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Te explicamos: qué es el fuero parlamentario, qué protege y cómo LIBRE lo usa para maquillar el escándalo más reciente en Honduras

Actualizado: hace 1 día

En medio del escandaloso desvío de fondos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) intenta desviar la atención con una maniobra simbólica: la renuncia "voluntaria" al fuero parlamentario y la propuesta de eliminarlo. Pero, ¿qué es exactamente el fuero parlamentario, qué cubre y por qué esta estrategia no tendría efectos legales inmediatos sobre los delitos de corrupción, particularmente en el caso de la congresista Isis Cuéllar?


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Tegucigalpa, Honduras
Poder Legislativo hondureño, en abril de 2025 | Fotografía cortesía
Poder Legislativo hondureño, en abril de 2025 | Fotografía cortesía

¿Qué es el fuero parlamentario?


El fuero parlamentario —también llamado inmunidad legislativa, o simplemente inmunidad— es una prerrogativa constitucional que protege a las y los diputados de ser procesados penal, civil o administrativamente por actos relacionados estrictamente con su función legislativa, sin autorización previa del Congreso, según la Constitución hondureña y expertos consultados por COYUNTURA.


Objetivos:


  • Garantizar la independencia del Poder Legislativo frente a presiones políticas o judiciales.

  • Proteger la libertad de expresión y el debate en el Congreso.

  • Evitar el uso de acusaciones como método de persecución política.


Marco legal en Honduras


El fuero se sustenta en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. En particular, el artículo 10-A (reforma del decreto 117‑2019) establece que:


"Cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la función legislativa no acarrea responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participen de dicho proceso parlamentario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 numeral 3 de la Constitución de la República, siendo el pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar cada caso concreto y las consecuencias de la infracción".

Esto significa que para procesar a un diputado debe realizarse un desafuero mediante votación del pleno o que el delito sea cometido in fraganti. Ese poder no lo tiene un partido político desde su Secretaría General, o menos un candidato presidencial, por lo que cualquier "suspensión" anunciada por otro ente que no sea el parlamento hondureño carece de efectos legales reales sobre la inmunidad parlamentaria o el avance de investigaciones penales.


Inmunidad "disfrazada" e inconstitucionalidad


Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya declaró en dos fallos claves —sentencias SCO-0099-2018 y SCO-0588-2018 RI— que reformas como estas son inconstitucionales.


Estos fallos concluyeron que:


  • La reforma a la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Fondo Departamental crearon una inmunidad parlamentaria disfrazada para encubrir la corrupción.

  • Subrogaron funciones del Ministerio Público y el Poder Judicial, otorgando al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la potestad de suspender investigaciones penales hasta emitir finiquitos, lo cual es inconstitucional.

  • Violaron los artículos 60, 232, 304, 313 y 96 de la Constitución, afectando derechos fundamentales como la igualdad ante la ley y el debido proceso.

  • La Corte advirtió que estas normas trastocaban el equilibrio de poderes y generaban una impunidad directa sobre el uso indebido de fondos públicos bajo el disfraz de proyectos sociales.


En resumen, según esta jurisprudencia, ningún fuero parlamentario puede cubrir delitos como la malversación de fondos o corrupción administrativa, por mucho que el Congreso Legislativo apruebe leyes que intenten blindar esos actos.


El miércoles 18 de junio de 2025, la todavía vicepresidenta del Congreso Legislativo, Isis Cuellar (a la derecha), junto a la presidenta Xiomara Castro y autoridades de la SAG e ICF, lanzó en Quezailca, Copán, Honduras, el proyecto Agrobosque, la mayor iniciativa de su tipo en América Latina, que pretende entregar 30 millones de plantas de café a más de seis mil familias productoras | Fotografía cortesía
El miércoles 18 de junio de 2025, la todavía vicepresidenta del Congreso Legislativo, Isis Cuellar (a la derecha), junto a la presidenta Xiomara Castro y autoridades de la SAG e ICF, lanzó en Quezailca, Copán, Honduras, el proyecto Agrobosque, la mayor iniciativa de su tipo en América Latina, que pretende entregar 30 millones de plantas de café a más de seis mil familias productoras | Fotografía cortesía

La maniobra de LIBRE


El viernes 04 de julio de 2025, en Tegucigalpa, la bancada del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) anunció públicamente su intención de renunciar al fuero parlamentario y presentar una reforma legal para eliminarlo completamente. Lo hicieron en el contexto de acusaciones por desvío de fondos públicos por parte de la diputada Isis Cuéllar, quien fue "suspendida", en un intento por desligarse de ella y del escándalo, cuyas magnitudes todavía son inciertas pero que apuntan al desvío de capital estatal para la campaña presidencial de la socialista Rixi Moncada desde el partido de gobierno.


Aunque LIBRE busca presentar esta medida como un acto de transparencia, el contexto y la jurisprudencia previa muestran que esta "renuncia" no solo es simbólica, sino legalmente irrelevante frente a delitos como corrupción cometidos al menos desde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), pues:


  • Estos delitos no están cubiertos por el fuero.

  • Las leyes que intentan blindar la corrupción mediante la inmunidad parlamentaria ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.

  • El Ministerio Público puede investigar a Cuéllar, a Rasel Tomé, a Xiomara Hortencia, a Jorge Cálix, y a todos los diputados implicados por el mal manejo del ahora llamado Fondo Social sin necesidad de levantar el fuero legislativo.


Legalmente, el fuero parlamentario no protege delitos de corrupción ni el mal uso de fondos públicos. Pero en la práctica, LIBRE y otros partidos como el Partido Nacional (PNH) y el Partido Liberal (PLH) han intentado manipularlo para crear escudos legales, pese a que la Corte Suprema ya los ha invalidado.


La "renuncia" anunciada por LIBRE es, en esencia, una cortina de humo: ni era necesaria para los delitos en cuestión, ni tiene efectos jurídicos inmediatos.


El verdadero reto sigue siendo político, institucional y judicial: que el Ministerio Público y la Corte Suprema actúen con independencia, más allá de las maniobras legislativas.



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