriz —yerno de Ortega y Murillo—, ha encabezado operaciones contra disidentes, como las redadas de 2018, 2019 y 2021 que empujaron al exilio a más de 800,000 connacionales. Críticos en el exilio, como el colectivo Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON), interpretan esta estructura bicéfala como un mecanismo para intensificar la persecución, dividiendo responsabilidades entre un jefe enfocado en inteligencia y otro en operaciones de calle.
Por otro lado, exintegrantes del disuelto Frente Amplio por la Democracia (FAD) denuncian que esta duplicidad diluye la rendición de cuentas y facilita la impunidad en un país donde, según Human Rights Watch, todavía casi 80 presas y presos políticos languidecen en las cárceles de Managua y Tipitapa.
El regreso de Moncada y la permanencia de Jaentschke
El clímax de esta tendencia llegó este martes, 23 de septiembre de 2025, cuando Murillo anunció en su alocución de mediodía la designación de dos ministros de Relaciones Exteriores: el regreso de Denis Ronaldo Moncada Colindres, de 76 años, y la continuidad de Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, de 51. El acuerdo presidencial, publicado en La Gaceta —boletín oficial—, establece explícitamente: "nómbrese como ministros del Ministerio de Relaciones Exteriores a los compañeros Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker y Denis Ronaldo Moncada Colindres". Esta es la primera vez que Nicaragua, o cualquier nación soberana, duplica el cargo de canciller, responsable de representar al Estado en foros internacionales.
Moncada, un general retirado y exembajador en la ONU, ocupó la Cancillería de 2017 a septiembre de 2024, cuando fue relevado por "motivos de salud". Durante su gestión, defendió la ruptura con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2022 y forjó alianzas con Rusia, China, Honduras, Cuba, Irán y Venezuela, en medio del aislamiento occidental por sanciones de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y la Unión Europea (UE). Jaentschke, sociólogo y diplomático con experiencia en Guatemala y Honduras, asumió interinamente y se centró en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde Nicaragua aspira todavía a la secretaría general. Su perfil, más técnico, contrasta con el ideológico de Moncada, sugiriendo esa división de labores de la que tanto se habla: uno para bloques aliados, otro para los conflictos.
Esta medida irrumpe en un panorama diplomático tenso. Nicaragua enfrenta el retiro de su embajador en Taiwán tras el giro hacia China en 2021, y expulsiones recíprocas con España, Colombia y Costa Rica por disputas ideológicas y fronterizas. La duplicidad, argumentan expertos como el exdiplomático Edmundo Jarquín, socava la coherencia externa: "¿cómo negocia un país con dos voces oficiales?". Un desconcierto global que solo se extrema.
"La paz para Nicaragua, como para los países del mundo, es una cuestión de vital importancia. La paz, la convivencia pacífica, el desarrollo, el intercambio comercial productivo, las inversiones y, en fin, el intercambio cultural, son los temas generales dentro de los cuales se abordan, de manera más particular y específica, los asuntos de interés puntual para cada nación. Nosotros, en nuestro gobierno del presidente Ortega y la compañera Rosario Murillo hemos definido una política exterior ya conocida por todos, basada en esos principios y fundamentos. Los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas siguen teniendo validez y vigencia, aunque tengamos criterios y críticas sobre el funcionamiento de la organización, o el mal funcionamiento, en muchas ocasiones, del Consejo de Seguridad. Denunciamos la manipulación y politización de muchos órganos de la ONU, porque con frecuencia —no siempre, pero sí de manera reiterada— son utilizados por potencias interesadas en promover políticas negativas contra aquellos países que no coinciden con sus posiciones y que mantienen, con justeza, una política de defensa de los intereses de los pueblos del mundo", dijo Moncada Colindres esta semana, en el contexto de la Asamblea General número 80 de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
Estas "innovaciones" no surgen en el vacío. La reforma de 2025, calificada por la BBC y The New York Times como un "golpe final" al Estado de Derecho, transforma más de 60 entidades estatales y descentralizadas en instituciones coordinadas directamente por el matrimonio Ortega Murillo, con facultades para legislar por decreto en emergencias indefinidas. El Judicial, encabezado todavía por magistrados sandinistas como la desaparecida Alba Luz Ramos, procesa casos políticos sin independencia, como evidencian los juicios virtuales a exiliados. El CSE, bajo Brenda Rocha y Cairo Amados, ha sido acusado de fraude en las elecciones de 2017 y 2021, donde Ortega obtuvo el 75 % de votos en procesos sin observadores y competencia.
Sin embargo, las fuentes consultadas no registran dualidades en el Ejército —dirigido por el general Julio César Áviles desde febrero de 2010, leal al FSLN— ni en el CSE o el Judicial. La reforma militar, aprobada en marzo de 2025, alineó el Código castrense con la nueva Constitución, pero mantiene un mando único. Opositores especulan sobre extensiones futuras, pero el régimen no ha anunciado tales medidas, limitándose a la coordinación copresidencial.
La comunidad global ha reaccionado con alarma. La ONU, en un informe de septiembre de 2025, alertó de un "nuevo deterioro" en derechos humanos, citando la bicéfala estructura como catalizador de represión. La OEA y la UE condenaron la reforma inicial, imponiendo sanciones a Ortega y Murillo por "erosión democrática". En Centroamérica, líderes como Rodrigo Chaves de Costa Rica han calificado el modelo nicaragüense de "anacrónico", mientras México y Brasil mantienen distancia pragmática.
Desde el exilio —donde residen ya un millón de nicaragüenses—, figuras como el obispo Silvio Báez y la periodista Lucía Pineda Ubau denuncian una "transición dinástica". El GCON, en un tuit reciente, enfatizó: "no hay dos cancilleres en diplomacia seria; es ilegitimidad pura". Economistas independientes vinculan esta inestabilidad a la pobreza crónica: Nicaragua figura en el top tres de naciones más pobres de América, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 2,200 dólares y emigración masiva.
Nicaragua, cuna de revoluciones y tiranías, navega ahora por aguas inexploradas donde el poder se multiplica en pares, desafiando lógicas estatales centenarias. Sin paralelos en la historia reciente —ni en la Roma imperial con sus "coemperadores", ni en la Yugoslavia titista con sus presidencias rotativas—, este experimento bicéfalo plantea dilemas profundos sobre gobernabilidad y legitimidad. Mientras los copresidentes consolidan su hegemonía, el silencio sobre dualidades en el Ejército o el CSE alimenta tensiones latentes. En un país donde la disidencia se paga con destierro, muerte o cárcel, esta anomalía no es solo institucional: es un espejo de un Estado reconfigurado a imagen de sus líderes, donde la unidad se fractura en dos para perpetuarse en una.
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