Preso político Mauricio Prieto muere en manos del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua, tras más de un mes en desaparición forzada
- Redacción Central
- hace 1 día
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Entre el martes 12 y lunes 18 de agosto de 2025, el Monitoreo Azul y Blanco registró la detención de al menos 28 personas, incluidas cinco familias completas, en Carazo, Masaya, Granada y Managua. Estas capturas, realizadas mediante allanamientos violentos y detenciones nocturnas, se dirigieron principalmente contra excarcelados políticos, exiliados retornados, artistas y opositores vinculados a las protestas de 2018, o al confiscado Colegio San José en Jinotepe.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El opositor Mauricio Alonso Prieto, expresidente departamental del extinto Movimiento Renovador Sandinista (hoy, UNAMOS) en Carazo, falleció bajo custodia estatal del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Policía después de permanecer desaparecido desde su captura el viernes 18 de julio de 2025, según denunció hoy, lunes 25 de agosto, el Instituto Segovia para el Liderazgo y la Transformación Social, desde el exilio.
Alonso fue arrestado en su vivienda en Carazo junto a su esposa e hijo, durante las redadas previas a la conmemoración oficial del sábado 19 de julio en honor a la Revolución Ciudadana de 1979. Encubiertos irrumpieron de madrugada, liberando a la esposa horas después, pero manteniendo detenidos al opositor y a su hijo. Desde entonces, la familia no obtuvo información oficial sobre su paradero.
Según información recabada por el equipo de COYUNTURA, el Instituto de Medicina Legal notificó a los parientes que entregaría el cuerpo del opositor, sin detallar las causas específicas del deceso. La viuda y otros familiares se trasladaron ya a Managua para reclamar el cadáver, aunque hasta el cierre de esta nota continuaban sin recibirlo.
El Instituto Segovia calificó la muerte como "un crimen de lesa humanidad", recordando que el caso se suma a los expedientes investigados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La defensora de derechos humanos y desnacionalizada Haydée Castillo afirmó que la familia se encuentra "aterrorizada" por lo ocurrido.
La detención y posterior fallecimiento de Alonso ocurre en un contexto de intensificación represiva. Entre el martes 12 y el lunes 18 de agosto de 2025, al menos 28 personas —incluidas cinco familias completas y una menor de edad— fueron capturadas en Carazo, Masaya, Granada y Managua, según el Monitoreo Azul y Blanco.
La mayoría de los arrestados son excarcelados políticos, participantes de las protestas de abril de 2018 o personas vinculadas al confiscado Colegio San José de Jinotepe, rebautizado por el régimen como Colegio Bismarck Martínez. Entre los capturados figura el coronel del Ejército en retiro Carlos Brenes, apresado junto a su esposa, pese a que ya había sido preso político entre 2018 y 2019.
De acuerdo con la vocera del Monitoreo, Claudia Pineda, las detenciones de núcleos familiares dejan a menores en desamparo y golpean directamente la economía de los hogares. Además, denunció que la práctica de desaparición forzada se ha vuelto sistemática: las autoridades no confirman los lugares de reclusión y obligan a las familias a recorrer cárceles y estaciones policiales sin obtener respuestas.
Las redadas de julio y agosto elevan a 48 las capturas políticas en los últimos dos meses, a lo que se suman decenas de ciudadanos sometidos a arresto domiciliario de facto. La Asociación Unidad de Defensa Jurídica ha documentado estos casos y los ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GHREN de la ONU, señalando que constituyen una violación sistemática de derechos humanos con repercusiones directas en comunidades enteras.
En el caso de Mauricio Alonso, las denuncias de vigilancia policial y hostigamiento previo a su detención refuerzan lo que defensores, activistas y periodistas independientes consideran un patrón de persecución política sostenida y extremado desde 2023.
El Instituto Segovia concluyó su pronunciamiento con un llamado a la acción internacional: "exigimos a la comunidad internacional poner sus ojos en Nicaragua y actuar con contundencia para complementar los esfuerzos que ya realiza el pueblo dentro y fuera del país".
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