Redistribución de la riqueza: clientelismo y obediencia

La redistribución de la riqueza, mediante el Estado, propuesta por políticos, es un método de control social para mantener el poder. Plantear la redistribución de la riqueza, de manera coercitiva, en nombre de un supuesto bien común no es una medida que indique preocupación por los más desposeídos, sino más bien una estrategia para asegurar el poder mediante el clientelismo.

Dicha propuesta es hecha, como diría Hayek, por los socialistas de todos los partidos. Estas propuestas pueden parecer recientes, propias de nuestra era, sin embargo, han sido teorizadas, promovidas e implementadas desde hace varios siglos. Los ejemplos de propuestas similares datan desde la Revolución Francesa, pasando por los regímenes Bolchevique/Soviético, Maoísta, Castrista, Peronista y Sandinista.

Nuestra era, como se ha mencionado, no está libre de tal método. En la actualidad dichos modelos se defienden, desde lo político, por la Socialdemocracia y la llamada Nueva Izquierda, y desde lo económico, por el Keynesianismo y sus variantes. En la teoría de dicha propuesta, el Estado se encarga de planificar en nombre del "bien común" y asignar los recursos según "las necesidades de cada quién".

No obstante, en la praxis, tal asignación de recursos está orientada a construir, mantener y preservar redes clientelares y represivas para asegurar la prevalencia del régimen. Contrario a lo comúnmente pensado, esta estrategia de control no está basada inicialmente en el miedo, sino en la prevalencia de un estatus de bienestar, que debe ser mantenido mediante la obediencia irrestricta al poder político. Debe tenerse en cuenta que la desobediencia a dichas órdenes conlleva sanciones y castigos que incluye, pero no se limita, el cese inmediato del acceso a lo "redistribuido".

El poder político, por su parte, no orienta estas estrategias única y estrictamente a sus seguidores, sino, paradójicamente, a sus posibles detractores. Para muestra, varios botones:

En Argentina, desde mediados del S. XX, a causa del Peronismo, se desarrollaron fuertes redes clientelares como método de control ciudadano. Dichas redes nacen con la estancia de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, se fortalecen durante los gobiernos Kirchneristas de Néstor y Cristina, y se perfeccionan en los gobiernos socialdemócratas de Mauricio Macri y actualmente con Alberto Fernández.

En España, luego de su transición a la democracia, en distintas ocasiones, desde Zapatero hasta Sánchez e Iglesias, se ha tenido en cuenta el concepto de "renta básica universal", presentado por sus promotores como un aporte estatal que asegure dignidad y condiciones de vida a los españoles, pero alertado por varios economistas como una medida impráctica, populista y con objetivos de control social mediante el establecimiento de redes clientelares. Por otra parte, si se quisiera un ejemplo de control social mediante redes clientelares en España, no habría más que leer sobre los famosos "chiringuitos políticos", que son asociaciones de sociedad civil destinadas a promover, con dinero público, ciertas ideas, que sirven como fuente de votos para los políticos y partidos que promuevan su financiamiento.

En Nicaragua, a partir de 2007 se pueden encontrar dos grandes ejemplos de redes clientelares bien desarrolladas como mecanismo de control social. La primera, dirigida a la población en general, consiste en establecer dichas redes mediante programas de asistencia social (asistencialismo), dirigido no sólo a los simpatizantes del régimen, sino también a aquellos detractores que estén dispuestos a dejar de serlo. La segunda, dirigida al sector empresarial, micro, pequeño, mediano y grande, consiste en el establecimiento de control político mediante redes clientelares del tipo mercantilistas, dirigida a todos los empresarios que estén dispuestos a obtener, del Estado, beneficios ilegítimos, subsidios, concesiones y ventajas competitivas en detrimento del resto de agentes económicos, a saber, los ciudadanos.