Según un comunicado oficial publicado la tarde de este martes 24 de septiembre de 2024, el Ministerio Público (MP) de Honduras, a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), presentó el lunes 23 de septiembre un requerimiento fiscal contra varios individuos asociados a las empresas Inversiones Los Pinares, S.A. de C.V. e Inversiones Ecotek S.A. de C.V. Los cargos surgen en respuesta a la supuesta responsabilidad de las mencionadas empresas en la degradación del Parque Nacional Montaña de Botaderos "Carlos Escaleras", ubicado en Tocoa, Colón. Este parque es considerado vital en el país centroamericano por su biodiversidad y la importancia de sus cuencas hidrográficas, que han sido severamente afectadas por la explotación de recursos naturales.

Los acusados incluyen a Lenir Alexander Pérez Solís, representante legal y presidente del Consejo de Administración de ambas empresas, así como a otros individuos por delitos que abarcan desde la explotación ilegal de recursos naturales hasta abuso de autoridad. En total, se han identificado múltiples violaciones a normativas ambientales, incluyendo deforestación y la apertura de carreteras en áreas no autorizadas dentro del parque.

Las investigaciones revelan que desde el inicio del megaproyecto minero se habrían llevado a cabo intervenciones destructivas, empleando maquinaria pesada y explosivos que no solo alteraron la superficie del suelo, sino que también resultaron en la eliminación de la vegetación nativa. Las actividades de estas empresas han generado daños en los ríos San Pedro, Guapinol y Tocoa, que son esenciales para la cuenca del río Aguán, comprometiendo así la disponibilidad de agua para las comunidades aledañas.

Ante esta situación, el MP ha solicitado que se permita la restauración del equilibrio ecológico en la zona afectada. Sin embargo, la comunidad, a través del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), ha instado al director de fiscales del MP, José Mario Salgado, a brindar respuestas efectivas a las denuncias presentadas, especialmente en vista de la inminente solicitud de ampliación de concesión minera por parte de Inversiones Los Pinares, que vence el próximo 28 de enero de 2024.

La comunidad ha señalado que las promesas de investigación han quedado sin resultados concretos. En abril de 2023, se presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), pidiendo que se investigara a funcionarios públicos por abuso de poder y corrupción en la concesión de licencias ambientales. Este contexto incluye la controversia en torno al decreto 252-2013, que modificó la zona núcleo del parque, facilitando la explotación minera y propiciando actos de violencia contra activistas opositores.

Desde 2020, se ha documentado que Lenir Pérez ha estado involucrado en negociaciones con el gobierno para ajustar los límites del área núcleo del parque, lo que resultó en una reducción de 217 hectáreas. Esta modificación ha suscitado críticas por parte de instituciones encargadas de la conservación ambiental, ya que un informe de 2014 del Instituto de Conservación Forestal (ICF) había declarado el proyecto de explotación como no factible por su potencial impacto en la flora y fauna.

Este caso pone de relieve la compleja intersección entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente en Honduras, y la continua lucha de las comunidades y organizaciones para salvaguardar sus recursos naturales.

El ambientalista Juan López, fallecido recientemente, dedicó su vida a combatir las actividades extractivistas de empresas como el grupo Emco, de los Pérez-Facussé. Lenir Pérez, dueño de minas de hierro en el Parque Nacional Carlos Escaleras, es señalado por la población de causar graves daños ambientales y contaminación del agua. López se opuso a un controvertido proyecto minero en Guapinol, que ha sido cuestionado por la legalidad de su concesión. En 2013, la zona núcleo del parque fue reducida, lo que facilitó la explotación minera, pese a ser un área protegida desde 2012.

La situación provocó la creación del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, liderado por López y otros activistas. Varios defensores enfrentaron detenciones arbitrarias, pero recuperaron su libertad en febrero de 2022, aunque la contaminación continuó y algunos debieron desplazarse por seguridad.

A pesar de las agresiones y amenazas que persisten contra los defensores, el Congreso Nacional aprobó el histórico Decreto Legislativo 18-2024, que restablece el trazado original del Parque Nacional y prohíbe los derechos mineros en áreas protegidas, buscando asegurar la protección efectiva de los recursos naturales en Honduras.