22 días y crece la incertidumbre: el gobierno de "Tito" Asfura deja instituciones clave sin timón mientras negocia con el FMI

En declaraciones públicas de esta semana, el presidente nacionalista de Honduras planteó una visión orientada a atraer capital extranjero, mejorar la operatividad de aduanas y puertos, agilizar puntos migratorios y ver al país "como una gran empresa" para potenciar inversión y empleo. En su agenda figura además la promoción de la llamada Ley de Empleo por Hora, que el Ejecutivo espera sea analizada por el Congreso Legislativo como una medida para facilitar la inserción laboral juvenil y compatibilizar estudio y trabajo.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política, institucionalidad, economía y ciudadanía

A tres semanas de haber asumido la Presidencia de Honduras, Nasry Juan Asfura enfrenta una administración con 87 designaciones formales consignadas —secretarios, subsecretarios, gerentes y directores— pero todavía con vacíos en puestos estratégicos que, por su naturaleza, condicionan la gobernabilidad y la confianza del sector privado y de organismos multilaterales.

La composición parcial del Ejecutivo —que ya incluye nombramientos en Finanzas, Educación, Salud, Seguridad y Defensa, y la Empresa Nacional Portuaria— contrasta con la lista de carteras, comisiones bancarias y direcciones que siguen "acéfalas". Esa falta de cierres administrativos mantiene en expectación tanto a operadores financieros como a sectores sociales que exigen señales claras sobre transparencia, política económica y manejo de recursos públicos.

La sombra sobre la Secretaría de Transparencia

Una de las ausencias más sensibles es la definición del futuro de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Desde el Ejecutivo no se ha confirmado si la institución continuará existiendo en la forma que tenía en la administración anterior; en los pasillos se discute incluso su posible supresión. Según lo dado a conocer por el procurador Dagoberto Aspra —figura que ha sugerido la reubicación de competencias—, las funciones de esa secretaría podrían ser transferidas a la Procuraduría General de la República.

Ese traslado, de concretarse, modificaría radicalmente los mecanismos institucionales de defensa del interés público: devolvería a una oficina dedicada a la representación legal del Estado las atribuciones de investigar, fiscalizar y coordinar políticas anticorrupción. Para analistas y organizaciones de sociedad civil, el movimiento plantea preguntas sobre la separación de funciones y la independencia de los órganos encargados de supervisar la conducta administrativa.

Vacantes en la regulación financiera y los bancos públicos

En el sector financiero, persisten vacíos que afectan la toma de decisiones y la supervisión. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) no cuenta aún con el pleno de comisionados; en la administración previa la presidencia recayó en Marcio Sierra (mencionado en el pasado como figura al frente de la CNBS), y su sucesión no ha sido aclarada por el Ejecutivo. Tampoco hay confirmación del nombre que conducirá al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), institución clave para la política de crédito dirigida a vivienda y producción.

Otros organismos estatales relevantes en espera de titulares son la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el BANADESA, el INPREMA y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE). La ausencia de definiciones en estas áreas genera inquietud sobre la continuidad de programas ambientales, agrícolas y la administración de bienes públicos.

Economía en la mesa: la visita del FMI y las prioridades anunciadas

En paralelo a la reorganización interna, el Ejecutivo recibió esta semana a una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). El secretario en los Despachos de Finanzas, Emilio Hernández Hércules —quien actúa como presidente del Gabinete Económico— informó que en el primer día de trabajo se detallaron las prioridades gubernamentales: desarrollo económico, responsabilidad fiscal interna y optimización del uso de recursos públicos.

La interlocución con la misión, encabezada por Emilio Fernández —quien fue referido por Hernández Hércules como el jefe de la delegación— se desarrolló en las instalaciones del Banco Central de Honduras. Allí se precisó que el objetivo inicial de la visita era conocer al staff del Gabinete Económico y que las revisiones formales quedarían para etapas posteriores. Hernández Hércules indicó además que la misión concluiría el viernes siguiente a la reunión (la semana que incluía el 13 de febrero de 2026), con un encuentro final previsto con el Gabinete y una última cita en Casa Presidencial.

En sus declaraciones públicas, la misión del FMI, según el secretario de Finanzas, mostró apertura a un "respuesta flexible" de ambas partes para adaptar indicadores y marcos necesarios —un reconocimiento tácito de que las transiciones de gobierno suelen dejar asuntos técnicos sin cerrar— y dejó la puerta abierta a que los equipos técnicos trabajen en nuevos indicadores de seguimiento que serán revisados en la próxima visita.

Delegación de poderes para acelerar nombramientos: el papel de Luis Castro

Para agilizar los actos administrativos de personal, el presidente Asfura delegó la firma de acuerdos ejecutivos de nombramiento y remoción en su secretario privado y coordinador general de gobierno, Luis Castro. La disposición fue publicada en La Gaceta (edición número 37,069) y tiene fecha de emisión del martes 10 de febrero de 2026, con entrada en vigor tras su promulgación.

El acuerdo autoriza a Castro, con rango de secretario de Estado adscrito a la Presidencia, a suscribir en representación del jefe del Ejecutivo los actos administrativos sobre movimientos de personal. La norma invoca la Constitución de 1982 (artículos relativos a las facultades presidenciales y el refrendo de decretos y acuerdos), y la Ley General de la Administración Pública que regula la delegación de funciones.

En la práctica, la medida centraliza la tramitación y firma de nombramientos, lo que puede acelerar definiciones, pero también concentra decisiones sensibles en una sola oficina, con los riesgos habituales sobre transparencia y contrapesos.

Mensaje pro-inversión y medidas sociales anunciadas

En el frente político y económico, el presidente ha hecho del ingreso de inversión extranjera una prioridad declarada. "Queremos mejorar nuestras aduanas, nuestros puertos… ver Honduras como una gran empresa", dijo Asfura este martes 17 de febrero de 2026, en un discurso que busca transmitir certidumbre a inversionistas y operadores logísticos. También adelantó que la Ley de Empleo por hora será analizada en el Congreso Nacional como mecanismo para facilitar la incorporación laboral de jóvenes que desean compatibilizar trabajo y estudio.

En cuanto a obra pública, el Ejecutivo aseguró pagos por anticipos para contratos de bacheo y mantenimiento —"alrededor de dos mil cuatrocientos treinta millones" según lo comunicado— y anunció un programa de infraestructura con desembolsos adicionales con horizonte operativo hasta el próximo sábado 28 de marzo. El monto comunicado no especificó la moneda en la ronda informativa analizada aquí; su impacto dependerá de la prioridad que se otorgue a transparencia en la contratación y la supervisión técnica.

Lo que está en juego

El diagnóstico es claro: la instalación de un gobierno responsable y confiable exige, además de nombramientos, señales de calidad institucional. La discusión sobre la continuidad o reubicación de la Secretaría de Transparencia no es un tecnicismo: determinará la arquitectura de control y prevención de la corrupción en la administración que comienza. De igual manera, dejar sin pleno a la CNBS o sin directores a bancos públicos limita la capacidad de respuesta ante riesgos financieros o de política pública.

La interlocución con el FMI ofrece una oportunidad para alinear expectativas macroeconómicas, pero su sostenibilidad dependerá de que el Ejecutivo nacionalista complete cuanto antes las piezas faltantes en su tablero administrativo y clarifique mecanismos de rendición. La delegación de facultades para nombramientos apunta a acelerar ese proceso; ahora falta ver si velocidad y control institucional pueden conjugarse sin sacrificar transparencia.

Mientras tanto, ciudadanos, inversionistas y organismos multilaterales seguirán midiendo la capacidad del nuevo Gobierno para traducir promesas en instituciones con timón. Y en ese chequeo, la decisión sobre quiénes ocupan las sillas vacantes será, en muchos casos, tan relevante como la ley que se impulse o el préstamo que se negocie.

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