Allanamientos 24/7 y homicidios al alza: más contradicciones del gobierno de Rodrigo Chaves en materia de seguridad
- Jairo Videa
- 22 ago
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El presidente costarricense minimizó esta semana la crisis al afirmar que el "desastre en seguridad pública no es tan grande como lo quieren poner", aunque reconoció que el número de homicidios es "excesivo para una nación como la nuestra". En sus declaraciones culpó una vez más a los jueces, a la Fiscalía y a los diputados por no endurecer las leyes, y rechazó cualquier responsabilidad del Ejecutivo. También dirigió críticas a la exmandataria Laura Chinchilla, quien días atrás advirtió que el país centroamericano "está al borde del abismo" en materia de inseguridad.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
La discusión sobre la reforma legal que habilitaría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a ejecutar allanamientos en cualquier momento del día —incluidos noches, fines de semana y feriados— se ha convertido en un espejo de las contradicciones y tensiones internas del gobierno de Rodrigo Chaves y de su bancada legislativa. Lo que comenzó como una bandera política para endurecer la lucha contra el crimen organizado, terminó en un veto presidencial absoluto, para luego reencenderse con un nuevo respaldo oficialista en la Asamblea Legislativa.
El miércoles 26 de febrero de 2025, la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, defendió con firmeza la reforma. La diputada calificó como un "regalito para los delincuentes" la restricción horaria que hoy establece la ley —solo permite allanamientos entre 06:00 a.m. y 06:00 p.m., salvo autorización especial de un juez en casos urgentes—.
La también vocera del gobierno identificó esa limitación como una de las "cinco joyas que le regalamos a los delincuentes en este país" y aseguró que el Ejecutivo buscaba un "cambio de 180 grados" en favor de las víctimas. En aquel momento, el oficialismo en bloque y el propio presidente Rodrigo Chaves transmitieron un discurso enfocado en endurecer la legislación como mecanismo de respuesta a la creciente violencia ligada al narcotráfico y al crimen organizado.
Del apoyo al veto presidencial
Sin embargo, el respaldo se transformó en rechazo apenas tres meses más tarde. Tras haber votado a favor de la iniciativa en primer debate, los diputados del PPSD fueron los únicos en revertir su posición en el segundo debate legislativo.
La razón no fue menor: a inicios de mayo, el OIJ y la Fiscalía realizaron allanamientos en el marco del llamado caso "Pista Oscura", una investigación sobre presuntas irregularidades en la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia. Uno de los allanados fue el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla.
Molesto con esas diligencias judiciales, el presidente Chaves anunció el miércoles 14 de mayo un veto total a la reforma. Argumentó que violentaba la inviolabilidad del domicilio, un derecho protegido constitucionalmente, y añadió que el proyecto pretendía modificar una norma que había funcionado "con bastante éxito".
El tono presidencial fue particularmente confrontativo con el sistema de justicia. Chaves acusó al OIJ y a la Fiscalía de actuar de forma "arbitraria" y dijo que no firmaría leyes que dieran "más instrumentos a esos señores y sus jefes en la Sala III", a quienes acusó de amedrentar a la población. Incluso utilizó expresiones como "uno no le da alas a animales ponzoñosos", en clara alusión a los cuerpos judiciales.
Regreso del respaldo oficialista
No obstante, la posición oficial volvió a virar recientemente. El subjefe de fracción Daniel Vargas y el diputado Jorge Rojas, ambos del PPSD, respaldaron el informe unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos que recomienda resellar la ley vetada.
Ambos parlamentarios insistieron en que la bancada y el Ejecutivo "siempre" han apoyado la reforma, aunque el proyecto fue excluido por completo de la agenda durante las sesiones extraordinarias (mayo-julio). Rojas la definió como una "herramienta indispensable" contra el crimen organizado, mientras Vargas argumentó que el veto buscaba únicamente "corregir ambigüedades" del texto.
Sin embargo, las actas legislativas muestran que, antes del veto, el propio Vargas defendió la iniciativa con palabras que ahora contrastan con el giro posterior: "para la delincuencia no hay horarios, y tampoco deben existir, mucho menos, para quien los controla", afirmó el miércoles 12 de marzo en la Comisión de Jurídicos.
La contradicción entre las posturas ha quedado marcada. Pilar Cisneros, por ejemplo, defendió su giro alegando "problemas de redacción" y falta de consulta a penalistas. A su criterio, la ley debía limitarse a "gente peligrosa y armada", y no aplicarse a casos de corrupción como los que involucraron a Marta Esquivel (ex CCSS), Mauricio Batalla (ex MOPT) y Alejandro Picado (CNE). También admitió que desconocía que la legislación vigente ya permite, con aval judicial, allanamientos fuera del horario regular en casos graves.
Crisis de seguridad y confrontación política
El debate legislativo ocurre en paralelo a un deterioro sostenido de la seguridad pública. Costa Rica pasó de 656 homicidios en 2022 a un récord de 907 en 2023, equivalente a un asesinato cada nueve horas y una tasa de 17,2 muertes por cada 100,000 habitantes. En 2024 la cifra descendió levemente a 874, pero continúa muy por encima de los niveles previos a la actual administración.
En lo que va de 2025, ya se registran 556 homicidios, seis más que en el mismo periodo del año anterior, y el OIJ advierte que el año podría cerrar nuevamente con más de 900 muertes violentas. La provincia de San José muestra el incremento más pronunciado: de 143 asesinatos en 2024 a 189 en lo que va de este año.
Frente a estas cifras, el presidente Chaves ha intentado relativizar la magnitud de la crisis. En su conferencia semanal aseguró que el "desastre en seguridad pública no es tan grande como lo quieren poner", aunque admitió que los homicidios son "excesivos para una nación como la nuestra". También responsabilizó a jueces, diputados y a la Fiscalía de no endurecer las leyes ni garantizar procesos efectivos.
El mandatario incluso respondió a la expresidenta Laura Chinchilla, quien advirtió que el país centroamericano "está al borde del abismo" en materia de seguridad. En su réplica, Chaves defendió esta semana al Ejecutivo y volvió a cargar contra el Poder Judicial.
Entre contradicciones y urgencias
La reforma sobre allanamientos ha puesto en evidencia las tensiones entre el discurso político y las acciones concretas del chavismo. Mientras la bancada oficialista asegura que siempre apoyó la medida, los registros legislativos y el veto total del miércoles 14 de mayo reflejan lo contrario.
El episodio también revela la forma en que decisiones legislativas pueden verse atravesadas por intereses coyunturales, como ocurrió tras los allanamientos en el caso "Pista Oscura".
Mientras tanto, la criminalidad avanza con cifras récord y voces como la del director del OIJ, Randall Zúñiga, advierten que sin una inversión profunda y sostenida en seguridad, la situación no cambiará en el corto plazo.
En ese contexto, la reforma de allanamientos 24/7, que pudo haberse convertido en un símbolo de unidad política frente al crimen organizado, ha terminado siendo otro ejemplo de los vaivenes discursivos y las contradicciones del gobierno en medio de la mayor crisis de seguridad en la historia reciente de Costa Rica.
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