El "número mágico" y la disputa por el control institucional: el juicio político que divide al Congreso hondureño
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El escenario actual combina presión social, disputas institucionales y negociaciones políticas en curso. Por un lado, organizaciones civiles y sectores académicos exigen acciones inmediatas para restablecer el Estado de Derecho. Por otro, el Congreso Legislativo opera bajo una lógica de cálculo que prioriza asegurar los votos antes de activar cualquier mecanismo.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
La posibilidad de activar juicios políticos en Honduras se ha convertido en el epicentro de una disputa que combina aritmética parlamentaria, presión social y señalamientos cruzados sobre el uso del sistema judicial. En el fondo del debate no solo está la eventual destitución de altos funcionarios, sino la credibilidad institucional de un Estado tensionado por intereses políticos, incertidumbre y una creciente exigencia ciudadana. COYUNTURA analiza acá la situación.
La barrera de los 86 votos
El analista en derecho penal Keneth Madrid sitúa el punto de inflexión en una cifra concreta: 86 votos. Esa mayoría calificada, indispensable en el Congreso Nacional, no solo define la viabilidad del juicio político, sino que condiciona toda la estrategia legislativa.
Según su análisis, el proceso depende de una negociación "fina" y altamente calculada, donde cada voto cuenta. En ese escenario, el Partido Liberal (PLH) emerge como el actor decisivo. Bastaría con que siete de sus diputados se nieguen a participar para hacer fracasar cualquier intento de alcanzar la mayoría requerida.
Madrid subraya que esta fragilidad numérica explica el estado actual de conversaciones políticas. La mera existencia de debates públicos sobre el juicio político, sostiene, sugiere que los promotores perciben una posibilidad real de alcanzar los votos; de lo contrario, el tema ni siquiera estaría sobre la mesa legislativa.
A la vez, el experto describe al Partido Nacional (PNH) como una bancada disciplinada, con expectativas de alineamiento interno entre sus 49 diputados, lo que contrasta con la incertidumbre en otras fuerzas políticas. Sin embargo, advierte que el proceso no se limita a una sola votación: implica tres etapas —denuncia, comisión y resolución— que requieren sostener la mayoría a lo largo de todo el procedimiento.
En ese contexto, la política hondureña aparece como un terreno volátil. Madrid recuerda que decisiones de último momento han alterado procesos clave en el pasado, y no descarta que el juicio político pueda correr la misma suerte: desde consolidarse de forma repentina hasta diluirse por falta de votos.
La presión desde la sociedad civil
Mientras el Congreso calcula apoyos, organizaciones ciudadanas han intensificado su presión. La plataforma Defensores de Honduras exigió formalmente la activación de juicios políticos contra el fiscal general y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes acusa de utilizar el aparato judicial con fines políticos.
En su décimo comunicado, la organización sostiene que desde inicios de 2025 se habría consolidado una estrategia de persecución que tuvo su punto crítico con la detención de tres generales en condición de retiro: Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto. Según la plataforma, estas acciones —ejecutadas bajo órdenes del Ministerio Público (MP)— evidencian una instrumentalización de la justicia.
El pronunciamiento también cuestiona la independencia judicial. Señala que recursos de amparo presentados por la defensa de los militares fueron rechazados tras prolongados retrasos, lo que interpretan como una subordinación del sistema a intereses políticos.
Frente a este escenario, la organización respalda la idea del juicio político como mecanismo de control institucional. Para su coordinador, Isaías Barahona, no activar este recurso enviaría un mensaje preocupante: que la ley deja de ser el marco rector de la convivencia democrática.
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