Vidas suspendidas: la desapariciĆ³n como herramienta de castigo y control en Nicaragua
- RedacciĆ³n Central
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Los familiares recorren comisarĆas, hospitales y cĆ”rceles sin obtener confirmaciĆ³n del paradero de sus seres queridos. "El silencio deliberado del Estado prolonga la incertidumbre y la angustia", seƱala el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas PolĆticas. La lista de los desaparecidos incluye a figuras polĆticas, lĆderes indĆgenas, defensores de derechos humanos, periodistas, exoficiales de la PolicĆa y ciudadanos comunes, entre ellos Brooklyn Rivera Bryan, Lesbia GutiĆ©rrez Poveda, Steadman Fagot MĆ¼ller, VĆctor Boitano Coleman y 29 personas mĆ”s.
Por RedacciĆ³n Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La desapariciĆ³n de personas detenidas por motivos polĆticos se ha consolidado en Nicaragua como una tĆ”ctica sistemĆ”tica de represiĆ³n: no solo priva a quienes son secuestrados de su libertad, sino que condena a sus familias a una bĆŗsqueda interminable, al silencio oficial y, en muchos casos, al exilio. AsĆ lo describen organizaciones de derechos humanos, activistas exiliados o en la clandestinidad y familiares entrevistados por el equipo de COYUNTURA entre julio, agosto y septiembre de 2025, que reconstruye testimonios, patrones de actuaciĆ³n de las autoridades y las implicaciones jurĆdicas y humanas del fenĆ³meno.
"Saraith", a quien llamamos asĆ por su seguridad, recuerda la presiĆ³n en el pecho y el dolor en el estĆ³mago cuando supo que las ahora Fuerzas Policiales que controla el Frente Sandinista se habĆan llevado a su hermano. Es un sufrimiento terrible. (La detenciĆ³n) es siempre el temor mĆ”s grande, y cuando estĆ” ahĆ, te derrumba", relata. El secuestro ocurriĆ³ durante una de las redadas que la monarquĆa de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha ejecutado en 2025. Desde entonces, la familia no tiene pruebas de vida: las autoridades niegan todavĆa tenerlo en la delegaciĆ³n local de su ciudad y en la DirecciĆ³n de Auxilio Judicial āconocida como "El Chipote"ā, tambiĆ©n niegan poseerlo.
TambiĆ©n estĆ” el caso de "Violeta", madre que cada dĆa pregunta por su hijo y se enfrenta a la hostilidad y el miedo de su vecindario ā"la gente, mi familia, y en mi trabajo, evitan contactarme porque han visto patrullas por mi casa"ā, sintetiza la estrategia: detenciones pĆŗblicas, negaciĆ³n institucional y una desinformaciĆ³n deliberada que prolonga la angustia de las y los allegados.
El mapa de las cifras
SegĆŗn el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas PolĆticas, actualizado al sĆ”bado 30 de agosto de 2025, en Nicaragua hay al menos 73 personas detenidas por motivaciones polĆticas. De ese total, 33 permanecen en condiciĆ³n de desapariciĆ³n forzada: a sus familias se les niega sistemĆ”ticamente informaciĆ³n sobre su paradero y se les obliga a transitar por delegaciones policiales, cĆ”rceles y centros de salud sin obtener respuesta.
Las cinco organizaciones que elaboraron el informe titulado "ĀæDĆ³nde mĆ”s busco?: vidas suspendidas, desapariciones forzadas en Nicaragua" y la resistencia de quienes les buscanĀ āRaza e Igualdad, Colectivo Nicaragua Nunca MĆ”s, Unidad de Defensa JurĆdica, IM-Defensoras y Movimiento AutĆ³nomo de Mujeres de Nicaraguaā advierten que la prĆ”ctica se ha intensificado desde fines de 2023 y que los perĆodos de ausencia, que antes podĆan tener un tope mĆ”ximo de 90 dĆas, ahora se han vuelto indefinidos.
El Mecanismo documenta 33 casos de personas en situaciĆ³n de desapariciĆ³n forzada. Sus nombres son parte de la nĆ³mina que las familias y organizaciones han venido divulgando en su bĆŗsqueda de justicia y verdad:
Douglas Gamaliel Ćlvarez Morales
Eddie MoisƩs GonzƔlez Valdivia
Eveling Carolina Matus HernƔndez
Brooklyn Rivera Bryan
Lesbia del Socorro GutiƩrrez Poveda
Carmen MarĆa SaĆ©nz MartĆnez
Fabiola del Carmen Tercero Castro
Steadman Fagot MĆ¼ller
VĆctor Boitano Coleman
Leo Catalino CƔrcamo Herrera
Fabio Alberto CƔceres Larios
Julio Antonio Quintana Carvajal
AngĆ©lica Patricia ChavarrĆa Altamirano
JosĆ© Alejandro Hurtado DĆaz
Ćlvaro Baltodano Monroy
Rudy Antonio Palacios Vargas
Armando JosĆ© BermĆŗdez Mojica
Olga MarĆa Lara Rojas
Jessica MarĆa Palacios Vargas
Pedro JosĆ© LĆ³pez Calero
Marcos Adony Cruz Moncada
Yolanda del Carmen GonzƔlez Escobar
Mario JosĆ© RodrĆguez Serrano
Luis Francisco Ortiz Calero
Yerri Gustavo Estrada Ruiz
Marvin Antonio Campos ChavarrĆa
MarĆa JosĆ© Rojas Arburola
Carlos Ramon Brenes SƔnchez
Salvadora del Socorro MartĆnez Aburto
Cuatro personas mĆ”s, anĆ³nimas.
Un patrĆ³n repetido
El estudio colectivo presentado hace algunos dĆas documenta un patrĆ³n claro y repetitivo en estas detenciones:
Agentes policiales o grupos paramilitares que operan junto a la PolicĆa ejecutan detenciones y traslados.
Las personas son trasladadas a estaciones policiales y, en ocasiones, a centros penitenciarios.
Los procesos judiciales se desarrollan sin la presencia de abogados de confianza y los expedientes no resultan accesibles.
A las familias se les niega la certeza sobre el paradero; en ocasiones se les permite dejar insumos o comida, pero no ver ni confirmar la presencia de su familiar.
"El silencio deliberado del Estado prolonga la incertidumbre y la angustia", sintetiza el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas PolĆticas, que ademĆ”s documenta que las personas "buscadoras" āen su mayorĆa mujeres, madres, hermanas o amigasā enfrentan hostigamiento, desinformaciĆ³n, sobrecostos econĆ³micos y serias afectaciones emocionales.
El informe citado pone el foco en las personas que emprenden la bĆŗsqueda: muchas son madres, hijas o esposas que deben sostener hogares quebrados por la detenciĆ³n del principal proveedor, viajar cientos de kilĆ³metros desde zonas rurales hacia Managua, y soportar tratos humillantes en delegaciones policiales. La primera violencia, dice el estudio, es la desinformaciĆ³n. "Te dicen que estĆ” en X estaciĆ³n; llegas y te envĆan a otra; vuelves y te remiten a otra mĆ”s", un ciclo de desgaste que erosiona la salud fĆsica y mental y agota recursos econĆ³micos e institucionales.
Las consecuencias identificadas por el Ć”rea forense de la Unidad de Defensa JurĆdica incluyen angustia, depresiĆ³n, insomnio, hipervigilancia, estrĆ©s postraumĆ”tico, duelos patolĆ³gicos, incapacidad para retomar la vida cotidiana, culpabilidad y estigmatizaciĆ³n social.
"Dalilah", cuyo testimonio se recoge en el informe, expresa la impotencia por no poder denunciar "con todas las palabras la crueldad de la dictadura" que mantiene desaparecida a su hermana desde 2024. Muchas familias guardan silencio por temor a represalias contra sus parientes o por la posibilidad de que ellos mismos sean encarcelados si alzan la voz.
Enterrarlos rƔpido: una prƔctica para "echar tierra" sobre la verdad de las muertes
El recrudecimiento de la represiĆ³n incluyĆ³, en agosto de 2025, dos casos que ilustran el extremo de las omisiones estatales: la muerte de Mauricio Alonso ācuyo cuerpo fue entregado a su familia el lunes 25 de agosto de 2025, 38 dĆas despuĆ©s de haber sido secuestradoā y la entrega del cadĆ”ver del abogado Carlos CĆ”rdenas Zepeda el viernes 29 de agosto de 2025, tras ser secuestrado 15 dĆas antes. En ambos casos, las familias denuncian que las autoridades no informaron de su paradero hasta el momento de la entrega de los cuerpos y que se les ordenĆ³ realizar entierros exprĆ©s.
Gonzalo CarriĆ³n, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca MĆ”s, sostiene que la instrucciĆ³n de sepultamientos inmediatos busca garantizar impunidad: "se aseguran un hermetismo total, para que nadie sepa cĆ³mo estaban esos cuerpos, para distinguir la circunstancia o la forma de cĆ³mo les quitaron la vida". El objetivo, dice, es "echarle tierra a la verdad" y privar a las familias de una investigaciĆ³n independiente y del derecho a despedir a sus seres queridos.
CarriĆ³n y otros defensores apuntan al Instituto de Medicina Legal (IML) como un actor clave que ha colaborado en el encubrimiento: culmina el proceso de entrega de cadĆ”veres bajo custodia policial y āsegĆŗn testimoniosā ha exigido a familiares desistir de investigaciones independientes a cambio de la entrega de los cuerpos, un antecedente ya registrado en 2018, 2019 y 2020.
El abogado y profesor en derechos humanos Uriel Pineda explica las implicaciones legales y los estĆ”ndares internacionales aplicables. Cita el Protocolo de Minnesota: ante una muerte bajo custodia del Estado debe presumirse la existencia de una muerte ilĆcita y procederse a una investigaciĆ³n rigurosa. Pineda distingue tres niveles de responsabilidad estatal que, segĆŗn las circunstancias y la evidencia, podrĆan configurarse: un factor externo ajeno a la privaciĆ³n de libertad; responsabilidad objetiva por no proveer atenciĆ³n mĆ©dica conocida y necesaria; y la responsabilidad por una acciĆ³n deliberada, como la denegaciĆ³n intencional de tratamiento o seƱales de violencia en los cuerpos, que constituirĆa un homicidio intencional.
Mientras no se descarten o esclarezcan esos elementos āsubraya Pinedaā podrĆa atribuirse al Estado responsabilidad objetiva en estas muertes.
Hostigamiento, tortura y control social
El informe y los testimonios recabados documentan medidas complementarias de control: amenazas de no permitir visitas familiares, retenciĆ³n de insumos que los allegados intentan llevar, advertencias orientadas a inducir depresiĆ³n en las personas privadas de libertad (frases como "aquĆ te morĆs" o "tu familia ya te abandonĆ³"), requisas humillantes con perros y cacheos que incluyen tocamientos sexuales sin justificaciĆ³n.
Todo ello apunta, para las organizaciones, a una estrategia deliberada para quebrar la voluntad de los familiares y desalentar la denuncia pĆŗblica de las condiciones de encierro.
La bĆŗsqueda, ademĆ”s, ha empujado a muchas familias al exilio. Rosa Ruiz, por ejemplo, lleva mĆ”s de 20 dĆas āsegĆŗn consta en el informeā buscando a su hijo Yerri Estrada, un mĆ©dico arrestado el miĆ©rcoles 13 de agosto de 2025 tras regresar de una brigada. "Admitieron tenerlo, pero no nos dicen dĆ³nde estĆ”. Mucho menos verlo ni pasarle alimento ni sus cosas de prioridad", dice Rosa. El mismo dĆa, en Masaya, fue detenido Luis Francisco Ortiz mientras almorzaba en su casa; su padre, Francisco Ortiz, relatĆ³ al medio opositor Confidencial el "calvario" vivido y afirmĆ³: "no los van a vencer porque hay un Dios que sabe que es injusto lo que se estĆ” haciendo".
Por otro lado, una vez en el exilio, las familias enfrentan precariedad econĆ³mica y una ansiedad persistente sobre la salud y la vida de sus seres queridos, sin posibilidad efectiva de fiscalizar las circunstancias que rodearon las detenciones o el trato recibido en custodia.
Organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID) han recordado que "no hay lĆmite de tiempo" para que una desapariciĆ³n forzada se convierta en una emergencia de derechos humanos: cada minuto en que una persona estĆ” fuera de la protecciĆ³n de la ley aumenta el riesgo de tortura y muerte. El fallecimiento de personas secuestradas en 2025 y 2023 refuerza la alarma: cuando la desapariciĆ³n se prolonga, el peligro para la vida se intensifica.
El informe colectivo y los testimonios recogidos en este trabajo dejan claro que la desapariciĆ³n forzada en Nicaragua no es un hecho aislado sino una prĆ”ctica funcional al control social: borra temporalmente a las y los opositores del espacio pĆŗblico, desestabiliza a las familias, y envĆa un mensaje de terror Ćŗtil para silenciar a la sociedad en general. Las Ć³rdenes de enterrarlos con rapidez, la opacidad del Instituto de Medicina Legal y la PolicĆa de Nicaragua, y el patrĆ³n de negaciĆ³n institucional son, segĆŗn defensores y juristas, medidas que reproducen la impunidad y obstaculizan el acceso a la verdad y la justicia.
Mientras tanto, "las buscadoras" āprincipalmente mujeresā continĆŗan recorriendo delegaciones, hospitales, calles y morgues, soportando hostigamiento, vigilancia, judicializaciĆ³n y una carga econĆ³mica y emocional enorme; algunas se ven obligadas a exiliarse para mantener su seguridad. El reclamo que subyace en cada viaje y en cada insistencia no es retĆ³rico: es la exigencia elemental de saber si su pariente estĆ” vivo, en quĆ© condiciones y por quĆ© el Estado los desapareciĆ³.
El informe "ĀæDĆ³nde mĆ”s busco?" concluye que cada desapariciĆ³n forzada es "un ultraje contra la dignidad humana, un crimen de lesa humanidad imprescriptible y una violaciĆ³n grave y continuada de derechos fundamentales". En ese marco, las muertes en custodia y los entierros exprĆ©s āsegĆŗn organizaciones y juristas nicaragĆ¼enses consultadosā exigen no solo la denuncia nacional, regional e internacional, sino mecanismos de investigaciĆ³n independientes que garanticen verdad, reparaciĆ³n y el cese de una prĆ”ctica que pulveriza vidas, derechos y memoria.
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