El Salvador abre nuevos procesos contra 134 miembros de la MS-13 mientras permanece en pausa el macrojuicio contra 486 cabecillas
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Los nuevos casos abiertos este lunes 25 de mayo están divididos en dos expedientes distintos. El primero involucra a 43 presuntos pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos, señalados de mantener operaciones criminales en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador. Según la acusación fiscal, los imputados formaban parte de una estructura jerárquica dedicada a actividades vinculadas al crimen organizado.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
La ofensiva judicial contra las estructuras de la Mara Salvatrucha (MS-13) sumó este lunes 25 de mayo de 2026 un nuevo capítulo en El Salvador. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador inició el procesamiento, en audiencia única abierta, de 134 presuntos integrantes de dos estructuras de la organización criminal, acusados de participar en actividades relacionadas con crimen organizado, tráfico de drogas, extorsiones, homicidios y otros delitos cometidos durante años en distintas zonas del país centroamericano.
Los casos avanzan en paralelo a uno de los mayores procesos penales emprendidos por la justicia salvadoreña: el juicio contra 486 cabecillas de la MS-13, que permanece suspendido a la espera de documentación considerada clave por la Fiscalía General de la República (FGR).
Dos procesos por actividades criminales en San Marcos y Sensuntepeque
El primero de los expedientes abiertos ayer involucra a 43 integrantes de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos, señalada de operar durante años en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador.
Durante la apertura de la audiencia, la Fiscalía sostuvo que presentará pruebas para demostrar la participación de los acusados en estructuras de crimen organizado. La imputación principal corresponde al delito de agrupaciones ilícitas, aunque varios de los procesados también enfrentan cargos relacionados con tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas con fines de tráfico.
Entre los acusados figuran dos presuntos líderes de la estructura: uno identificado por la Fiscalía como fundador de la clica y otro con funciones de corredor. El Ministerio Público ha solicitado para ambos la pena máxima contemplada en la legislación vigente, de 60 años de prisión. Las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado aprobadas por la Asamblea Legislativa establecen condenas de entre 45 y 60 años para fundadores y máximos dirigentes de pandillas.
El segundo proceso reúne a 91 presuntos miembros de la MS-13 acusados de operar en Sensuntepeque, departamento de Cabañas. Según la Fiscalía, los imputados mantuvieron presencia durante décadas en barrios, colonias, caseríos y cantones de ese distrito, donde habrían participado en actividades de extorsión, homicidios y tráfico de drogas.
Además del delito de agrupaciones ilícitas, los acusados enfrentan cargos por organizaciones terroristas y tráfico ilícito de estupefacientes.
Las capturas fueron realizadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos de la Fuerza Armada durante operativos ejecutados bajo el régimen de excepción. Las autoridades sostienen que dichas intervenciones permitieron ingresar a sectores considerados históricamente controlados por pandillas, entre ellos las comunidades de Los Llanitos, Quinteros y El Moidán.
El macrojuicio contra la dirigencia de la MS-13 continúa suspendido
Mientras estos nuevos procesos avanzan, el juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha permanece paralizado debido a la falta de documentación requerida por el tribunal.
La causa, considerada una de las más amplias en la historia judicial salvadoreña, busca establecer la responsabilidad de los principales dirigentes de la organización en 47.427 delitos atribuidos a la estructura criminal entre 2012 y 2022.
A mediados de mayo, cuando la Fiscalía informó que estaba preparada para presentar sus alegatos finales, el juez encargado anunció una suspensión indefinida del proceso. La decisión respondió a la ausencia de aproximadamente una veintena de certificaciones de sentencias condenatorias emitidas por distintos tribunales del país, documentación que el Ministerio Público considera esencial para reforzar la acusación.
Según la información más reciente del caso, el juzgado volvió a requerir formalmente esos documentos. La reanudación de la audiencia dependerá de que las certificaciones sean remitidas y queden incorporadas al expediente judicial.
La Fiscalía sostiene que dichos antecedentes permiten acreditar delitos ejecutados por la organización durante una década de operaciones. Entre los hechos investigados figuran 444 casos de homicidio que, de acuerdo con la acusación, dejaron cerca de 29.000 víctimas durante el período analizado.
La estructura criminal bajo análisis
La acusación fiscal describe a la Mara Salvatrucha como una organización integrada por 32 programas —niveles superiores de mando dentro de la estructura— y 230 clicas distribuidas territorialmente en diferentes zonas del país.
El Ministerio Público argumenta que los principales dirigentes no solo conocían las actividades criminales desarrolladas por las células bajo su control, sino que habrían ordenado y coordinado la ejecución de múltiples delitos. Entre las conductas atribuidas figuran homicidios, extorsiones, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas.
Durante las últimas jornadas celebradas antes de la suspensión, la Fiscalía presentó prueba documental y pericial para su valoración judicial. Asimismo, sostiene que cuenta con audios, videos y otros elementos probatorios destinados a demostrar la cadena de mando interna de la organización y el papel de sus máximos líderes en la planificación y ejecución de actividades criminales.
La estrategia acusatoria busca que los jefes de la estructura sean considerados autores mediatos de los delitos cometidos por miembros subordinados, bajo la figura jurídica de aparatos organizados de poder. Con ello, la Fiscalía pretende establecer que los cabecillas no actuaron únicamente como colaboradores o instigadores, sino como responsables directos de decisiones que derivaron en la comisión de crímenes ejecutados por centenares de integrantes de la organización.
A la espera de la reanudación de ese proceso, los nuevos juicios iniciados esta semana representan otro frente dentro de la estrategia estatal para judicializar a las estructuras territoriales y a los niveles de mando de la Mara Salvatrucha, una de las organizaciones criminales más extensas y violentas que han operado en El Salvador durante las últimas décadas.
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