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CNE de Honduras decide avanzar hacia la declaratoria presidencial en medio de nuevos desacuerdos internos y denuncias de injerencia extranjera

  • Dec 24, 2025
  • 6 min read

La discusión institucional de ayer se vio atravesada por la presentación de diez nuevos audios difundidos por Marlon Ochoa, que —según el consejero— apuntarían a una intervención extranjera en el proceso electoral y a su conducción "a conveniencia de un candidato en particular". Ochoa afirmó que en las grabaciones se escucharían voces vinculadas a un expresidente de Honduras, un excandidato presidencial del Partido Liberal y un asesor internacional, entre otras no identificadas.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Tegucigalpa, Honduras
Urna de votación de Honduras en 2025 | Fotografía de COYUNTURA por Juan Daniel Treminio
Urna de votación de Honduras en 2025 | Fotografía de COYUNTURA por Juan Daniel Treminio

La noche de este martes 23 de diciembre de 2025 marcó un punto de inflexión en el cierre del proceso electoral hondureño. El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió por mayoría aprobar la recomendación técnica para emitir la declaratoria oficial de resultados en el nivel presidencial, con base en los datos disponibles hasta ahora, una decisión que habilita al organismo a formalizar en cualquier momento la proclamación del presidente electo de los comicios celebrados el domingo 30 de noviembre de 2025.


La determinación se produjo tras una sesión virtual iniciada alrededor de las 07:00 p.m., en la que participaron las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, así como el consejero Marlon Ochoa, representante del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Hall (liberal) y López (nacionalista) votaron a favor de avanzar con la declaratoria presidencial, mientras que Ochoa se retiró de la sesión antes de la votación, tras leer un documento que terminó llevando minutos después al Ministerio Público (MP), reiterando su oposición al considerar que el escrutinio no ha concluido y que persisten inconsistencias sin resolver.


El informe técnico y la urgencia institucional


El debate estuvo sustentado en un informe presentado por la Secretaría General del CNE, encabezada por Thelma Martínez, mediante el oficio AAEG-CNE-010-2025, fechado el 23 de diciembre. En el documento se recomienda proceder con la declaratoria presidencial utilizando la información recopilada hasta el momento por la Comisión de Seguimiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) o, en su defecto, por la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas del organismo.


El texto advierte sobre una serie de factores que, según la Secretaría, justifican la necesidad de cerrar esta etapa del proceso: la lentitud en la revisión de actas, condiciones de inseguridad en algunos puntos del país, presiones denunciadas contra integrantes de juntas receptoras de votos y la existencia de más de un centenar de impugnaciones vinculadas a actas que fueron consignadas en cero. Para el órgano técnico, prolongar indefinidamente el proceso podría poner en riesgo la estabilidad institucional y la credibilidad del sistema electoral.


En ese contexto, el informe plantea que cualquier solicitud adicional de nulidad o de recuento especial en otros niveles electivos debe declararse sin lugar, sin menoscabo del derecho de las partes inconformes de recurrir a las instancias jurisdiccionales correspondientes, particularmente el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).



La posición de las consejeras


Durante la sesión, tanto Hall como López fundamentaron su voto favorable en el principio de preservación del acto electoral celebrado el pasado domingo 30 de noviembre. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, sostuvo que proceder con la declaratoria presidencial es una medida orientada a resguardar el proceso civil e institucional, tomando en cuenta la amplia participación ciudadana registrada durante la jornada y la necesidad de ofrecer certidumbre política, social y estatal al país centroamericano.


Para las consejeras, la emisión de la declaratoria no implica desconocer las vías legales aún disponibles para impugnar resultados en otros niveles, sino cumplir con el calendario electoral y evitar que el proceso se prolongue en un clima de tensión e incertidumbre.


El voto disidente y las denuncias de Ochoa


En contraste, Marlon Ochoa volvió a expresar un rechazo frontal a la posibilidad de emitir la declaratoria presidencial en este momento. Minutos antes de la sesión, el consejero izquierdista ofreció una conferencia de prensa en la que presentó diez nuevos audios que, según afirmó, confirmarían que el proceso electoral fue "condicionado, controlado y dirigido desde el extranjero" en beneficio de un candidato específico, siguiendo la línea de la excandidata presidencial Rixi Ramona Moncada.


De acuerdo con Ochoa, en las grabaciones estarían involucrados un expresidente de Honduras, un excandidato presidencial del Partido Liberal y un asesor internacional, además de otras voces que no pudieron ser identificadas con claridad. El consejero aseguró que el material revelaría una supuesta intervención extranjera "vulgar y descarada", la más grave —según sus palabras— en la historia electoral del país.


Entre las acusaciones, Ochoa sostuvo que los audios apuntan a presiones y amenazas de sanciones económicas contra Honduras en caso de que no resultara ganador el candidato preferido por el gobierno de los Estados Unidos. También afirmó que las grabaciones evidenciarían una supuesta coordinación para sabotear la voluntad popular y manipular actas, así como instrucciones para que el Partido Nacional no aceptara un recuento "voto por voto", al alegar pérdidas de más de 15 mil sufragios en unas 1,700 Juntas Receptoras de Votos.


La respuesta de Cossette López y el clima interno


Mientras Ochoa difundía sus denuncias, la consejera Cossette López reaccionó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) con un mensaje irónico que evidenció la tensión interna en el CNE. "Marlon Ochoa produce más audios que Sony Music… todos más falsos que las voces de Milli Vanilli", escribió, en referencia al conocido escándalo musical de la década de 1980 por el uso de playback.


El intercambio público entre consejeros reflejó otra vez la profundidad del desacuerdo en el órgano electoral y anticipó una sesión marcada por posiciones irreconciliables. Pese a ello, tras la conferencia de Ochoa y el pronunciamiento de López, el pleno del CNE y la Secretaría General se reunieron para abordar formalmente la aprobación de la declaratoria presidencial.


Presiones externas y llamados internacionales


El contexto en el que se produjo la decisión del CNE estuvo acompañado de llamados de la comunidad internacional. Ayer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al Consejo Nacional Electoral a emitir la declaratoria oficial conforme al cronograma establecido, subrayando la importancia de garantizar certeza jurídica y estabilidad democrática tras las elecciones generales.


Estas exhortaciones se sumaron a la preocupación expresada en el informe técnico sobre los riesgos de prolongar un proceso que, a casi un mes de celebrados los comicios, aún no había sido formalmente cerrado en el nivel presidencial. La Organización de los Estados Americanos (OEA) también se mantiene vigilante.


Un paso decisivo, pero no exento de controversia


Con el respaldo de Hall y López, el CNE quedó en condiciones de formalizar en las próximas horas la declaratoria oficial del presidente electo. La resolución, sin embargo, no clausura el conflicto político ni las controversias en torno al proceso electoral. Las denuncias de Ochoa, aunque rechazadas por sus colegas, anticipan una disputa que podría intensificarse desde otras instancias institucionales y el debate público.


La decisión del CNE se inscribe así en un escenario complejo: por un lado, la necesidad de cumplir con el calendario electoral y preservar la legitimidad del proceso; por otro, un clima de desconfianza alimentado por acusaciones de irregularidades e injerencia extranjera. En ese delicado equilibrio, el organismo electoral optó por avanzar con la declaratoria presidencial, asumiendo el costo político de una resolución adoptada sin unanimidad y bajo la atenta mirada de actores nacionales e internacionales.



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