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Propaganda, purgas y postergaciones: el control absoluto del orteguismo sobre educación, salud e infraestructura en Nicaragua

En paralelo al despliegue de festividades políticas, el régimen volvió a aplazar la inauguración de una de sus obras emblemáticas: el paso a desnivel "Comandante Julio Buitrago Urroz", ubicado en el sector de La Robelo, en la carretera Norte de Managua. El proyecto, parte de la ampliación de la Pista Héroes de la Insurrección (antiguamente Juan Pablo II), ha sufrido múltiples retrasos. Originalmente programado para el 15 de julio de 2025, la apertura fue pospuesta al 17 y finalmente cancelada sin nueva fecha definida.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Managua, Nicaragua
Managua, Nicaragua, Centroamérica | Fotografía de El 19 Digital por César Pérez
Managua, Nicaragua, Centroamérica | Fotografía de El 19 Digital por César Pérez

En el ocaso de su cuarto mandato consecutivo y el quinto en la historia, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha profundizado su estrategia de control absoluto en Nicaragua, fusionando sin disimulo las estructuras del Estado con los símbolos y prácticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En el preludio del 46 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, los espacios públicos —desde centros educativos hasta hospitales y obras de infraestructura— han sido colonizados por una ofensiva propagandística sin precedentes, mientras el aparato estatal ejecuta despidos masivos que responden a lealtades ideológicas más que a razones técnicas.


En los días previos de este sábado 19 de julio de 2025, la efeméride más importante del oficialismo, la propaganda política impregnó la rutina de los centros educativos públicos en Nicaragua, alcanzando incluso a infantes menores de cinco años que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Vestidos como el general Augusto C. Sandino, portando pistolas de juguete y luciendo pañoletas rojinegras, los niños fueron protagonistas involuntarios de actividades partidarias promovidas por el Ministerio de la Familia (MIFAMILIA).


Las imágenes, difundidas por las propias plataformas del régimen, muestran a menores de edad integrados en actos culturales abiertamente ideológicos, donde se exaltan los símbolos del FSLN y se recrea un culto visual al militarismo. Este tipo de actividades no solo banaliza la historia nacional al equipararla con un espectáculo infantil, sino que vulnera derechos fundamentales de la niñez, al utilizar a los más pequeños como vehículos de propaganda sin su consentimiento ni comprensión, según analistas y abogados consultados por el equipo de COYUNTURA bajo anonimato.


En el sistema educativo formal, la situación no es menos alarmante. En el Instituto Ramírez Goyena, ubicado en el Distrito II de Managua, el Ministerio de Educación (MINED) organizó el "Festival de la Alegría: Pueblo que Vence", al que asistieron menores de primaria y secundaria, a pesar de que el país se encontraba oficialmente en vacaciones intersemestrales. Las palabras de la directora, Carmen Machado, ante medios oficialistas, revelan el propósito de espectáculo: bandas rítmicas, payasos, pintacaritas y "zumbatón", como herramientas de distracción y adhesión emocional al régimen.


La autonomía universitaria, históricamente una piedra angular del pensamiento crítico y pluralismo político, ha sido desmantelada sistemáticamente en Nicaragua. En 2025, el proceso de subordinación de las universidades públicas al Frente Sandinista llegó a su máxima expresión cuando la bandera del partido fue elevada al rango de símbolo nacional. En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), los pabellones fueron decorados con esta bandera partidaria, mientras se elaboraban murales que rinden culto a los copresidentes: Ortega y Murillo.


En la Universidad Nacional Politécnica, la rectora Elvira Maritza Andino encabezó un acto folclórico en el que no solo vistió los colores del partido, sino que promovió el evento como una reafirmación de lealtad institucional al sandinismo. Peor aún, en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro —erigida sobre el campus confiscado de la extinta Universidad Centroamericana (UCA)— se inauguró el Instituto de Historia "Héroes y Heroínas de la Revolución", donde estudiantes de primer ingreso participaron en una exposición artística abiertamente propagandística.


Estas intervenciones no solo constituyen una violación a la autonomía universitaria, sino también una reescritura interesada de la historia nacional, moldeada para perpetuar el relato heroico y mesiánico del sandinismo gobernante.


La colonización ideológica también se ha filtrado en los espacios donde la neutralidad debería ser inviolable: los hospitales públicos. En salas de espera de centros como el Hospital Fernando Vélez Paiz y el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga, pacientes y personal de salud se vieron expuestos a bailes, discursos y murales en honor al FSLN y sus líderes. En el Vélez Paiz, incluso se instaló una figura a tamaño real de Sandino, rodeada de globos rojinegros y fotografías de Carlos Fonseca, fundador del FSLN.


La publicación institucional en redes sociales, celebrando el "Día de la Alegría" desde "nuestra trinchera laboral", deja claro que estas celebraciones no son espontáneas ni apolíticas. Se trata de una extensión del mandato ideológico que el régimen exige en todos los niveles del aparato estatal, transformando hospitales en plataformas de fidelidad.


La obra que no llega: paso a desnivel retrasado por capricho presidencial


Mientras el país centroamericano es inundado de celebraciones oficiales, una de las obras más importantes de infraestructura vial en Managua permanece sin ser inaugurada. El paso a desnivel "Comandante Julio Buitrago Urroz", en la carretera Norte, ha visto su fecha de apertura pospuesta en al menos dos ocasiones —el 15 y el 17 de julio de 2025— sin que se explique con claridad las razones de la demora.


Pese a que, según el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, la obra se encuentra “totalmente terminada”, su inauguración depende ahora de una decisión directa de los dictadores Ortega y Murillo. "La compañera Rosario estará dando la fecha exacta", declaró Moreno, en una demostración de cómo incluso las inauguraciones de infraestructura se subordinan a los tiempos simbólicos del régimen.


El paso a desnivel es parte del proyecto de ampliación de la pista Héroes de la Insurrección, antiguamente conocida como Juan Pablo II. La obra ha sido financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con un presupuesto total de 275 millones de dólares. Sin embargo, la ejecución ha estado marcada por retrasos desde su presentación en 2017. El primer desembolso del BCIE se hizo en julio de 2020, pero las obras reiniciaron hasta agosto de 2023. La fecha límite para retirar los fondos fue extendida hasta julio de 2028 por resolución del propio BCIE.


El retraso responde no a problemas técnicos, sino a decisiones políticas que buscan alinear la entrega de obras con el calendario propagandístico del régimen. La prioridad no es la movilidad urbana, sino la teatralidad política.


Paralelo a la exaltación simbólica del sandinismo, el sistema de salud pública atraviesa una purga sin precedentes. En los últimos 10 meses, al menos 1,039 trabajadores sanitarios han sido despedidos, lo que representa un promedio de tres despidos diarios, o uno cada ocho horas. Los datos, extraídos del propio Ministerio de Hacienda, reflejan un descenso en el personal adscrito al gobierno Central de 21,160 a 20,121 empleados entre julio de 2024 y mayo de 2025.


Este patrón no es coyuntural. En al menos seis departamentos —León, Estelí, Rivas, Masaya, Chinandega y Ocotal— se han documentado despidos simultáneos en las últimas 48 horas. La afectación ha sido particularmente severa en áreas críticas como gineco-oncología, neonatología, cirugía general y medicina interna.


En León, por ejemplo, el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales (HEODRA) perdió a su único gineco-oncólogo, mientras que otros médicos con más de una década de experiencia, algunos de ellos también docentes universitarios, han sido separados de sus cargos sin justificación técnica. El patrón de remociones coincide con lo que Rosario Murillo denominó una "revisión estructural del Estado" y responde más a criterios de lealtad política que a evaluaciones de desempeño.


Una especialista en salud pública, bajo condición de anonimato, advirtió que esta estrategia constituye un "desmantelamiento ideológico" del sistema sanitario. "Estamos viendo cómo se reemplaza talento por obediencia, conocimiento por servilismo. La consecuencia inmediata es la precarización de la atención médica, pero el objetivo de fondo es consolidar el control total", señaló.


Médicos despedidos han relatado cómo la censura, el temor y la autocensura han desplazado al trabajo profesional. "Te pueden echar por un post en redes sociales, por no repetir consignas, por no estar 'alineado'", comenta un internista cesado recientemente.


El escenario actual de Nicaragua refleja una arquitectura de poder que ha superado los límites tradicionales del autoritarismo. No se trata solo de la concentración del poder político o la eliminación de la oposición, sino de una colonización simbólica e institucional del país, que disuelve la frontera entre Estado y partido.


La niñez es adoctrinada desde el preescolar, las universidades son rediseñadas como centros de apología ideológica, los hospitales se convierten en escenarios de propaganda y los médicos que no se alinean son expulsados. Hasta las obras de infraestructura, financiadas con recursos internacionales, son utilizadas como herramientas de manipulación simbólica al servicio del poder.


A pocos horas del 46 aniversario de la Revolución Ciudadana de 1979 que prometía liberar a Nicaragua, el país se encuentra bajo un régimen que exige sumisión total, instrumentaliza la memoria histórica, y administra el Estado como un aparato de propaganda. Lo que alguna vez fue un proyecto político emancipador ha devenido en un sistema de control que sacrifica la salud, la educación y la institucionalidad en nombre de la lealtad partidaria.



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