Costa Rica está "al borde del abismo", advierte Laura Chinchilla ante la Comisión de Seguridad del Legislativo
- Jairo Videa
- hace 2 días
- 7 Min. de lectura
Durante la comparecencia, la popular diputada Pilar Cisneros cuestionó a la expresidenta sobre Mauricio Boraschi, fiscal general adjunto y exjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), relacionado con el polémico "avionetazo" de 2013, un viaje oficial realizado en un avión vinculado a un empresario colombiano con nexos investigados por narcotráfico. Chinchilla reconoció que se trató de un "fallo grave de criterio" y atribuyó la situación a errores administrativos y falta de gestión de información por parte de varios funcionarios cercanos.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
La expresidenta Laura Chinchilla Miranda compareció la noche del jueves 14 de agosto de 2025 ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y presentó 26 filminas para sustentar su diagnóstico: Costa Rica enfrenta una crisis de seguridad profunda, sostenida y con rasgos de agravamiento estructural. En su intervención inicial —antes de responder preguntas puntuales de los legisladores— combinó cifras, comparaciones regionales y críticas directas al modelo de gestión contemporáneo.
Chinchilla abrió su exposición con una llamada de atención numérica: en apenas una década el país pasó de figurar entre los más seguros de la región a escalar entre los más violentos. Según la exmandataria, la tasa de homicidios mostró una reducción entre 2010 y 2013, pero a partir del 2022 experimentó un salto brusco: entre 2022 y 2024 el incremento acumulado en la tasa de homicidios alcanzaría un 35 %. En términos absolutos, Chinchilla contrastó los 411 asesinatos registrados en 2003 con los 907 de 2023.
Para ilustrar el cambio en la naturaleza de la violencia, Chinchilla subrayó que el crimen organizado pasó de representar 12 % de los homicidios en 2010 a cerca del 70 % en 2023, un dato que, en su interpretación, transforma la violencia en un fenómeno más empresarial y menos episódico. Además alertó sobre un crecimiento dramático de las víctimas colaterales —personas ajenas a las disputas criminales, incluidos menores y bebés— que, según sus cifras, se incrementaron en un 1,200 % entre 2019 y 2023.
Juventud, exclusión y reclutamiento: el rostro social de la violencia
Chinchilla dedicó varias diapositivas al perfil de las víctimas y a los factores estructurales que alimentan la oferta criminal: 60 % de las víctimas de homicidio tienen entre 15 y 29 años; 47 % de la población penitenciaria está entre 18 y 34 años; 146,000 jóvenes de 15 a 24 años no estudian ni trabajan. Ese conjunto —argumentó— convierte a los llamados "ninis" (quienes no trabajan o estudian) en la presa preferida de las redes criminales y revela el fracaso de las respuestas preventivas.
La exmandataria reclamó que la alarma social creció exponencialmente: mientras en 2013 el temor al delito había descendido a 18 %, en la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) se citó que el temor ciudadano se elevó a 44 % (2022–2025), con efectos directos en la convivencia cotidiana y en la percepción de inversión y competitividad empresarial. Citó además un sondeo de la Cámara de Industrias según el cual 70 % de las empresas consideran a Costa Rica insegura o muy insegura y una porción relevante ha pospuesto planes de expansión por motivos de seguridad.
Uno de los ejes centrales de la intervención fue el diagnóstico institucional. Chinchilla recordó que la seguridad costarricense es "excepcional" por su naturaleza civilista —sin Ejército— y, por tanto, dependiente de una coordinación efectiva entre Policía, Fiscalía, jueces y políticas sociales. Su acusación fue doble: por un lado, el modelo policial es fragmentado (múltiples cuerpos y policías con mandos atomizados); por el otro, la coordinación política y el liderazgo han flaqueado, con efectos directos sobre la eficiencia operativa y la articulación de inteligencia.
La exmandataria costarricense relató además la trayectoria presupuestaria como indicadora de prioridades: tras un fuerte aumento 2010–2014, los recursos a Seguridad y Justicia cayeron en periodos posteriores; la recuperación entre 2018 y 2022 fue "razonable" pero insuficiente frente al estallido de la crisis. Chinchilla reconoció, no obstante, la labor parlamentaria reciente para incorporar recursos adicionales al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público, aunque los consideró claramente insuficientes.
El "avionetazo", Boraschi y los interrogantes sobre responsabilidades pasadas
En el tramo de preguntas, la diputada oficialista Pilar Cisneros interrogó a Chinchilla sobre la designación de Mauricio Boraschi —hoy fiscal general adjunto— y su renuncia en mayo de 2013 como jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) tras el polémico viaje presidencial en una aeronave vinculada a un empresario cuyo nombre apareció en investigaciones por narcotráfico. Chinchilla reconoció que aquel episodio fue "un fallo grande de criterio" y admitió responsabilidades políticas por la gestión deficiente de tres funcionarios que debieron verificar el origen de la aeronave.
Sobre si Boraschi debería continuar en su cargo actual, la exmandataria fue cautelosa: negó dolo en la conducta del exjefe de DIS y dijo esperar que el funcionario hubiera aprendido del error; añadió que, si el fiscal lo nombró, él tendría sus razones y que ella no puede interferir en decisiones de la Fiscalía. Estas respuestas se producen en un escenario en que el pasado del "avionetazo" sigue siendo un punto recurrente en la discusión pública sobre nombramientos y controles institucionales.
Chinchilla reivindicó medidas adoptadas durante su gobierno que, a su juicio, produjeron eficacia: la alianza entre fiscales, jueces y policía y la creación de tribunales de flagrancia con turnos 24/7, que permitieron procesos acelerados y llevaron a un aumento importante de la población penitenciaria (ella citó un crecimiento del 80 % en su gobierno). Sin embargo, sostuvo que esa alianza se fue debilitando, y que la ausencia de coordinación y la desarticulación de unidades especializadas —como la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Servicio Nacional de Guardacostas— han afectado la capacidad operativa. Afirmó que ambas instituciones fueron despojadas de recursos y atribuciones estratégicas (control de fronteras, puestos clave de fiscalización), lo que, desde su perspectiva, explica parte del descenso en decomisos frente al aumento del comercio ilícito.
La exmandataria puso el acento en que el fenómeno no es local: América Latina concentra una proporción desproporcionada de homicidios globales y aloja mercados ilícitos con gran capacidad operativa —principalmente la cocaína—, por lo que los cambios en la presión internacional pueden provocar desplazamientos criminales. Chinchilla mencionó específicamente el aumento de la atención de Estados Unidos de Norteamérica contra carteles y el fentanilo, y advirtió que la represión en otros frentes podría trasladar laboratorios y rutas hacia países con menor control —un riesgo que, dijo, puede tornarse "el verdadero infierno" si no se actúa.
En términos políticos, Chinchilla fue contundente al apuntar responsabilidades a la actual administración: habló de una “cláusula” de claudicación política en el liderazgo que debe convocar y coordinar los esfuerzos en seguridad. No exageró el tono retórico: pidió recuperar la centralidad del Consejo Nacional de Seguridad y aplicar una estrategia integral que combine prevención social, Estado de derecho y control policial eficiente. En su cierre volvió a apelar a la imagen internacional de Costa Rica —"la Costa Rica de paz ciudadana" que, dijo, no puede normalizar la violencia— y urgió a evitar que la narrativa externa fije una nueva imagen del país.
La comparecencia fue seguida en vivo por medios y redes; los principales diarios reprodujeron tanto la exposición como el intercambio con diputados de diversas bancadas. Preguntas puntuales sobre nombramientos —como la de Boraschi— y sobre exfuncionarios vinculados a casos recientes ocuparon buena parte del debate, que no solo es técnico sino decisivamente político. Las crónicas del evento enfatizan que, más allá de las cifras, la sesión subrayó la tensión entre la urgencia operativa y la necesidad de salvaguardar instituciones y garantías procesales.
¿Qué sigue? Escenarios y prioridades mínimas
A partir de lo expuesto por Chinchilla se desprenden varias prioridades que pueden considerarse mínimas para cualquier plan de corto y mediano plazo:
Reforzar la coordinación interinstitucional (Consejo Nacional de Seguridad, Fiscalía, OIJ, policías especializadas) para evitar solapamientos y vacíos operativos.
Recuperar capacidades técnicas en unidades clave (PCD, guardacostas, brigadas fronterizas) y asegurar su permanencia en puestos estratégicos.
Restablecer la alianza judicial–fiscal–policial que permita mayor eficacia en la fase inicial de investigación y en la respuesta inmediata (triage de flagrancia, garantías y transparencia).
Intensificar políticas de prevención social dirigidas a jóvenes en riesgo (educación, empleo, programas de inclusión) para cortar el suministro de nuevos reclutas a las redes criminales.
Aumento y reorientación de recursos con criterios de evaluación de resultados y control ciudadano para evitar desvíos y garantizar impacto.
La comparecencia de Laura Chinchilla combinó memoria institucional, estadísticas y juicios políticos. Su mensaje es explícito: no se trata solo de números que escalen en una tabla, sino de vidas humanas, de tejido social desgastado y de una capacidad de respuesta que requiere volver a ensamblar alianza entre poderes, recuperar instituciones debilitadas y priorizar la prevención.
La sesión abrió más ventanas que cerró preguntas: la discusión pública continuará entre medidas de emergencia, demandas de control y la inevitable tensión entre eficacia y respeto al Estado de Derecho. La política costarricense tiene ahora el desafío de traducir la advertencia en planes operativos con resultados medibles, y con la urgencia que marcan las cifras.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
Comments