Golpe a las estructuras de control sandinista: EE.UU. sanciona a cinco piezas clave del régimen de Nicaragua
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La nueva ronda de aplicaciones sugiere una evolución en la estrategia estadounidense hacia la administración del país centroamericano, como lo han planteado diversas fuentes a la Redacción de COYUNTURA, particularmente tras la captura del exdictador chavista de Venezuela, Nicolás Maduro. Mientras las primeras medidas se concentraron en la cúpula política y familiar del poder, las actuales se dirigen a los mecanismos operativos que permiten el control del sistema financiero, la vigilancia digital, la supervisión laboral y la inteligencia estatal.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua

El jueves 26 de febrero de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) anunció una nueva ronda de sanciones dirigida contra cinco altos cargos del aparato estatal nicaragüense, en lo que Washington describió como un ataque directo a las instituciones que facilitan la vigilancia, la represión y el control financiero del país. Las medidas —ejecutadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— congelan activos, prohíben transacciones y obligan a reportes formales sobre los bienes o intereses que las personas designadas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
En el comunicado oficial, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: "la dictadura de Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, sofocar y socavar a los opositores políticos pacíficos y a los disidentes. Seguiremos haciendo rendir cuentas a la dictadura —agregó—, y amplificando las aspiraciones del pueblo nicaragüense por la libertad y la justicia". La medida marca un viraje táctico respecto a sanciones previas que habían apuntado con frecuencia a círculos familiares y redes patrimoniales: esta vez el blanco son oficinas y agencias estatales que operan en la primera línea del control social y financiero.
A quiénes alcanzan las sanciones y por qué
La designación afecta a cinco personas que, según el Tesoro, "lideran las principales agencias financieras, de comunicaciones y militares" del Estado nicaragüense:
Leonel José Gutiérrez López, mayor general y jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM).
Denis Membreño Rivas, mayor general retirado y director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Membreño fue incluido en la famosa "Lista Engel" a mediados de 2023.
Aldo Martín Sáenz Ulloa, excomisionado general y subdirector de la UAF.
Johana Vanessa Flores Jiménez, titular del Ministerio del Trabajo.
Celia Reyes Ochoa, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (TELCOR).
El Tesoro sitúa la acción en un marco amplio: desde 2018 Estados Unidos mantiene sanciones dirigidas a altos funcionarios y entidades vinculadas al Estado nicaragüense, y, según la comunicación oficial, las nuevas designaciones persiguen frenar estructuras que han "garantizado a toda costa que no haya oposición al régimen".

















