Confiscación total: régimen del FSLN "nacionaliza" 18,000 km² de tierras fronterizas en la mayor expropiación de la historia reciente de Nicaragua
- Redacción Central
- 7 ago
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La Ley 1258 representa mucho más que un cambio normativo. Es la institucionalización del despojo, la legalización de la arbitrariedad y el cerco definitivo a cualquier expresión de autonomía territorial o propiedad privada en las zonas fronterizas de Nicaragua. Bajo el disfraz de la seguridad nacional, la criolla monarquía Ortega-Murillo ha ejecutado otro golpe devastador a la seguridad jurídica, a la economía, a las comunidades indígenas y al orden constitucional.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En un movimiento sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua o Centroamérica, la dictadura matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó esta semana la mayor confiscación territorial de la era moderna en el país. La Asamblea Legislativa —plenamente subordinada al ahora Órgano Ejecutivo— aprobó de manera expedita la Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo, mediante la cual se nacionaliza una franja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de todas las fronteras terrestres de la nación. En la práctica, esto equivale a unos 18,000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de El Salvador, que pasan a ser "propiedad del Estado".
Una mega valla imaginaria ahora rodea Nicaragua, con la bandera del Frente Sandinista por delante.
La nueva ley no sólo deroga la Ley 749 de Régimen Jurídico de Fronteras aprobada en 2010, sino que anula cualquier salvaguarda previa a la propiedad privada, comunal o indígena en esa vasta franja. Su aprobación ha provocado una alarma generalizada entre economistas, líderes indígenas, empresarios, ambientalistas y defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre consecuencias devastadoras tanto en lo económico como en lo social, ambiental y jurídico.
La Ley 1258 declara que todo el territorio comprendido entre el límite fronterizo y los 15 kilómetros hacia el interior es ahora propiedad del Estado, bajo el argumento de "proteger" la soberanía, la seguridad nacional y la integridad territorial. El artículo 2 de la nueva normativa establece explícitamente que esta franja es del Estado, sin mención alguna a derechos adquiridos, compensaciones o mecanismos de consulta.
Franja confiscada: 15 kilómetros de ancho a lo largo de todas las fronteras terrestres de Nicaragua.
Extensión total nacionalizada: 18,000 km² aproximadamente —equivalente al 85.5 % del total del territorio de El Salvador (que mide 21,041 km²)—. Cubre casi el 15 % del territorio de Nicaragua (130,373 km²).
Límites afectados:
Frontera con Honduras (norte): 922 kilómetros.
Frontera con Costa Rica (sur): 309 kilómetros.
Total estimado de fronteras terrestres: 1,230 kilómetros.
Multiplicado por 15 kilómetros de ancho: 18,450 kilómetros cuadrados teóricos.
Para el economista y expreso político Juan Sebastián Chamorro, lo ocurrido representa "la mayor confiscación en un solo día en la historia de Nicaragua". Chamorro, expresidenciable opositor, ahora desnacionalizado y desterrado, calcula que más de 1,230 kilómetros de frontera, multiplicados por los 15 kilómetros que abarca la ley, equivalen al robo institucionalizado de decenas de miles de propiedades productivas, viviendas y reservas comunales.
"Esto afecta camaroneras, cultivos de naranja y café, tierras ganaderas, zonas turísticas y pueblos enteros como Jalapa, Somotillo, Cárdenas, San Juan de Nicaragua y San Carlos", explicó Chamorro. "Incluso propiedades de extranjeros y aliados del régimen están en riesgo", agregó.
A nivel macroeconómico, los efectos de esta ley son profundamente negativos. Economistas consultados por esta Redacción aseguran que el nuevo marco legal destruye por completo la seguridad jurídica sobre la propiedad privada, desincentiva la inversión y genera una incertidumbre generalizada en el sector productivo.
En el plano microeconómico, el impacto es igual de destructivo: los terrenos y bienes dentro de la franja fronteriza han quedado, de facto, inutilizables como garantías financieras. No pueden venderse, hipotecarse ni transferirse legalmente, y su valor de mercado se ha desplomado a niveles mínimos. "Una propiedad que no se puede vender ni usar como garantía, simplemente no tiene valor. Miles de familias y empresas verán sus balances colapsar. Y los bancos, nacionales y extranjeros, no podrán ejecutar préstamos respaldados por estos bienes", explica Chamorro.
Incluso sin que se produzca una expropiación física inmediata, el sólo hecho de que el Estado reclame la titularidad exclusiva de la tierra afecta el derecho de posesión, uso y usufructo. La ley tampoco aclara si las y los propietarios podrán continuar ocupando sus bienes, ni si deberán pagar alquileres al Estado para seguir haciéndolo.
En ese sentido, uno de los sectores más severamente afectados es el de los pueblos indígenas y afrodescendientes nicaragüenses. La Ley 1258 elimina toda mención a los regímenes especiales de propiedad comunal reconocidos anteriormente por leyes como la Ley 445, que declaraba inembargables, inalienables e imprescriptibles las tierras indígenas tituladas.
Expertos en derechos indígenas denuncian que más de 100 comunidades de las 304 con títulos reconocidos están dentro del área ahora "nacionalizada". En la zona norte destacan territorios como Li Lamni Tasbaika Kum, Wangki Li Aubra, Awas Tingni y Wangki Maya, mientras que al sur, el territorio Rama y Kriol ya ha sido impactado por concesiones mineras promovidas por la dictadura Ortega-Murillo.
"Estamos ante una ley diseñada para despojar legalmente a los pueblos originarios. Se elimina cualquier referencia a sus derechos. Ni siquiera mencionan la existencia de estos pueblos en el texto legal. Esto es un golpe letal a sus territorios y a su autonomía", declaró un especialista en anonimato. Además, esta medida se suma a la ya prolongada invasión de colonos en territorios indígenas, cuyas denuncias han sido ignoradas por el Estado y que han llevado al desplazamiento forzado y la criminalización de líderes comunitarios.
La ley anterior, la Ley 749, dividía la franja fronteriza en tres zonas: de desarrollo, de seguridad y de protección especial. Esta estructura permitía una cierta colaboración con el sector privado e incluía protecciones a territorios indígenas y reservas naturales. La Ley 1258 eliminó todas estas categorías y lo redujo todo a un control absoluto del Estado, representado ahora en la Copresidencia sandinista.
La franja pasa ahora a ser zona especial bajo vigilancia militar, lo que refuerza el poder del Ejército de Nicaragua en territorios estratégicos. Algunos analistas consideran que el verdadero objetivo es facilitar operaciones extractivas y megainversiones opacas, como las concesiones mineras en zonas protegidas o territorios indígenas, e incluso un control más estricto sobre el crimen organizado. El ambientalista desnacionalizado y exiliado, Amaru Ruiz, de Fundación del Río, señala que la ley surge como respuesta a un obstáculo legal que impedía la concesión de operaciones mineras a capitales chinos en la frontera sur. "Ya entregaron concesiones mineras en la Reserva Biológica Indio Maíz, dentro del territorio Rama y Kriol. Al darse cuenta de que violaban la ley fronteriza, el régimen cambió la ley de forma exprés. Es un mecanismo para consolidar el modelo extractivista por la vía de la confiscación", dijo a un medio local.
Ruiz también advirtió sobre la creación de nuevos puestos fronterizos —como en San Juan de Nicaragua, Sarapiquí o Papaturro— que facilitarán la logística para estos megaproyectos industriales.
La celeridad y opacidad con la que fue aprobada la Ley 1258 refuerzan las denuncias de que se trata de otra maniobra autoritaria y confiscatoria. La norma consta de sólo cuatro artículos, uno de los cuales deroga la Ley 749 y otro que permite su difusión en medios alternos sin que sea obligatorio su publicación en La Gaceta - Diario Oficial.
La ley no tiene reglamento, ni establece mecanismos de implementación, lo que deja a discreción del Ejecutivo su aplicación práctica. Esto genera un escenario de total inseguridad jurídica y humanitaria, donde la posesión o titularidad de una tierra dependerá enteramente del arbitrio de Daniel y Rosario.
Un empresario consultado que prefirió no revelar su identidad recordó que en 2010, el sector privado logró negociar que la zona de propiedad estatal se redujera a sólo cinco kilómetros. Con la Ley 1258, se ampliaron de manera unilateral los límites a 15 kilómetros, eliminando todo proceso de consulta, sin responder a una problemática ciudadana o social.
"Ni los aliados del régimen están seguros. Esta ley afecta a todos los actores económicos, desde pequeños productores hasta grupos corporativos. Y lo más grave: no hay institucionalidad para garantizar derechos o apelaciones", afirmó el dirigente empresarial.
Es por eso y más que la Ley 1258 representa la ruptura definitiva con el principio de respeto a la propiedad privada en Nicaragua, que había sido erosionado progresivamente desde la crisis social, política, institucional y humanitaria de abril de 2018. Con esta normativa, el Estado de facto se convierte en el único dueño de más del 15 % del territorio nacional, y todas las personas naturales o jurídicas que operaban en esas tierras han quedado en el limbo legal.
No hay claridad sobre qué sucederá con los cultivos en marcha, las viviendas familiares, los títulos indígenas, las inversiones extranjeras o las concesiones previas. Tampoco hay garantías de protección para quienes queden en posesión de sus bienes dentro de la franja. Lo que sí hay es un refuerzo del control territorial del régimen sandinista, una mayor militarización y la puerta abierta a megaproyectos extractivos sin restricciones legales ni sociales.
La historia juzgará el martes 05 de agosto de 2025 como el día en que la criolla monarquía Ortega-Murillo convirtió en papel mojado la propiedad privada en toda Nicaragua. Un día en que el autoritarismo se legalizó otra vez a través de la apropiación masiva del suelo nacional, borrando con una ley exprés todo vestigio de institucionalidad, diálogo, derechos y justicia, y creando una nueva frontera, de casi 20,000 kilómetros cuadrados, la que solo controla el FSLN y su Ejército.
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