Sacudirse las pulgas no basta: las maniobras del oficialismo de Honduras para salir "ileso" del "sedesolazo"
- Jairo Videa
- 5 jul
- 9 Min. de lectura
Libertad y Refundación (LIBRE) recurre a maniobras simbólicas frente al más reciente escándalo de corrupción estatal en la era de Xiomara Castro, que expone el desvío de fondos públicos para financiar, principalmente, la campaña presidencial de Rixi Moncada. La supuesta suspensión de Isis Cuéllar —vicepresidenta del Congreso, subjefa de bancada, coordinadora departamental y candidata a la reelección—, junto con la "cancelación temporal" del polémico fondo social, encabezan una serie de medidas que, en realidad, carecen de efectos legales inmediatos. El oficialismo también anunció su "renuncia" al fuero parlamentario y propuso su eliminación legal, pese a que este privilegio no cubre delitos como la malversación de caudales públicos.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras

Honduras atraviesa un nuevo conflicto político e institucional que amenaza con erosionar aún más y más la legitimidad del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en pleno año electoral. Lo que inició como un escándalo focalizado en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por el uso discrecional de fondos públicos, ha evolucionado hacia una compleja red de corrupción que, según expertos, economistas, abogados y sectores políticos de oposición consultados, involucra directamente a altos cuadros del Estado, al Congreso Legislativo y a la campaña presidencial de la socialista Rixi Ramona Moncada Godoy, exministra de Finanzas y de Defensa durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.
En el epicentro se encuentra por mucho la diputada por Copán y todavía vicepresidenta del Congreso Legislativo, Isis Carolina Cuéllar, quien fue grabada —por ella misma— confesando el desvío de fondos públicos para financiar actividades partidarias de LIBRE. Cuéllar, una de las figuras más visibles de la bancada oficialista, confirmó en el audio que entregó dinero a estructuras del partido para apoyar la campaña de Moncada, quien se ha desligado públicamente de ella, meses después de hacer propaganda juntas en eventos partidarios y estatales.
Más de dos semanas después de la publicación del llamado "chequevideo" que comenzó a ilustrar el gigantesco caso del "sedesolazo", el partido de gobierno reaccionó este viernes 04 de julio de 2025 con una estrategia de control de daños. En una conferencia convocada con premura, la secretaria general de LIBRE, la congresista Xiomara Hortensia Zelaya —hija de la presidenta Castro y del coordinador general de LIBRE, José Manuel Zelaya Rosales, exmandatario y actual asesor del Ejecutivo— anunció la "suspensión inmediata" de Cuéllar de todos sus cargos: vicepresidencia del Congreso, jefatura de bancada, coordinación departamental y su candidatura a la reelección.
Pero la medida no calmó las aguas. La oposición, encabezada por el Partido Nacional (PNH), no tardó en denunciar que la "suspensión" de Cuéllar no constituye un acto de rendición de cuentas, sino un intento de encubrir una estructura de corrupción sistemática. "LIBRE intenta disfrazar su corrupción con conferencias y sanciones simbólicas. Pero Honduras no necesita humo: exige justicia", sentenció el Comité Central del Partido Nacional en un comunicado titulado "Libertad y Refundación: humo para ocultar su corrupción".
Mil millones en camisetas, lealtades y banderas
Según ese mismo comunicado, SEDESOL habría desviado, en un período de apenas tres meses, cerca de mil millones de lempiras (más de 40 millones de dólares) destinados a programas sociales, transformándolos en insumos proselitistas como camisetas, banderas, bonos y ayudas selectivas entregadas por diputados oficialistas. Aunque desde el Ministerio Público (MP) se ha confirmado que se abrió una investigación preliminar, el pronunciamiento del Partido Nacional exige actuaciones concretas, como la judicialización inmediata de los responsables y la divulgación pública del listado completo de implicados.
Los datos respaldan la dimensión del escándalo: un análisis del diario hondureño La Prensa revela que, solo entre 2023 y 2024, las y los diputados gestionaron más de 1,500 millones de lempiras, mediante diferentes entidades estatales. De ese monto, 947 millones de lempiras fueron canalizados por la Secretaría de Gobernación, 363 millones de lempiras por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), y 245 millones de lempiras por SEDESOL. Aún se desconoce el paradero de otros 29 millones de lempiras, sin informes públicos sobre su uso o destino.
Xiomara Castro ordenó —en medio de la conmemoración del golpe de Estado de 2009 contra su esposo, Manuel Zelaya— una revisión "exhaustiva" de documentos, revelando así que al menos 255,155,209 lempiras fueron gestionados y autorizados por el Congreso Legislativo hondureño el último año para ser utilizados por unos 60 diputados de LIBRE, principalmente, y otro grupo de menos de 10 legisladores opositores. Por otro lado, en la charla filtrada, Cuéllar afirma haber entregado kits de sonido, sillas, carpas, mesas y equipos de sublimado —valorados en más de 125 mil lempiras cada uno— a 15 coordinaciones de LIBRE. La compra de esos materiales habría sido financiada, según su propio testimonio, con cheques otorgados por el ahora exministro de la Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona.
Analistas consultados por COYUNTURA estiman que entre 300 y 400 millones de lempiras de esos fondos públicos habrían sido redirigidos de manera directa o indirecta para financiar la campaña presidencial de Rixi Moncada y la estructura electoral oficialista, en particular el Movimiento 28 de Junio (M28), brazo político clave de LIBRE, al que pertenece Xiomara Hortencia y el también congresista oficialista Luis Redondo, jerarca del directorio parlamentario.
La ruta del dinero: bonificaciones, cheques fantasmas y patronatos intermediarios
Los mecanismos de desvío involucraban supuestas ayudas sociales, programas para emprendedores y fondos de inversión municipal. Sin embargo, documentos obtenidos y analizados por la prensa nacional revelan que el dinero sirvió para otros fines: bonos navideños, subsidios directos para líderes comunitarios aliados a LIBRE y cheques para casas que nunca fueron construidas en Copán.
En el caso de Cuéllar, se calcula que entre 2023 y 2024 gestionó al menos 38.7 millones de lempiras, convirtiéndose en la diputada con el mayor monto tramitado en todo el Congreso Legislativo.
De 65 ayudas sociales gestionadas por Cuéllar a través de SEDESOL, el 94 % —es decir, 61 expedientes— presentan algún tipo de anomalía. Además de las duplicidades en las cotizaciones para viviendas, se identificó un segundo patrón de solicitudes dirigidas a emprendimientos, en los que también se reciclan documentos y justificantes. Ahora bien. De los más de 6.5 millones de lempiras gestionados por la diputada para su departamento solo en el año fiscal 2024, 2.1 millones se destinaron a reparación de viviendas (21 casos), 1.4 millones para renta de mobiliario (14 casos), 1.2 millones para ventas de plásticos (12 casos), y unos 180 mil lempiras para negocios de sublimación (9 casos), estos últimos vinculados directamente a las declaraciones filtradas.
Además, se ha denunciado que algunos beneficiarios registrados en los programas de Administración Solidaria no cumplían con el perfil de ciudadanos en situación vulnerable, y que varios funcionarios con salarios superiores a 60,000 lempiras mensuales fueron incluidos como beneficiarios. De hecho, hasta la fecha no existe documentación pública que justifique qué emprendimientos se apoyaron, ni cómo se invirtieron los fondos recibidos, gestionados directamente por entidades estatales, controladas por la administración de Castro.
Según fuentes legislativas y gubernamentales, Cardona habría autorizado la entrega de 113 millones de lempiras en bonos, y se acusa a patronatos y oenegés locales de facilitar el "lavado" de dichos fondos en nombre de la asistencia social.
Una estructura de cleptocracia
El analista Graco Pérez sostiene que lo ocurrido con SEDESOL es apenas una muestra del "andamiaje institucional diseñado para desviar fondos públicos bajo la fachada de ayuda comunitaria". Pérez apunta a una red de colusión entre el Ejecutivo y el Legislativo, y cuestiona la negativa del gobierno a permitir la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), la mayor promesa de campaña de Castro para llegar a la Presidencia en 2021. "Esto no es simple corrupción. Es una cleptocracia. No quieren a la CICIH porque ya se tendrían los nombres de todos los involucrados", declaró.
Por su parte, el historiador Juan Ramón Martínez denunció la consolidación de un "Estado clientelar" basado en la compra de lealtades y favores. "Es inadmisible que los diputados administren dinero. Si no se corrige, el país caminará hacia el caos e ingobernabilidad", afirmó.

Por otro lado, Lester Ramírez, abogado e investigador, fue aún más directo: "estamos frente a un patrón sistemático de malversación que no se limita a SEDESOL. Cualquier institución que maneje fondos sociales puede estar comprometida". A su juicio, se trata de una reproducción del esquema de corrupción que en su momento operó desde el Partido Nacional, durante el régimen del expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una histórica condena en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) de 45 años de cárcel por tráfico y uso de drogas y armas.
¿Cortina de humo o intento de depuración?
Desde el oficialismo, se insiste en que se están tomando medidas. Además de la suspensión interna de Cuéllar, LIBRE anunció la "cancelación inmediata" del uso de fondos sociales por parte de sus diputados, exigió al MP actuar sin dilación y convocó a sus bases a una movilización nacional para exigir castigo a los corruptos. En este caso, ellos, al ser la gran mayoría de los gestores de los fondos en cuestión.
Xiomara Hortensia Zelaya fue enfática: "a los diputados que se les compruebe la desviación de fondos se les debe inhabilitar permanentemente de participar en cargos de elección popular". Rixi Moncada, por su parte, aseguró que su campaña no tolerará corrupción "de nadie, menos aún de miembros de nuestro partido".
Sin embargo, la oposición, analistas, abogados y organizaciones de sociedad civil consideran insuficientes y hasta "absurdas" esas declaraciones, y recuerdan que LIBRE no puede por sí solo suspender a un diputado de sus funciones legislativas, ni eliminar el fuero parlamentario sin un voto calificado de 86 congresistas.
Además, señalan que los caudales sociales en realidad son una versión maquillada del extinto Fondo Departamental, que fue eliminado en papel en 2023, pero redistribuido entre secretarías estatales como SEDESOL, Gobernación, FHIS, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) —cuyo jerarca niega la ejecución de fondos en el último año por exceso de funciones y proyectos— y Educrédito. El uso de estos recursos estuvo y está siempre sujeto a la intervención directa de los diputados, bajo el pretexto de promover "el Estado socialista y democrático".
¿Y el Ministerio Público?
A pesar de las pruebas públicas, incluyendo la filtración de Cuéllar, la Fiscalía aún no ha iniciado acciones judiciales firmes ni ha anunciado requerimientos fiscales contra todos los diputados implicados en más de una lista, más allá de una retención de documentos de SEDESOL a nivel nacional. ¿Investigan a la diputada Cuéllar o al exministro Cardona? Tampoco se ha publicado un listado oficial de los beneficiarios o gestores de los fondos cuestionados.
"Después de muchas personas que gozaron de canchas y reparaciones menores en escuelas y carreteras, el gran beneficiado sin duda es Libertad y Refundación. Los diputados de esa bancada 'soltaban billete' con cartas ilógicas que sirven de justificante, a una sola persona en más de una ocasión y bajo la discrecionalidad absoluta del beneficiador y el beneficiado, quizás en pleno conocimiento de estar cometiendo un delito o al menos una incongruencia en el uso de recursos públicos", explicó una periodista de investigación consultada bajo anonimato, quien ha revisado documentos oficiales sobre el caso del "sedesolazo".
El ministro de Gobernación, Tomás Varquero, se deslindó del manejo de los recursos y defendió la legalidad de los procedimientos: "no manejamos fondos ni subvenciones, solo facilitamos su canalización. Si hay investigación, tenemos todos los informes". En 2023, dicha cartera estatal desembolsó 6.5 millones de lempiras solamente a la organización social Ayudando con Amor para kits escolares sobrevalorados, algunos de los cuales costaron 4,300 lempiras e incluían apenas útiles básicos, sin mochilas.
Otra crisis que apenas comienza
La ofensiva comunicacional de LIBRE, que intenta retratar la suspensión de Cuéllar como una muestra de firmeza contra la corrupción, ha sido recibida con escepticismo, porque sin duda es más una estrategia para "lavar la imagen" del oficialismo. Para muchos, es una purga única para sacrificar a una pieza visible y salvar a toda la estructura.
La exigencia central de múltiples sectores ahora es una: que el Ministerio Público actúe de forma independiente, con procesos penales sólidos, allanamientos, aseguramientos y rendición de cuentas efectiva. La narrativa oficial ya no basta. Los gritos de Moncada ya no son suficiente. Hasta a ella y cómo ha financiado su carrera por la Presidencia hondureña debería investigar la Fiscalía.
La verdadera prueba del gobierno de Xiomara Castro no está en expulsar a una diputada, sino en desmantelar una maquinaria clientelar que, hasta hoy, sigue intacta, beneficiando todavía al sistema del oficialismo, que quiere quedarse en el Ejecutivo a cualquier costo. De no hacerlo, el legado de LIBRE podría quedar sepultado bajo las mismas prácticas de corrupción que juró erradicar.
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