Régimen copresidencial de Nicaragua intensifica la expropiación masiva
- Redacción Central
- hace 1 día
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El discurso gubernamental enfatiza que "nadie puede enriquecerse" a expensas del pueblo, reservando al sandinismo el rol de distribuidor de bienes y "oportunidades". Esta retórica, evocada en declaraciones de la comandataria Rosario Murillo, justifica las incautaciones como redistribución para programas sociales en vivienda, salud y educación. Sin embargo, críticos argumentan que beneficia a élites leales, como en las concesiones mineras chinas, en las universidades o en los nuevos barrios capitalinos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En el contexto de un sistema cada vez más centralizado bajo el mando de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, Nicaragua ha experimentado una serie de medidas que han transformado drásticamente el panorama de la propiedad privada. Estas acciones, enmarcadas en reformas legales y decretos ejecutivos, han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Desde la confiscación de bienes de disidentes políticos hasta la declaración de vastas zonas territoriales como dominio público, el Estado que controla el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha consolidado su control sobre recursos económicos y territoriales.
Desde el retorno al ahora Órgano Ejecutivo en 2007, el régimen Ortega-Murillo ha implementado una estrategia progresiva de apropiación de activos. Inicialmente enfocada en opositores políticos y organizaciones no gubernamentales, esta práctica se ha intensificado desde las protestas iniciadas en abril de 2018. Según un informe de Human Rights Watch (HRW) en su World Report 2025, el régimen ha exiliado a cientos de personas, incluyendo 452 nicaragüenses despojados de su nacionalidad entre 2023 y 2024, con confiscaciones asociadas a sus bienes. En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala, acompañados de la revocación de su ciudadanía y la incautación de sus propiedades por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Hasta mediados de 2025, según documentación de COYUNTURA, al menos 160 inmuebles pertenecientes a ciudadanos desnaturalizados, empresas, oenegés y medios de comunicación han sido tomados, valorados en más de 320 millones de dólares. Esto representa solo "la punta del iceberg" de las apropiaciones, que incluyen tierras, edificios, campamentos, fincas, complejos turísticos, viviendas particulares y activos financieros. Por ejemplo, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha recibido más de 110 propiedades confiscadas entre agosto de 2023 y julio de 2025, legitimando así las tomas ilegales mediante transferencias administrativas declaradas en La Gaceta - Diario Oficial.
Las víctimas abarcan un amplio espectro: desde entes como la asesinada Universidad Centroamericana (UCA), confiscada en agosto de 2023 por acusaciones de "terrorismo", hasta iglesias católicas y evangélicas, escuelas privadas y comunidades indígenas completas. La Sociedad de Jesús fue disuelta en 2023, con sus activos transferidos al Estado. El FSLN ha prohibido más de 5,500 oenegés, lo que resultó en la apropiación de sus instalaciones. Además, comunidades afrodescendientes en la costa caribeña han denunciado invasiones de tierras ancestrales, exacerbadas por la impunidad generalizada reportada por HRW.
En el ámbito judicial, una circular de mayo de 2025 obliga a los tribunales a coordinar con la Policía de Nicaragua antes de ejecutar incautaciones, lo que subordina el Órgano Judicial a las fuerzas de seguridad. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó en febrero de 2025 un diagrama funcional de confiscaciones, destacando un aumento acelerado desde abril del presente año. Estas medidas no solo afectan a disidentes, sino también a inversores, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) advirtiendo sobre la arbitrariedad en la aplicación de leyes que socavan la seguridad jurídica.
Una de las reformas más controvertidas ocurrió el martes 05 de agosto de 2025, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 1258, conocida como "Ley de Territorio Fronterizo". Esta normativa declaró como propiedad estatal una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país centroamericano, tanto terrestres como marítimas. Esto implica la estatización inmediata de tierras privadas, indígenas y comunales en regiones como la frontera con Costa Rica, Honduras y los litorales caribeño y pacífico. El sandinismo justifica esta medida como necesaria para la "seguridad nacional" y la "protección de la soberanía", pero críticos la describen como una confiscación masiva que afecta a miles de propietarios.
Esta ley otorga al Estado control absoluto sobre estas áreas, incluyendo la militarización y restricciones a la venta o uso de propiedades. La legislación impacta directamente en comunidades indígenas y afrodescendientes, exacerbando conflictos territoriales históricos. Propietarios extranjeros consultados por esta Redacción han expresado alarmas sobre la nacionalización inminente de sus tierras. Esta acción se alinea con patrones sandinistas históricos, donde sectores como banca, minería y agricultura fueron nacionalizados tras la Revolución Ciudadana de 1979, aunque ahora se enfoca en control territorial y armado más que económico directo.
Paralelamente, el miércoles 06 de agosto de 2025, se aprobó una reforma constitucional que crea la "Procuraduría General de Justicia", una entidad que amplía pero no remplaza las funciones de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. Esta nueva oficina, calificada por analistas como una "súper fiscalía", concentra poderes para investigar, acusar y confiscar bienes bajo pretextos de "traición" o "lavado de activos". Abogados detallan que esta reforma empodera a fiscales leales al régimen, intensificando la narrativa oficial de persecución contra opositores y entes no sumisos.
La ONU, en su informe A/HRC/58/26 de mayo de 2025, nota que estas reformas aceleran las apropiaciones de activos de opositores, familiares y organizaciones no lucrativas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido 13 medidas cautelares en 2024 para proteger a personas en riesgo, pero estas no han detenido las coacciones. En febrero de 2023, la Corte de Apelaciones de Managua ordenó por primera vez confiscaciones masivas, un patrón que se ha perpetuado hasta la fecha.
El jueves 21 de agosto de 2025, la embajada de EE.UU. en Managua emitió una alerta específica para ciudadanos estadounidenses, instándolos a reportar cualquier incautación, expropiación o restricción sobre propiedades adquiridas legalmente. Esta medida sigue a la Ley de Territorio Fronterizo, que el Departamento de Estado califica como "abusiva", mientras recomienda además reconsiderar viajes a Nicaragua debido a la aplicación arbitraria de leyes y riesgos de detención injusta.
A pesar de múltiples condenas internacionales, las quejas por el despojo de capitales significativos no han generado avances concretos. Expertos de la ONU llaman a acciones urgentes contra la "
represión que llega a nuevos niveles. La CIDH condenó en septiembre de 2024 la revocación de nacionalidad y confiscaciones a 135 personas. Sin embargo, reformas de diciembre de 2024 consolidaron el poder copresidencial, pavimentando mayor persecución. Asimismo, organizaciones como Freedom House destacan la gravedad de la persecución religiosa, con confiscaciones a iglesias y conventos. La UNESCO lamentó la salida de Nicaragua, citando confiscaciones a medios como La Prensa. A pesar de estas voces, el régimen profundiza lazos con Rusia, Venezuela, Honduras y China, ignorando presiones "injerencistas".
El marco retórico del gobierno "socialista" invoca principios sandinistas históricos, donde la riqueza privada se ve como incompatible con el bien común. Frases como "nadie puede enriquecerse" resuenan en discursos que enfatizan que solo el Estado, bajo el FSLN, distribuye recursos. Esto se remonta a la Revolución de 1979, donde nacionalizaciones buscaban redistribuir tierras y romper monopolios. Hoy, este ideario justifica apropiaciones, presentándolas como "recuperación" para el pueblo, aunque benefician a elites cercanas al poder, mientras se comen a su vez a sus propios funcionarios.
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