Bayardo Arce y la putrefacción de un leal histórico del FSLN. Expiado por el régimen matrimonial que ayudó a cimentar
- Redacción Central
- 31 jul
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El objetivo de este movimiento: presentar la purga como parte de una "lucha contra la corrupción" que, irónicamente, no ha tocado a los principales operadores financieros del régimen. Desde abril de 2018, la Procuraduría General de Nicaragua ha dirigido la confiscación de más de 300 millones de dólares en propiedades, principalmente a organizaciones civiles, opositores y exiliados, luego de haber comenzado al menos 100 pesquisas no notificadas en tiempo y forma. Las recientes reformas al Código Penal permiten incluso juicios en ausencia, lo que abre la puerta a expropiaciones sin defensa jurídica, una práctica que ha crecido exponencialmente desde el año 2023.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Bayardo Arce Castaño, uno de los rostros más visibles de la vieja guardia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue detenido la madrugada de hoy, jueves 31 de julio de 2025 por fuerzas especiales de la Policía de Nicaragua. En lo que ya se perfila como uno de los episodios más significativos en la actual reconfiguración del poder sandinista, su casa fue allanada horas después de que la Procuraduría General de la República (PGR) lo emplazara por presuntas "transacciones al margen del Estado". El régimen copresidencial de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo vuelve a demostrar que nadie está a salvo de su cruzada de control absoluto, ni siquiera quienes fueron sus arquitectos.
Durante décadas, Bayardo Arce fue un engranaje esencial en la maquinaria sandinista. Integrante de la Dirección Nacional del FSLN, diputado en la Asamblea Legislativa entre 1997 y 2007 y luego asesor presidencial en materia económica desde el retorno al Ejecutivo de Ortega en 2007, Arce jugó un papel decisivo como puente entre el gobierno y los grandes empresarios del país. Fue también la cara pública de las alianzas corporativo-estatales que sostuvieron el modelo económico del régimen por más de una década. Sin embargo, su estrella comenzó a declinar desde el tercer mandato consecutivo de Ortega, cuando Rosario María consolidó su poder como vicepresidenta y eje ideológico del "nuevo sandinismo". Arce pasó a ser un asesor sin funciones, reducido a un rol simbólico mientras se volcaba a sus empresas privadas y mantenía un perfil cada vez más crítico dentro de círculos cerrados.
Su arresto, en plena medianoche y sin orden judicial pública, revela una operación cuidadosamente calculada para neutralizar a una figura que —aunque venida a menos— aún conservaba influencia dentro del aparato sandinista y conexiones con sectores empresariales. Según múltiples fuentes, fue trasladado a un destino desconocido; ni la PGR ni la Policía Nacional han confirmado oficialmente su paradero.
El detonante fue un comunicado oficial de la PGR, emitido el miércoles 30 de julio, que citaba a Arce por haber omitido documentación relacionada con "transacciones y negociaciones" llevadas a cabo desde sus oficinas personales, las cuales, según la institución, habrían lesionado el patrimonio del Estado. La Procuraduría afirma haberle citado en dos ocasiones, pero que Arce se negó a comparecer, argumentando que los bienes investigados eran de su propiedad y que no debía responder ante la institución.
La narrativa oficial acusa además a su asistente de décadas, Ricardo Bonilla, de haber operado dichas transacciones. Bonilla fue detenido el sábado 26 de julio y permanece recluido sin que se le haya realizado audiencia judicial, en una violación abierta de las garantías procesales mínimas. El caso contra Bonilla ha sido la antesala para el arremetida final contra Arce, quien se supone está recluido en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, celdas policiales conocidas como "El Chipote".
La respuesta del régimen ha sido de manual: advertencias sobre el incumplimiento de deberes ciudadanos, acusaciones ambiguas que no mencionan montos ni detalles específicos, y la amenaza velada de procesos judiciales inminentes. La PGR incluso recordó que "incumplir o irrespetar estas obligaciones ciudadanas constituyen delitos graves".
Aunque el lenguaje del comunicado habla de legalidad y deber constitucional, analistas y fuentes internas lo leen como parte de una purga interna más amplia. A juicio de funcionarios del Ministerio del Interior consultados por el equipo de este medio, la forma en que se ejecutó el proceso responde al peso histórico de Arce dentro del sandinismo. "No lo podían desaparecer como a cualquier opositor o como a los exjefes policiales, sin generar ruidos dentro del mismo partido, y contradicciones. Por eso lo hicieron siguiendo todos los 'protocolos', como si fuera un trámite administrativo", explica una fuente que pidió el anonimato. Ese cuidado también responde a la necesidad de mantener a raya a otros miembros de la vieja guardia, como el exjefe de Seguridad del Estado, Lenin Cerna, quien "se encuentra desaparecido" tras haber sido alertado sobre un posible arresto "inminente". La casa de Cerna fue ocupada por la Policía en horas recientes, pero no lograron capturarlo.
Así, el caso de Arce se suma a una lista creciente de figuras históricas purgadas por el régimen, como el excomandante Henry Ruiz ("Modesto"), hoy bajo arresto domiciliario, y Humberto Ortega, hermano del copresidente y exjefe del Ejército, quien murió en septiembre de 2024 bajo confinamiento tras cuestionar públicamente la sucesión dinástica del poder entre Ortega y Murillo. Aníbal Martín Rivas Reed también está detenido. El exgeneral sandinista Álvaro Baltodano, arquitecto de la "alianza" con el capital, fue condenado por traición hace más de un mes, y cumple sentencia en "La Modelo".
El telón de fondo: negocios, poder y traición
La caída de Arce también se entrelaza con las crecientes tensiones entre la monarquía criolla y el capital privado, la nueva "clase media" y "alta" del país centroamericano, tras años de crisis múltiple. Propietario de importantes activos agroindustriales —como Agricorp y otras inversiones en café y ganadería—, Arce había comenzado a sufrir bloqueos financieros y auditorías desde junio de este año. Desde su rol de asesor presidencial, fue artífice de pactos económicos que hoy son anatema en el discurso oficial, más centrado en el control absoluto del aparato productivo.
Las fuentes consultadas por COYUNTURA afirman que los bienes de Arce están siendo auditados "sin control" por la PGR y que, eventualmente, podrían pasar a manos del Estado, como ha ocurrido con los activos de oenegés, opositores, periodistas y otros connacionales, y hasta empresarios aliados, que fueron "cayendo en desgracia" para terminar siendo judicializados y desnacionalizados. Se calcula que desde 2021, el régimen ha confiscado más de 150 propiedades en todo el territorio nacional. Asimismo, la PGR sandinista ha emprendido al menos 100 investigaciones no notificadas públicamente contra funcionarios públicos de unas 20 entidades estatales y descentralizadas.
En el plano político, Arce también acumulaba contradicciones. Aunque públicamente defendía a la dictadura del FSLN, en reuniones privadas con sectores judiciales o empresariales había cuestionado decisiones represivas. En 2019, llegó a afirmar que "en Nicaragua no debería haber presos políticos" y que la muerte del opositor Eddy Montes en la cárcel "nunca debió ocurrir". Ese tipo de comentarios, y su estilo autónomo y confrontativo, sellaron su sentencia.
Arce, de 76 años, fue uno de los pocos comandantes de la Revolución Ciudadana de 1979 que nunca rompió formalmente con el FSLN, más bien aprovechaba ese vínculo y la protección estatal. Su caída es un mensaje inequívoco: en el régimen de Ortega y Murillo, la lealtad no garantiza impunidad. En su lugar, reina la lógica de la obediencia absoluta, donde cualquier sombra de independencia es percibida como una amenaza que debe ser erradicada.
En la Nicaragua de 2025, donde el poder se conserva más por temor que por convicción, la detención de Bayardo Arce es más que un castigo individual: es un acto de intimidación colectiva hacia un aparato de Estado cada vez más silenciado, un empresariado subordinado y una sociedad civil despojada.
Arce construyó parte del sistema que ahora lo devora. Y como otros antes que él, ha aprendido —tarde— que en una tiranía familiar y de compinches, incluso los arquitectos más devotos pueden ser demolidos.
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