22 días y crece la incertidumbre: el gobierno de "Tito" Asfura deja instituciones clave sin timón mientras negocia con el FMI
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En declaraciones públicas de esta semana, el presidente nacionalista de Honduras planteó una visión orientada a atraer capital extranjero, mejorar la operatividad de aduanas y puertos, agilizar puntos migratorios y ver al país "como una gran empresa" para potenciar inversión y empleo. En su agenda figura además la promoción de la llamada Ley de Empleo por Hora, que el Ejecutivo espera sea analizada por el Congreso Legislativo como una medida para facilitar la inserción laboral juvenil y compatibilizar estudio y trabajo.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
A tres semanas de haber asumido la Presidencia de Honduras, Nasry Juan Asfura enfrenta una administración con 87 designaciones formales consignadas —secretarios, subsecretarios, gerentes y directores— pero todavía con vacíos en puestos estratégicos que, por su naturaleza, condicionan la gobernabilidad y la confianza del sector privado y de organismos multilaterales.
La composición parcial del Ejecutivo —que ya incluye nombramientos en Finanzas, Educación, Salud, Seguridad y Defensa, y la Empresa Nacional Portuaria— contrasta con la lista de carteras, comisiones bancarias y direcciones que siguen "acéfalas". Esa falta de cierres administrativos mantiene en expectación tanto a operadores financieros como a sectores sociales que exigen señales claras sobre transparencia, política económica y manejo de recursos públicos.
La sombra sobre la Secretaría de Transparencia
Una de las ausencias más sensibles es la definición del futuro de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Desde el Ejecutivo no se ha confirmado si la institución continuará existiendo en la forma que tenía en la administración anterior; en los pasillos se discute incluso su posible supresión. Según lo dado a conocer por el procurador Dagoberto Aspra —figura que ha sugerido la reubicación de competencias—, las funciones de esa secretaría podrían ser transferidas a la Procuraduría General de la República.
Ese traslado, de concretarse, modificaría radicalmente los mecanismos institucionales de defensa del interés público: devolvería a una oficina dedicada a la representación legal del Estado las atribuciones de investigar, fiscalizar y coordinar políticas anticorrupción. Para analistas y organizaciones de sociedad civil, el movimiento plantea preguntas sobre la separación de funciones y la independencia de los órganos encargados de supervisar la conducta administrativa.
Vacantes en la regulación financiera y los bancos públicos
En el sector financiero, persisten vacíos que afectan la toma de decisiones y la supervisión. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) no cuenta aún con el pleno de comisionados; en la administración previa la presidencia recayó en Marcio Sierra (mencionado en el pasado como figura al frente de la CNBS), y su sucesión no ha sido aclarada por el Ejecutivo. Tampoco hay confirmación del nombre que conducirá al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), institución clave para la política de crédito dirigida a vivienda y producción.
Otros organismos estatales relevantes en espera de titulares son la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el BANADESA, el INPREMA y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE). La ausencia de definiciones en estas áreas genera inquietud sobre la continuidad de programas ambientales, agrícolas y la administración de bienes públicos.
