Un recargo que redefine la movilidad regional: Estados Unidos impone nueva tarifa para visas de no inmigrante
- Redacción Central

- 16 jul
- 6 Min. de lectura
Actualizado: 16 jul
En toda Latinoamérica, la nueva tarifa ha encendido las alarmas entre solicitantes, operadores turísticos y organizaciones civiles, que la califican como una barrera económica que afectará de forma desproporcionada a personas de bajos ingresos. Para muchos centroamericanos, que ya enfrentan largos procesos consulares y requisitos estrictos para demostrar solvencia económica y lazos con su país de origen, el aumento de $250 podría ser el factor decisivo para no solicitar una visa.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Washington, Estados Unidos de Norteamérica

La administración del mandatario Donald Trump ha dado un nuevo giro a su política migratoria con la promulgación del megaproyecto presupuestario denominado "One Big Beautiful Bill", que introduce una nueva y controversial Tarifa de Integridad de Visa de $250 para la mayoría de las solicitudes de visas de no inmigrante a partir del miércoles 01 de octubre de 2025. Este incremento, que eleva el costo de la popular visa B1/B2 (turismo y negocios) de $185 a $435, podría restringir severamente la movilidad de cientos de miles de latinoamericanos que visitan Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) por razones familiares, comerciales, educativas o médicas.
La nueva legislación afecta especialmente a países fuera del Programa de Exención de Visas (VWP), como Costa Rica, México, Colombia, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras, cuyas y cuyos ciudadanos ahora enfrentarán un obstáculo económico más para viajar a territorio estadounidense. Solo naciones incluidas en el VWP —como Chile— o quienes optan a visas diplomáticas (categorías A y G) quedan exentas del nuevo cargo.
El impacto es particularmente grave para quienes ya enfrentan situaciones económicas adversas, como en el caso de Argentina, donde la inflación reduce drásticamente el poder adquisitivo de la población; o México, donde millones de personas dependen de permisos temporales para visitar familiares en la frontera o realizar intercambios comerciales breves. En países centroamericanos como Honduras y Guatemala, donde el salario mínimo no supera los $400 mensuales, el nuevo precio de la visa equivale a más de un mes de trabajo formal, sin contar los costos colaterales del trámite, como transporte, documentación o entrevistas consulares.
Aunque la ley fue firmada por Trump el viernes 04 de julio de 2025, el cobro de la tarifa adicional no se hará efectivo de inmediato. Está previsto que comience a aplicarse oficialmente a partir del miércoles 01 de octubre de 2025, al iniciar el nuevo año fiscal estadounidense, pero algunos reportes desde agencias migratorias apuntan a que el sistema de cobro podría no estar completamente implementado hasta enero de 2026.
Esto genera un margen limitado para quienes buscan evitar el nuevo pago. Las embajadas de EE.UU. en ciudades como San José, Ciudad de México o Bogotá han recomendado iniciar el proceso de solicitud lo antes posible, especialmente si el viaje está previsto para 2026, cuando el país será anfitrión de eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA.
¿Quién debe pagar?
La tarifa afecta a casi todas las categorías de visas de no inmigrante, incluyendo:
B-1/B-2: turismo, negocios, visitas médicas o familiares.
F y M: estudiantes académicos y vocacionales.
J: programas de intercambio cultural y educativo.
H-1B: profesionales calificados contratados temporalmente.
L, O, P, R: categorías laborales especializadas o religiosas.
Según el texto legal, al que tuvo acceso COYUNTURA, no habrá exoneraciones, y solo se contempla la posibilidad de un reembolso una vez que expire la visa si se cumplen condiciones estrictas: no haber trabajado de forma ilegal en EE.UU., no haber excedido el tiempo autorizado de estancia (más allá de cinco días justificados) y haber realizado correctamente cualquier trámite de extensión o cambio de estatus. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el dinero no será devuelto.
Además, la legislación otorga al Secretario de Seguridad Nacional la facultad de aumentar la tarifa en el futuro. A partir de 2027, el costo será ajustado anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que es previsible que el monto aumente progresivamente con el paso de los años.
La Tarifa de Integridad de Visa no es un hecho aislado. Se suma a la Proclamación Presidencial del 09 de junio de 2025, que impuso restricciones migratorias a 19 países por supuestas amenazas a la seguridad nacional. Esta proclamación —también firmada por Trump— suspendió total o parcialmente la emisión de visas a nacionales de países como Afganistán, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Haití y Venezuela, afectando especialmente a solicitantes que ya enfrentaban barreras para ingresar a Estados Unidos.
En muchos de estos casos, las visas de turismo, estudiantes, negocios o inmigración están completamente bloqueadas. Si bien se permiten algunas excepciones humanitarias o diplomáticas, la política marca una tendencia hacia una selección migratoria basada en criterios geopolíticos, con consecuencias discriminatorias para comunidades enteras.
Un nuevo muro invisible
El argumento oficial del gobierno de Trump es claro: la tarifa adicional busca "alentar el cumplimiento de las normas migratorias" y financiar la seguridad fronteriza. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfatizó que quienes ingresen con visa de turista no deben aceptar trabajos ni permanecer más allá del tiempo autorizado, salvo que hayan gestionado una prórroga. Para la Casa Blanca, se trata de una herramienta de control migratorio y fiscal.
Sin embargo, las reacciones no han sido unánimes. Organizaciones humanitarias, defensores de los derechos de migrantes y expertos en movilidad internacional advierten que la medida castiga de forma desproporcionada a las personas de bajos ingresos, especialmente en América Latina, donde viajar a EE.UU. ya implicaba un sacrificio económico considerable.
"Esto crea un muro invisible, selectivo y clasista", señaló un portavoz de una organización pro migrantes en El Salvador. "No solo se trata de visas, sino de quién tiene el derecho —o los medios— para moverse en el mundo", enfatizó.
Frente a este panorama, las autoridades consulares recomiendan a las personas interesadas en viajar a EE.UU. en 2026 o 2027 que inicien su trámite de visa antes del 01 de octubre de 2025, para evitar el incremento. Además, sugieren preparar con antelación los documentos exigidos: pruebas de solvencia económica, vínculos familiares o laborales con el país de origen, carta de invitación (si aplica) y el propósito detallado del viaje.
El proceso seguirá siendo evaluado por un oficial consular, quien puede negar la visa incluso si se ha pagado la tarifa completa. A pesar de las críticas, la administración estadounidense insiste en que este es apenas el inicio de una serie de medidas que buscarán "restaurar la integridad del sistema migratorio estadounidense" y generar ingresos fiscales a través de los millones de solicitudes procesadas cada año.
El mal llamado "One Big Beautiful Bill" redefine el acceso a los Estados Unidos desde una lógica de costo-beneficio que prioriza el cumplimiento rígido de la ley y el financiamiento de su aparato de seguridad. Para América Latina, la medida representa una nueva barrera económica en un sistema que ya era complejo y desigual.
Más allá del discurso oficial, la pregunta que queda es si este tipo de políticas lograrán su objetivo declarado de controlar el ingreso irregular, o si terminarán profundizando la inequidad y obstaculizando la cooperación, el intercambio cultural, académico y económico entre Estados Unidos y sus países vecinos.
Mientras tanto, los consulados estadounidenses en América Latina se preparan para una oleada de solicitudes anticipadas, y miles de personas corren contra el reloj para solicitar su visa antes del nuevo golpe al bolsillo. La movilidad internacional —ya atravesada por la desigualdad y la burocracia— parece entrar en una nueva era de restricciones. Una donde viajar ya no depende solo del deseo y los esfuerzos, sino también del precio.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.































Comentarios