Próspera Inc. amenaza a medio hondureño por informar sobre la inconstitucionalidad de las ZEDE, y reafirma su narrativa pese a fallo de la Corte Suprema
- Jairo Videa
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A pesar de que la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fue derogada por el Poder Legislativo en abril de 2022, y el andamiaje que las sostenía fue declarado inconstitucional en septiembre de 2024 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Próspera Inc. continúa operando en Roatán, al margen del ordenamiento jurídico nacional. El proyecto —que abarca el 3 % del territorio de la isla caribeña hondureña— fue impulsado durante la administración del exmandatario Juan Orlando Hernández, hoy cumpliendo una sentencia por narcotráfico en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.).
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
En un episodio que marca un nuevo intento por imponer censura a través de procedimientos legales, la empresa Honduras Próspera Inc. ha enviado una carta de cese y desistimiento al medio de comunicación digital independiente Criterio.hn, exigiendo la eliminación de un reportaje periodístico que documenta el fallo de inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano el viernes 20 de septiembre de 2024.
La carta, enviada el pasado martes 08 de abril de 2025 por Nicholas C. Dranias, asesor legal de Próspera, califica como "falsas y difamatorias" las afirmaciones del medio que aluden al fallo judicial y a la oposición pública hacia el polémico modelo económico y territorial. Además de negar la legitimidad del fallo emitido por el máximo órgano judicial del país, Próspera Inc. demanda una retractación pública, la eliminación de la nota publicada y la promesa de abstenerse de futuras publicaciones que, a su juicio, resulten lesivas a su imagen.
En tono amenazante, el documento advierte que de no cumplirse estas exigencias, la empresa interpondrá acciones legales por difamación y daños morales, lo que ha sido interpretado por defensores de la libertad de expresión como un intento claro de intimidar y censurar a la prensa crítica.
Un aniversario marcado por la presión corporativa
Este nuevo episodio de hostigamiento legal contra Criterio.hn coincide con el décimo aniversario de su fundación. Desde 2015, el medio digital ha mantenido una línea editorial centrada en el periodismo de investigación, la denuncia de corrupción y la defensa del interés público. Su directora, Emy Padilla, ha declarado que la misiva representa un intento más de silenciar al periodismo independiente en Honduras. "No es la primera vez que recibimos amenazas por parte de actores con poder económico o político", sostuvo Padilla, quien reafirmó el compromiso del medio con la verdad, la transparencia y la defensa del derecho ciudadano a la información. "Continuaremos informando con independencia y valentía, pese a cualquier forma de intimidación", aseguró.
La ofensiva legal de Próspera ha despertado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Saúl Bueso, abogado de la Unidad de Acceso a la Justicia del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), señaló que la carta constituye una forma de "intimidación jurídica" cuyo objetivo es deslegitimar hechos documentados y amedrentar a quienes los difunden.
"Solicitar una retractación por un hecho verificado, como la declaración de inconstitucionalidad de las ZEDE por parte de la Corte Suprema, es un acto de desinformación deliberada", afirmó Bueso, quien además recordó que dichas zonas especiales continúan operando en abierta violación al ordenamiento jurídico nacional.
Por su parte, el abogado Edy Tábora, coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, consideró que este tipo de acciones buscan "eliminar todas las voces críticas y consolidar un discurso único y hegemónico". Según Tábora, el proceder de Próspera Inc. se inscribe en una estrategia de censura indirecta, disfrazada de legalidad, que busca sentar precedentes contra medios independientes y periodistas. "Si esa es la actitud que tienen con medios como Criterio.hn, ¿qué podría ocurrirle a un periodista o líder comunitario que viva dentro de una ZEDE y se atreva a cuestionarla?", se preguntó el jurista, en conversación con el medio afectado.
Las ZEDE fueron impuestas en 2013 mediante reformas constitucionales promovidas por el régimen de Juan Orlando Hernández. Estas zonas pretendían constituirse como enclaves autónomos, con sistemas legales y fiscales propios, lo que ha sido denunciado como una cesión de soberanía sin precedentes.
Pese a la derogación de su andamiaje legal en abril de 2022 y la sentencia de inconstitucionalidad de 2024, la ZEDE Próspera —establecida en la isla de Roatán— continúa operando. Sus promotores no solo desafían el fallo de la Corte Suprema, sino que además han entablado una demanda internacional contra el Estado hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), exigiendo una indemnización de cerca de 11 mil millones de dólares por supuestos perjuicios económicos.
La disputa por las ZEDE no se limita al ámbito nacional. En marzo de 2025, el senador republicano por Tennessee, Bill Hagerty informó que Christopher Landau, recién confirmado como subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), se comprometió a respaldar inversiones estadounidenses como Próspera. En la misma línea, Erick Brimen, fundador de la ZEDE Próspera, celebró públicamente el nombramiento de Landau, resaltando su apoyo incondicional al proyecto.
En una audiencia legislativa, Hagerty cuestionó a Landau sobre las "expropiaciones" que gobiernos como los de México, Colombia y Honduras han ejecutado contra empresas estadounidenses. Landau respondió que la defensa de los intereses de esas compañías debe ser una prioridad diplomática. Sin embargo, omitió mencionar que muchas de estas inversiones —como el caso de Vulcan Materials Company en México— están envueltas en controversias por violaciones ambientales y derechos territoriales.
Los cuestionamientos hacia Próspera no solo se refieren a su legalidad, sino también a su naturaleza ideológica. En una investigación publicada en agosto de 2023, Criterio.hn calificó a la ZEDE como "un proyecto anarcocapitalista" financiado por figuras como Peter Thiel, cofundador de PayPal y cercano al presidente Donald Trump, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
El modelo de Próspera, inspirado en propuestas de "ciudades privadas" o "con fines de lucro" sin regulación estatal, ha sido denunciado por violentar derechos humanos, facilitar la evasión fiscal y fragmentar la soberanía nacional. La resistencia comunitaria, así como la condena desde sectores académicos, legales y sociales, ha sido constante. En este contexto, las amenazas contra Criterio.hn se inscriben en un patrón más amplio de agresión contra el periodismo libre en Honduras. Durante la última década, el medio ha documentado casos de corrupción, abusos de poder y vínculos entre políticos y redes criminales, lo que le ha costado campañas de desprestigio, bloqueos y amenazas.
A juicio de Edy Tábora, el derecho a la libertad de expresión —consagrado en el Artículo 72 de la Constitución de Honduras— ampara plenamente las publicaciones de Criterio.hn. Recordó que toda discusión crítica sobre políticas públicas, proyectos económicos o actores privados con incidencia nacional está protegida por los estándares internacionales de derechos humanos. "El uso de instrumentos jurídicos para coartar la crítica y el debate público no solo es una forma de censura, sino un atentado contra la democracia misma", concluyó.
A diez años de su fundación, Criterio.hn reafirma su compromiso con un periodismo que no se doblega ante presiones ni amenazas. En un entorno marcado por la concentración de poder, la desinformación y la impunidad, su labor se erige como una trinchera indispensable para la defensa de la verdad y la soberanía informativa en Honduras y toda Centroamérica.
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