La negativa reiterada de Honduras a recibir a la activista nicaragüense Yadira Córdoba colocó su caso migratorio en un punto muerto jurídico que ahora obliga a las autoridades estadounidenses a reactivar vías legales alternativas. Tras confirmarse el segundo rechazo formal de Tegucigalpa —y un intento previo fallido de enviarla a Nicaragua— fuentes legales confirmaron a COYUNTURA que el expediente de Córdoba fue reabierto en Estados Unidos esta semana y que ya se tramita nuevamente una solicitud de "parole humanitario" para evitar una detención prolongada e indefinida.

Córdoba, integrante fundadora de la Asociación Madres de Abril y madre de Orlando Aguirre Córdoba, adolescente asesinado durante la represión estatal del 30 de mayo de 2018 en Managua, permanece bajo custodia migratoria desde agosto de 2025, pese a no haber cometido delito alguno en territorio estadounidense y haber ingresado al país en 2023 en busca de protección internacional.

El origen del actual entramado legal se remonta a una audiencia migratoria en la que, según explicó Pablo Cuevas, representante de la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos en Miami, un juez de inmigración ordenó la deportación de Córdoba a Honduras sin que mediara un juicio de fondo. La medida fue solicitada por la Fiscalía luego de que la activista, afectada emocionalmente por el prolongado encierro, renunciara a seguir apelando y firmara su deportación.

No obstante, la orden quedó sin efecto práctico casi de inmediato. Honduras se negó a recibirla, lo que convirtió la resolución judicial en una "sentencia inejecutable". Un segundo intento de expulsión tampoco prosperó: esta vez, un funcionario migratorio intentó enviarla a Nicaragua, pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo también rechazó su ingreso. Un tercer intento, nuevamente con destino a Honduras entre diciembre y enero, terminó del mismo modo.

El resultado ha sido una situación atípica pero cada vez más frecuente: una persona con orden de deportación vigente, pero sin ningún país dispuesto a aceptarla, lo que prolonga su detención en centros migratorios de Estados Unidos sin una salida clara.

Desde la primera negativa hondureña, el equipo de defensa exploró la vía del parole humanitario, una figura legal que permite la liberación temporal de una persona por razones de emergencia humanitaria. Según Cuevas, esta opción fue planteada por personal del propio centro de detención como alternativa a una “deportación voluntaria” rápida hacia Honduras. En medio de la presión y la incertidumbre, Córdoba optó por firmar la salida, decisión que no se concretó debido al rechazo del país receptor.

Con los tres intentos de deportación frustrados, la defensa presentó nuevamente una petición formal de parole ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Washington. “Con la solicitud presentada hoy, todo el caso se reactiva”, afirmó Cuevas, al confirmar que el objetivo es visibilizar la situación real de la activista y destrabar su expediente migratorio.

Moción de reapertura ante el juez de inmigración

De manera paralela, este lunes se presentó una motion to reopen ante el juez de inmigración que dictó la orden inicial. La moción busca notificar formalmente que la sentencia perdió viabilidad al no poder ejecutarse y, al mismo tiempo, reabrir el proceso para evaluar nuevamente las opciones de protección.

Ronald Córdoba, familiar de la activista, confirmó la gestión, que fue ratificada por el equipo legal. La firma Lemus Law Group, que asumirá los costos gubernamentales a solicitud de Cuevas, explicó que la moción también sirve para solicitar de nuevo el parole ante el oficial migratorio que ahora lleva el caso, ya que Córdoba fue trasladada a otro centro de detención en El Paso, Texas.

El equipo jurídico sostiene que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) faculta a los oficiales de Customs and Border Protection a conceder parole humanitario de forma discrecional cuando existen razones urgentes. En este caso, argumentan, confluyen varios elementos: persecución política documentada, riesgo de devolución a un país que no garantiza su seguridad, rechazo reiterado de terceros Estados y una detención que se prolonga sin horizonte definido.

La solicitud se ampara en el artículo 212(d)(5)(A) de la INA, que regula este tipo de autorizaciones temporales. Además, Cuevas subrayó que la reapertura del caso permitirá insistir en un nuevo proceso de solicitud de asilo, al considerar que los hechos recientes refuerzan el argumento de persecución y la imposibilidad de retorno seguro.

Una madre de abril sin país que la reciba

Yadira Córdoba llegó a Estados Unidos tras huir de Nicaragua y pasar varios años en Costa Rica, marcada por el asesinato de su hijo Orlando, de 15 años, durante la Marcha de las Madres en 2018. Aquella jornada, fuerzas estatales abrieron fuego contra manifestantes en Managua, dejando al menos 19 personas asesinadas, según organismos de derechos humanos.

Su detención, ocurrida el 20 de agosto de 2025 cuando se presentó a una audiencia sobre su estatus migratorio en Texas, se ha convertido en un caso emblemático del trato que reciben víctimas de persecución política bajo el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Desde la cárcel migratoria, Córdoba ha denunciado una revictimización prolongada. "Me están violentando mi derecho a la libertad", expresó en diciembre, al insistir en que ya había cumplido con todos los requisitos exigidos por las autoridades.

Hoy, con Honduras y Nicaragua cerrándole las puertas, su situación vuelve a colocarse sobre la mesa de las autoridades estadounidenses. La reapertura del caso y la nueva solicitud de parole humanitario marcan un punto de inflexión en una historia atravesada por la represión política, el exilio forzado y un limbo migratorio que, por ahora, la mantiene detenida sin un país al cual ser devuelta.

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