El velo de misterio que rodea la desaparición y muerte de Dione Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz solo intensifica la urgencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades hondureñas, quienes la mañana de este jueves 11 de enero, en el oficialista UNE TV, señalaron que "ya hay un plan nacional de 10 años, que comienza por educar". El país centroamericano se enfrenta a un momento crucial en su lucha contra la violencia de género, y la sociedad espera que estas tragedias no queden impunes y que se implementen medidas significativas para proteger a las mujeres. Otra muestra de la urgencia es la reapertura de la investigación de la muerte de Sherill Hernández, quien fue agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). La "tolerancia social a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes", dice Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos, es necesario afrontarla.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
En los primeros diez días de 2024, Honduras se enfrentó a una escalofriante realidad que evidencia la cruda violencia de género que persiste en el país centroamericano. Al menos doce mujeres perdieron la vida de manera violenta, y el triple femicidio de Dione Beatriz Solórzano, María Antonia Cruz y Nikendra McCoy en Islas de la Bahía ha desatado la consternación, el luto y, al mismo tiempo, ha revelado la aparente inoperancia de las autoridades judiciales. Las tres jóvenes desaparecieron en la madrugada del domingo 07 de enero del corriente año y fueron encontradas sin vida la noche del martes 09, dentro de un vehículo en una propiedad privada en el sector de French Cay. Las autoridades identificaron a Gilbert Reyes Bermúdez, ciudadano estadounidense y expareja de Dione Beatriz Solórzano, como el principal sospechoso.
Reyes Bermúdez, quien tenía programada su salida del país antes de fin de año, regresó de manera apresurada el lunes 08 de enero para tomar un vuelo hacia Miami. Sin embargo, su salida se vio afectada por un retraso, lo que resultó en el pago de una multa impuesta por la aerolínea.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Nacional han señalado la falta de evidencia inmediata de violencia en la escena del crimen. Aunque se alega la ausencia de rastros de sangre, orificios de arma de fuego o lesiones punzocortantes, la llegada tardía del equipo médico forense ha desatado críticas por parte de organizaciones de mujeres, como Ecuménicas por el Derecho a Decidir. Ana Ruth García, coordinadora de esta organización, cuestionó la falta de acciones inmediatas para preservar la escena del crimen y sugiere la posibilidad de utilizar recursos, como helicópteros, para evitar la contaminación del lugar. La demora en la llegada del equipo policial también ha sido justificada por el ministro de la Secretaría de Seguridad, quien mencionó el cierre del aeropuerto como impedimento.
Fueron necesarios, para escudriñar la escena en la que encontraron los cadáveres de las tres hondureñas, durante todo el miércoles 10 de enero, 16 especialistas en ciencias forenses, según contabilizó el equipo de COYUNTURA.
Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad de Honduras, confirmó que en el grupo también estaba un fiscal de Tegucigalpa. Fueron trasladados vía aérea desde la capital. Los cuerpos de Dione, María y Nikendra serán entregados a sus familiares la mañana de este jueves 11 de enero de 2024, según información corroborada por este medio.
Con la confirmación de que el principal sospechoso, Gilbert Reyes Bermúdez, abandonó el país en un vuelo comercial hacia los Estados Unidos de América (EE.UU.), diversas organizaciones de mujeres y feministas han instado al Estado de Honduras a solicitar su extradición para facilitar el proceso de investigación. Según el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina García, existe un apartado en dicho acuerdo en donde se estipula la extradición por el delito de asesinato.
Llamados a la reforma legal
García instó, a través del medio independiente Criterio.hn, a realizar reformas al Código Penal para establecer la cadena perpetua como condena para el delito de femicidio. Argumenta que esta medida disuasoria podría hacer que los potenciales femicidas piensen dos veces antes de cometer tan atroces actos. Sin embargo, esta hipótesis lamentablemente no está sustentada en números locales.
El impacto de la violencia de género no se limita a las víctimas directas. Las tres mujeres asesinadas dejaron a sus familias en la desesperación. Dione Solorzano, María Antonia Cruz y Nikendra McCoy eran madres, y ahora, sus hijos e hijas enfrentan la orfandad.
En un país donde no se tiene un registro oficial de cuántos niños, niñas y adolescentes quedan huérfanos debido al feminicidio, la tragedia se suma a una realidad ya desgarradora.
En 2018, por ejemplo, se estimó que los asesinatos de mujeres en Honduras dejaron a 15,174 niñas y niños huérfanos, resaltando la profundidad del problema.
La noticia de estos violentos sucesos ha resonado no solo a nivel nacional sino también en la comunidad internacional y en la sociedad civil. Alice Shackelford, coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, ha expresado su consternación y la necesidad de poner fin a la violencia de género en el país. Shackelford ha enfatizado en varios medios de comunicación y en un mensaje en sus redes sociales digitales que Honduras sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para las mujeres, con altas tasas de feminicidio que requieren medidas urgentes.
El contexto de violencia contra las mujeres en Honduras no es nuevo, y diversas organizaciones han abogado por reformas legislativas. En marzo de 2022, en el Día Internacional de la Mujer, se presentó a la presidenta Xiomara Castro la propuesta de Ley de Prevención de Violencias contra la Mujer. Sin embargo, las organizaciones denuncian que esta propuesta no ha recibido la atención y urgencia necesarias.
Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil, señaló al equipo de Criterio.hn que los femicidios se han convertido en un problema de seguridad nacional que requiere intervenciones urgentes e interseccionales. Lamenta que las autoridades no han priorizado la lucha contra la violencia de género, a pesar de la grave situación que enfrenta el país.
El discurso oficialista, replicado la mañana de este jueves 11 de enero de 2024 en el medio de comunicación ideológico UNE TV, se centra, tras el triple femicidio de esta semana, en subrayar que la violencia machista y femicida en Honduras es una "circunstancia" relacionada a varios factores, pero que ahora es prioridad la lucha contra la "tolerancia social a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes". Se trata de "educar", dijeron Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos, y Maritza Gallardo, subsecretaria de la Secretaría de Asuntos de la Mujer.
Gallardo también señaló que en el país ya se implementa una estrategia de 10 años contra la violencia sistemática y hacia las mujeres. Sin dar más detalles, dijo que eso incluye la sensibilización de las y los funcionarios públicos y judiciales. También de la Policía Nacional y la ciudadanía en general.
Llamado de la ONU y persistencia de la violencia
Shackelford, coordinadora residente de la ONU en Honduras, ha instado a poner fin a los asesinatos de mujeres y ha destacado la necesidad de levantar la voz contra esta violencia persistente. La ONU seguirá abogando por la eliminación de la violencia de género en el país, aunque la normalización de esta violencia sigue siendo motivo de preocupación.
El misterio que rodea la desaparición y ejecución de las tres mujeres mencionadas al inicio de este texto agrega un nivel adicional de complejidad a este caso. Aunque se ha identificado a un sospechoso, la falta de información sobre los motivos y circunstancias exactas plantea interrogantes. Las críticas hacia la investigación policial se centran en la falta de prontitud en el levantamiento de la escena del crimen y la demora en la llegada del equipo médico forense. Organizaciones de mujeres insisten en la necesidad de mejorar los procedimientos para garantizar investigaciones efectivas y justas.
Las estadísticas revelan un panorama desolador en cuanto a la impunidad en casos de violencia de género en Honduras. En 2023, de las 380 muertes violentas de mujeres registradas, el 42.1 % aún se encuentra en proceso de investigación debido a la falta de información sobre las causas de la muerte. Sánchez, en ese caso, destacó la necesidad de fortalecer las investigaciones desde el Ministerio Público en casos de violencia contra las mujeres. La impunidad en femicidios y muertes violentas de mujeres se sitúa en un alarmante 95 %, subrayando la falta de avances reales en la búsqueda de justicia.
La falta de recursos y capacidad del Ministerio Público para ejercer la acción penal de manera efectiva y eficiente se señala como otro obstáculo significativo. Organizaciones de mujeres instan hasta la fecha a realizar evaluaciones internas para determinar las deficiencias institucionales y abogar por estrategias más efectivas.
En ese sentido, María Milla, coordinadora de 100 + Mujeres, enfatizó en su momento la urgencia de abordar las fallas institucionales y criticó la concentración del Ministerio Público en delitos financieros en detrimento de la violencia contra la mujer.
Honduras ostenta el triste título de ser el país más peligroso para las mujeres, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Con una tasa de seis femicidios por cada 100,000 mujeres, la normalización de la violencia de género persiste a pesar de las alarmantes cifras.
La tragedia de las tres jóvenes asesinadas en Islas de la Bahía pone de manifiesto la urgencia de acciones efectivas y la necesidad de un enfoque interseccional para abordar la violencia de género en Honduras. La normalización de estos crímenes debe ser desafiada con medidas concretas, reformas legales y un compromiso real por parte de las autoridades. El llamado de la comunidad internacional y las organizaciones de mujeres es claro: es hora de poner fin a la impunidad, mejorar las investigaciones, implementar reformas legales y priorizar la erradicación de la violencia de género en Honduras. El país enfrenta un desafío grave, pero la acción colectiva y el compromiso real pueden marcar la diferencia en la protección de las mujeres y la construcción de un futuro más seguro e igualitario.
Reabren investigación sobre muerte de agente de la ATIC: Ministerio Público busca nuevos elementos para esclarecer el caso
La noche de ayer, miércoles 10 de enero de 2024, el Ministerio Público anunció la reapertura del caso relacionado con la muerte de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancia, ocurrida el 11 de julio de 2018 en Santa Rosa de Copán. A través de un comunicado de prensa compartido en redes sociales, el ente acusador estatal expresó que la decisión se tomó con el objetivo de buscar nuevos elementos que conduzcan a una conclusión más precisa del caso.
El MP señaló que las investigaciones previas motivaron la iniciación de nuevas indagaciones, abriendo así otras líneas de investigación que requieren un análisis detenido. En consecuencia, se anuló la resolución emitida por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) del 26 de septiembre de 2019, la cual cerraba la causa al atribuir la muerte de Hernández Mancia a un suicidio.
La nueva investigación contará con la colaboración de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, quienes junto a los equipos fiscales llevarán a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos en cuestión. El Ministerio Público reafirmó, en dicho comunicado, su compromiso de trabajar de manera responsable y contundente en la resolución de todos los casos investigados.
Cabe recordar que, inicialmente, el fallecimiento de la agente de la ATIC fue declarado como suicidio por el fiscal general del MP, Óscar Chinchilla, y el exdirector de la ATIC, Ricardo Castro. Sin embargo, la entonces directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, sugirió que la causa de la muerte fue homicidio, denunciando irregularidades en el manejo de la escena del crimen. Estas afirmaciones llevaron a su cese en noviembre de 2019, mientras el MP insistía en cerrar el caso como un suicidio. Versiones externas, como la del portal argentino Infobae, indicaron que la agente fue víctima de un asesinato ordenado por "Tony" Hernández -hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora detenido en EE.UU.- y "Chande" Ardón, con el propósito de detener las investigaciones que ella llevaba a cabo. Estas indagaciones estaban vinculadas a narcotraficantes cercanos al exmandatario hondureño, y su muerte coincidió con el secuestro de documentos de la alcaldía de El Paraíso, Copán, que Ardón continuaba controlando a través de su hijo y otros socios.
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