Este martes 19 de noviembre, la Asamblea Legislativa de Nicaragua -controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-recibió una reforma constitucional histórica presentada por la Secretaría Jurídica del Poder Ejecutivo, encabezada por Claudia Curtis, miembro del equipo legal del sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. A pesar de que el contenido detallado de la reforma aún no ha sido oficialmente publicado, lo que se sabe hasta ahora señala un refuerzo autoritario del régimen sin precedentes, pero consecuente a sus acciones institucionales y jurídicas desde al menos 2014 con la primera reforma a la Carta Magna, con implicaciones profundas para el futuro político y estatal del país centroamericano.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Desde la mañana de hoy, miércoles 20 de noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa de Nicaragua debate una reforma constitucional impulsada por la administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, que promete redefinir el rumbo político e institucional del país centroamericano. En una sesión cargada de tensión, las y los legisladores del oficialismo, con mayoría absoluta, analiza hasta el cierre de este texto más de 200 cambios propuestos por el Poder Ejecutivo, mientras la oposición parlamentaria también sigue a viva voz las directrices del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La reforma, de más de 60 páginas, según verificación de COYUNTURA, introduce modificaciones significativas que consolidan el control de Ortega y Murillo sobre el aparato estatal y aseguran su continuidad política, familiar, autoritaria e ideológica. También se crea a "la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria", y se adjudica el control de todos los poderes del Estado a la Presidencia, en manos de Ortega desde 2007. Entre las disposiciones más destacadas se encuentran:
Establecimiento de la copresidencia: Se oficializa a Rosario Murillo como co-presidenta, dándole igual estatus que a Ortega, con mandatos de seis años.
Extensión del período presidencial: De cinco a seis años, lo que representa un cambio sin precedentes que allana el camino para un gobierno aún más prolongado.
Traición a la patria en el artículo 1: Se amplía la definición de este concepto, criminalizando con mayor alcance las acciones de disidencia.
Bandera del FSLN como símbolo nacional: Un movimiento que mezcla partidismo con símbolos patrios, reforzando la identidad del régimen.
Supeditación de todos los poderes del Estado: Se formaliza en la Constitución la subordinación de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral al Ejecutivo.
Incorporación del dogma multipolar: Se reconoce en la Constitución una visión ideológica alineada con potencias como Rusia y China, en oposición a Occidente.
Demanda histórica contra Estados Unidos: Se incluye la vigencia de la reclamación presentada en los años 80 por las políticas intervencionistas estadounidenses.
Analistas y opositores coinciden en que esta reforma es una respuesta al conflicto familiar sobre la sucesión dinástica en el régimen Ortega-Murillo. Con la copresidencia formalizada, Rosario Murillo Zambrana asegura su continuidad como figura clave, incluso ante una eventual falta de Ortega. "Esto es la consolidación de un modelo autoritario que ya existía de facto. Lo que están haciendo ahora es formalizar lo que lleva más de una década operando en Nicaragua", señala el politólogo centroamericano Ramón Gutiérrez.
Los críticos también ven con preocupación la extensión del período presidencial. "Primero un año más, ¿y luego? Esto parece ser el inicio de un modelo de perpetuidad similar al que otros líderes autoritarios en la región han intentado implementar", añadió.
El debate en la Asamblea Nacional transcurre bajo un ambiente controlado. Las y los legisladores oficialistas, liderados por Gustavo Porras, presidente del Poder Legislativo, han defendido la reforma como una "actualización necesaria" para adaptar el país a los "nuevos tiempos" y garantizar la estabilidad política y económica.
"Evolución. Revolución", dijo Porras.
"No se trata de gobernar, sino de eternizarse. Esto es un golpe a la democracia y al futuro del país", expresó una abogada opositora que pidió anonimato por temor a represalias, quien analiza al cierre de este texto un documento filtrado a esta Redacción, todavía no oficializado por ningún ente estatal de Nicaragua.
Las redes sociales y las calles reflejan opiniones divididas. Los partidarios del régimen celebran la reforma como un paso hacia la "fortalecimiento de la revolución", mientras que voces críticas la describen como el golpe final a la democracia nicaragüense. "Aquí nos meten el mono con un año más; el próximo serán dos, y así hasta que mueran ellos", comentó un activista opositor bajo la condición de anonimato por seguridad.
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