Aunque no hay un número exacto reciente, se sabe que al menos 40 defensores del medio ambiente han sido asesinados en Honduras desde 2010, 18 de ellos solo en el 2023, año en que también se asesinó a 10 personas defensoras en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá, según Front Line Defenders. Estos crímenes reflejan un patrón preocupante de violencia sistemática contra quienes luchan por proteger los recursos naturales y los derechos de las comunidades locales en el país centroamericano.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El asesinato de Juan Antonio López, ambientalista y regidor de la Alcaldía de Tocoa, Colón, ha provocado un fuerte clamor nacional e internacional por justicia. Este hecho, que ocurrió el sábado 14 de septiembre de 2024, ha puesto en el centro de la conversación pública las amenazas constantes a las que se enfrentan las y los defensores del medio ambiente en Honduras, un país marcado por la violencia contra quienes protegen los recursos naturales y luchan contra el extractivismo y la expansión indiscriminada. López, quien también era miembro del oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE), fue atacado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo, a las afueras de una iglesia en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa. El defensor ambiental fue un férreo opositor a los proyectos mineros en la región y un crítico constante del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, a quien le había exigido la renuncia pocos días antes de su muerte.
Juan López no era un político más. Su vida estuvo dedicada a la protección de los bienes comunes y a la defensa de áreas protegidas como el Parque Nacional Montaña de Botaderos "Carlos Escaleras" y los ríos Guapinol y San Pedro. Como regidor de Tocoa, su rol fue mucho más allá de la política partidista; se convirtió en una voz incómoda para los intereses económicos que amenazan el medio ambiente de la región. Su activismo le ganó tanto admiración entre las comunidades locales como enemigos poderosos, según periodistas, abogados y activistas consultados por el equipo de COYUNTURA.
Las amenazas contra López no eran nuevas. En repetidas ocasiones había denunciado públicamente que recibía intimidaciones de figuras asociadas al alcalde Fúnez y a empresas vinculadas a proyectos extractivistas, como Inversiones Los Pinares y Grupo EMCO. Estos proyectos han sido fuente de controversia y resistencia comunitaria por su impacto en los recursos naturales de la zona.
Por las constantes amenazas, López contaba con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Abogados, así como con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, esas garantías resultaron insuficientes para evitar su trágica muerte.
Mientras tanto, la muerte del activista, que se suma a más de 40 defensores asesinados desde el año 2010 según Front Line Defenders, ha generado una ola de indignación en Honduras, que pasa por los medios televisivos, las radios comunitarias, los medios independientes y las redes sociales digitales. Diversas figuras políticas, activistas y organismos internacionales han condenado el crimen, exigiendo una investigación rigurosa y la sanción a los responsables. La presidenta Xiomara Castro y la embajadora de Estados Unidos de Norteamérica en Honduras, Laura Dogu, fueron algunas de las primeras en solicitar públicamente que se esclarezca el asesinato del ambientalista.
Asimismo, la población de Tocoa ha salido a las calles para exigir justicia. Durante los desfiles patrios del domingo 15 de septiembre, cientos de personas protestaron para visibilizar el crimen y reclamar respuestas inmediatas por parte de las autoridades. Entre los manifestantes se encontraban miembros de la iglesia católica, con el sacerdote Carlos Orellana a la cabeza, quien en una homilía responsabilizó directamente al alcalde Adán Fúnez y sus allegados del asesinato de López. "No podemos guardar silencio ante este cobarde asesinato. Juan López era una piedra en el zapato para muchos en la corporación municipal y para Adán Fúnez en particular. Su muerte no puede quedar impune", declaró Orellana, avivando el debate sobre el clima de violencia y corrupción que impera en Tocoa y Honduras.
Velatorio de Juan Antonio López, el domingo 15 de septiembre de 2024 | Fotografías cortesía:
Investigación en marcha
Tras el asesinato, el Ministerio Público de Honduras conformó un equipo interdisciplinario integrado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). Este equipo tiene la tarea de recolectar evidencias científicas en la escena del crimen y obtener pruebas que permitan dar con los responsables del asesinato.
No obstante, las primeras reacciones del público y de defensores de derechos humanos son de escepticismo. Edy Tábora, coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, fue uno de los primeros en denunciar la falta de acción del Estado para proteger a López a pesar de las advertencias emitidas por la CIDH. "Asesinaron a otro gran compañero luchador social. Muere criminalizado y sin que se investigaran las amenazas que recibía constantemente", expresó Tábora, reflejando el sentir de muchos activistas y amigos que han perdido la fe en las instituciones hondureñas.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó el asesinato y urgió a la administración de Honduras a realizar una investigación pronta e imparcial. En un comunicado, la OACNUDH destacó que el crimen de López es un ejemplo más de la "vulnerabilidad" de los defensores del medio ambiente en Honduras y de la falta de medidas efectivas para proteger sus vidas.
La muerte de Juan López recuerda inevitablemente otros casos emblemáticos de ambientalistas asesinados en Honduras, como el de Berta Cáceres en 2016. Al igual que Cáceres, López fue un defensor incansable de los recursos naturales y de los derechos de las comunidades locales frente a los intereses extractivistas. Su asesinato pone en evidencia que, a pesar de las promesas de cambio hechas por el Gobierno de Xiomara Castro, el país sigue siendo un lugar sumamente peligroso para quienes alzan la voz en defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades originarios.
Organizaciones como el Comité de Bienes Públicos y Municipales de Tocoa han expresado su consternación ante la pérdida de López, pero también han reafirmado su compromiso de continuar su lucha. "Juan López fue un ejemplo de resistencia. Su legado vivirá en cada uno de nosotros que continuamos defendiendo nuestros ríos, montañas y comunidades", manifestaron en un comunicado.
Así, la muerte de Juan López no es un hecho aislado. Se enmarca en un patrón de violencia contra las y los defensores del medio ambiente que, lamentablemente, es común en Honduras y en toda Centroamérica. El país ha sido catalogado como uno de los más peligrosos del mundo para los activistas ambientales, con decenas de asesinatos registrados en los últimos años. Mientras tanto, los proyectos extractivos siguen avanzando, muchas veces con la complicidad de actores políticos y económicos poderosos, locales, nacionales y hasta regionales.
La comunidad internacional y los hondureños han pedido justicia para Juan López. Las palabras de apoyo y los comunicados de organismos internacionales son importantes, pero insuficientes si no se traducen en acciones concretas. El pueblo de Tocoa, así como las organizaciones defensoras de derechos humanos, esperan que este asesinato no quede impune y que se detenga la espiral de violencia que afecta a los defensores del medio ambiente en el país. El asesinato de López debe ser mínimamente un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes defienden los recursos naturales en Honduras y de la necesidad urgente de garantizar su protección, o un cambio más profundo y perpetuo, porque no está bien morir por defender la tierra y los recursos de todas y todos.
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