Congreso Legislativo de Honduras entra en zona de alta tensión por posible juicio político contra Marlon Ochoa
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El clima de confrontación también se ha alimentado desde el propio seno del Consejo Nacional Electoral (CNE). La consejera nacionalista Cossette López-Osorio acusó al izquierdista de sostener una estrategia basada en la reiteración de afirmaciones falsas, particularmente en torno a denuncias de intervencionismo. Según su versión, estas declaraciones responden a un intento de desviar la atención de acciones que, en su criterio, afectaron el funcionamiento del organismo electoral, incluyendo la paralización de decisiones clave y la generación de conflictos internos.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El Congreso Legislativo de Honduras se ha convertido en el nuevo epicentro de la disputa política, institucional y electoral del país centroamericano. La posibilidad de promover un juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ha escalado desde el plano de la advertencia al de una aritmética aparentemente resuelta: la oposición asegura que ya cuenta con los 86 votos necesarios para llevar la iniciativa al pleno.
A partir de ahí, el debate dejó de ser únicamente jurídico y pasó a ser profundamente político, con acusaciones cruzadas de fraude, persecución, obstrucción institucional y hasta amenazas a la democracia.
La señal más clara de ese giro la dio el jefe de bancada del Partido Nacional (PNH), Carlos Cano, quien afirmó que el proceso ya no se encuentra en una etapa exploratoria, sino en una fase de definición.
En la misma línea, el diputado nacionalista Kilvett Bertrand aseguró que la bancada opositora ya consolidó la mayoría calificada para presentar formalmente el juicio político contra Ochoa y otros funcionarios vinculados al órgano electoral. "Ya se tienen los 86 votos. A diferencia de otros momentos, hoy siento un ambiente decisivo y definitorio en el Congreso Nacional", sostuvo el parlamentario, al describir un escenario que, según él, se ha venido construyendo mediante conversaciones sostenidas entre distintas bancadas y sectores de la sociedad civil.
Bertrand explicó que el respaldo legislativo no surgió de manera repentina. Según su versión, se trata de un proceso trabajado durante semanas, con diálogos internos y presiones externas que, a su juicio, terminaron por decantar en un ambiente favorable para impulsar la moción. Aclaró, sin embargo, que todavía no existe una fecha confirmada para introducirla, ya que la maniobra sigue siendo objeto de "análisis estratégico". En otras palabras, el número parece estar garantizado, pero el momento exacto aún se evalúa con cautela política.
El argumento central detrás del intento de juicio político es que Ochoa y otros funcionarios habrían incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones dentro del CNE. Para el Partido Nacional, el tema no se reduce a una diferencia partidaria ni a una pugna circunstancial, sino a la necesidad de sentar un precedente institucional. Tomás Zambrano, presidente del parlamento hondureño, afirmó que la eventual decisión será inevitable una vez estén asegurados los votos. "Al tener los 86 votos seguros, es casi inevitable que se tendría que realizar", declaró, al insistir en que la medida no responde a venganza, persecución ni reparto de cuotas, sino a la idea de que "nadie puede abusar del cargo y quedar impune".
Zambrano fue más lejos al sostener que quienes hoy están bajo la mira "atentaron y boicotearon el proceso electoral", por lo que —según su criterio— corresponde establecer un precedente. En su lectura, el momento de ejecutar la acción dependerá del consenso, pero no de la viabilidad política. La decisión, dejó ver, ya está asumida como parte de una correlación de fuerzas que el bloque opositor considera favorable.
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