Las sanciones internacionales, que incluyen restricciones financieras y prohibiciones de viaje, afectan también a instituciones clave como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), señaladas por facilitar actos represivos y/o consolidar el control del régimen.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha dado un paso más en su enfrentamiento con la comunidad internacional al presentar una iniciativa de ley que busca declarar nulas las sanciones extranjeras impuestas a funcionarios, instituciones y entidades relacionadas con su gobierno. La propuesta, titulada "Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas", fue enviada a la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, el pasado lunes 18 de noviembre de 2024, y podría entrar en vigor de inmediato tras su aprobación, luego de que hoy, miércoles 20 de noviembre, se oficializó la comisión de revisión y se inició su debate parlamentario.
La iniciativa llega en un momento de creciente aislamiento internacional del régimen sandinista, y junto a la reforma total de la Constitución y el sistema democrático de Nicaragua, que enfrenta sanciones por violaciones a los derechos humanos y ataques sistemáticos contra la democracia e institucionalidad en Nicaragua. Estas medidas restrictivas han sido implementadas por los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), la Unión Europea, Canadá, Suiza y otros países.
El artículo 4 de la propuesta establece que las sanciones impuestas por gobiernos u organismos internacionales serán declaradas "nulas y sin efecto jurídico alguno" dentro de Nicaragua. Esto incluye aquellas que impliquen restricciones económicas, financieras o comerciales, así como la negativa de servicios públicos o privados a los sancionados.
En un intento por minimizar el impacto interno de estas medidas, el proyecto de ley también ordena a las instituciones financieras locales restituir servicios a los sancionados. Esto podría implicar la devolución de fondos congelados o la autorización de transacciones previamente bloqueadas debido a las sanciones internacionales. Además, se contempla la posibilidad de imponer multas y sanciones a las instituciones nacionales que no acaten las disposiciones de la ley, llegando incluso a la suspensión de operaciones.
El proyecto subraya que las sanciones internacionales son "discriminatorias" y que atentan contra el derecho internacional, argumentando que buscan imponer intereses políticos y económicos foráneos sobre Nicaragua.
La presentación de esta ley ocurre apenas semanas después de que Suiza renovara, el martes 22 de octubre de 2024, sanciones contra 21 altos funcionarios del régimen, incluidos Rosario Murillo, ahora oficialmente copresidenta y esposa de Ortega, y tres de sus hijos. Estas medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada al país europeo, como respuesta a las graves denuncias de represión, corrupción y deterioro democrático en el país centroamericano.
De manera similar, la Unión Europea prorrogó en octubre sus sanciones hasta 2025, afectando tanto a individuos como a instituciones clave del régimen, como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). Por su parte, Estados Unidos ha intensificado su presión al restringir préstamos a Nicaragua por parte de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional.
De aprobarse, esta reforma no solo plantea un desafío directo a la comunidad internacional, sino que también podría generar tensiones con los sectores económicos y financieros nacionales. Las instituciones bancarias, por ejemplo, quedarían en una posición delicada entre cumplir con normativas internacionales o acatar las disposiciones locales bajo amenaza de sanciones.
Además, el artículo 6 de la iniciativa otorga a los sancionados el derecho a exigir resarcimiento por los daños sufridos debido a las restricciones, mientras el artículo 5 impone obligaciones a las entidades reguladoras del Estado para garantizar el cumplimiento de estas medidas.
Con esta ley, Ortega busca blindar a su círculo más cercano y a las instituciones clave de su régimen frente al creciente cerco internacional. Sin embargo, el impacto real de esta medida en el ámbito doméstico e internacional está por verse, ya que las sanciones, aunque simbólicas dentro del territorio nicaragüense, podrían seguir afectando las relaciones económicas y diplomáticas del país en el exterior.
La aprobación de esta ley refuerza la estrategia de Ortega de consolidar el control interno y minimizar las consecuencias legales y financieras de las sanciones, al tiempo que envía un mensaje de rechazo a las presiones extranjeras. Sin embargo, este movimiento podría intensificar el aislamiento de Nicaragua en la escena internacional y complicar aún más las condiciones para la reactivación económica y la gobernabilidad del país.
La propuesta de la "Ley de Protección de Los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas" ha generado una gran controversia, y analistas como Manuel Orozco, de The Inter-American Dialogue, la ven como una formalización de Nicaragua como un "estado forajido". La ley tiene como objetivo responder a las sanciones internacionales impuestas por varios países, en particular Estados Unidos, y parece ser una medida para contrarrestar las presiones externas contra el gobierno nicaragüense.
La idea de un "estado forajido" hace referencia a un país que actúa de manera desafiante frente a la comunidad internacional, desafiando las normas internacionales, el orden democrático y los derechos humanos. Orozco sugiere que esta ley profundiza el aislamiento de Nicaragua, al colocar al país centroamericano en una posición confrontativa frente a otras naciones, lo que podría empeorar aún más sus relaciones exteriores y perjudicar la situación interna de los nicaragüenses.
Este tipo de legislación también ha sido interpretada por algunos como una forma de consolidar el control del gobierno en lugar de buscar una solución diplomática o política con los actores internacionales. La acusación de "estado forajido" implica que Nicaragua podría estar rompiendo con las normativas y acuerdos que rigen las relaciones internacionales, lo cual podría tener implicaciones a largo plazo para su economía y estabilidad política.
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