Cacería de opositores en Nicaragua: más precandidatos detenidos

Ya son cuatro los precandidatos a la Presidencia de Nicaragua detenidos por el régimen de Daniel Ortega. Los últimos en ser capturados por la Policía Nacional fueron los opositores Felix Maradiaga, precandidato oficial de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y el precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), Juan Sebastián Chamorro.

Felix Maradiaga, precandidato a la Presidencia de Nicaragua, al momento de salir de la Fiscalía, minutos antes de ser detenido por la Policía Nacional | Fotografía de EFE por Jorge Torres

La captura de Maradiaga se dio minutos después de su salida de las instalaciones del Ministerio Público, tras un interrogatorio de más de tres horas. Según declaraciones del precandidato, la Fiscalía "está abriendo una investigación" en su contra.

"Me aclararon que en este momento no hay ningún fallo, así que, técnicamente, yo no estoy inhibido", expresó el precandidato, quien está siendo investigado por "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos", según la nota de prensa emitida por la Policía.

"No cesen de orar por el país que merecemos", dijo Maradiaga al salir de la Fiscalía, para minutos después ser detenido por la Policía.

En el comunicado número 10 de este 2021, el Ministerio Público alega que Maradiaga está siendo investigado de conformidad con la Ley N° 1055, "por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo". De este mismo delito se ha acusado al precandidato presidencial Arturo Cruz, quien fue detenido el pasado 05 de junio en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua.

Horas después de la detención de Maradiaga, al caer la noche, las fuerzas policiales allanaron la vivienda del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, deteniéndolo junto a su esposa, Victoria Cárdenas, quien contaba con una orden de captura vigente por el supuesto delito de "evasión fiscal", por una suma mayor a los nueve millones de córdobas (más de USD $250,000).

S. Chamorro había sido citado por la Fiscalía para una "entrevista" el día miércoles 09 de junio, relacionada a la Fundación Nicaragüense para El Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), de la cual el economista era director hasta el año 2019, mientras que en el comunicado emitido por la Policía se expresa que se está investigando al aspirante a la Presidencia de conformidad con la Ley N° 1055.

El precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, fue detenido junto a su esposa, Victoria Cárdenas | Fotografía de Facebook

Cuatro precandidatos detenidos

A pesar de que aún no existen juicios o dictámenes en su contra, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro son los cuatro aspirantes a la Presidencia detenidos por el régimen de Ortega, quien ha utilizado a la Fiscalía como canal de inhibiciones, según lo denuncian opositores.

Orieta Benavides, abogada de Cristiana Chamorro, asegura que aún no ha podido comunicarse con su representada y que ninguna de las vías legales le han permitido conocer el estado de la precandidata o comunicarse con ella. A la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se le impuso de facto la casa por cárcel.

Por su parte, el Juzgado Quinto del Distrito Penal de Audiencias de la capital del país extendió a 90 días el plazo de detención judicial en contra del precandidato Arturo Cruz, a quien le fue allanada su vivienda el pasado 07 de junio, horas después de que su abogado, Elton Ortega, interpusiera un Recurso de Exhibición Personal.

Régimen se enseña contra opositores

"Denunciamos secuestro de José Adán Aguerri, miembro de nuestro Comité Ejecutivo y expresidente de COSEP, quien se encuentra ilegalmente detenido desde las 8:30 p.m.", tuiteó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Minutos después, el medio oficialista, 19 Digital, publicó el comunicado emitido por la Policía en el que se oficializó la detención de Aguerri, y de la opositora y miembro de la UNAB, Violeta Granera, quienes también serán investigados bajo la Ley N° 1055.

Granera es la primera persona detenida de la sociedad civil y permanece en su casa bajo custodia policial, mientras que Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, lugar que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos como centro de torturas en contra de opositores, en donde también se encuentran actualmente S. Chamorro y Maradiaga.

Violeta Granera, voz crítica del régimen de Ortega, se encuentra bajo casa por cárcel | Fotografía de La Prensa por Oscar Navarrete

La detención de los opositores fue denunciada por sus bloques políticos y por la comunidad internacional, entre ellos el Gobierno de España, quien exigió la "liberación inmediata de los precandidatos detenidos, encarcelados o retenidos, y de otros opositores". El sector privado de Nicaragua también manifestó su postura:

Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz

Según los comunicados emitidos por la Policía, tras las detenciones de Cruz, Maradiaga y S. Chamorro, la Ley N° 1055 - Ley Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada en diciembre de 2020, es el instrumento jurídico para investigar a los tres precandidatos.

Cuando dicha legislación fue aprobada, la Vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, celebró el dictamen de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, destacando lo que para muchos opositores a su Gobierno era el objetivo de su creación: "Serán traidores a la Patria", dijo ese día en su habitual alocución.

"Son traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua", expresó Murillo.

"Esto fue aprobado hoy con elevada dignidad nacional, elevado sentido de la defensa, la soberanía, la defensa y la autodeterminación de Nicaragua y el pueblo nicaragüense... ...Uno se pregunta, alguna vez han sentido dolor, porque el amor también es dolor, dolor patrio. No, cómo van a sentirlo si lo que han producido y promovido, financiado y organizado desde el imperio es dolor a la patria", enfatizó la estrafalaria funcionaria.