Con acusaciones y descalificaciones, presidente Rodrigo Chaves enfrenta a jueces, fiscal y OIJ tras pedido para levantarle la inmunidad
- Jairo Videa
- 3 jul
- 5 Min. de lectura
Es un hecho inédito: nunca antes un presidente en funciones había sido sometido a este tipo de procedimiento. La Asamblea Legislativa deberá ahora decidir si da curso a la solicitud del Poder Judicial, lo que requerirá el voto favorable de al menos 38 de los 57 diputados. El expediente en cuestión señala un posible delito de concusión por la supuesta exigencia indebida de pagos relacionados con un contrato de servicios de comunicación, suscrito con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles, protagonizó el miércoles 02 de julio de 2025 una ofensiva política sin precedentes contra la cúpula del Poder Judicial costarricense, luego de que la Corte Plena acordara esta semana por mayoría solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad para que enfrente una acusación penal por el presunto delito de concusión. El proceso está vinculado a un contrato de 405,800 dólares financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La resolución de la Corte Plena —con 15 votos a favor y 7 en contra— marca un hito en la historia política, social, institucional y judicial del país centroamericano: es la primera vez que se solicita el retiro del fuero a un presidente en funciones. Junto a Chaves, también se incluyó en la petición al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien fungía como su jefe de despacho al momento de la firma del contrato en cuestión.
Desde Casa Presidencial en San José, con una rueda de prensa de casi dos horas transmitida en redes sociales digitales, Chaves calificó la decisión judicial como una movida de "política barata", "vergonzosa", y arremetió sin reservas contra los magistrados, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez —autor de la acusación— y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga. "Quince de los magistrados enterraron aún más la credibilidad de esa institución fundamental", dijo, al tiempo que expresó "respeto y admiración" hacia los siete votos disidentes.
"Era cuestión de tiempo para que, vestidos con la toga de la institucionalidad, hicieran política de la más barata", declaró, en alusión a lo que considera una retaliación por no deberle favores a los altos mandos judiciales.
Las críticas se intensificaron cuando abordó la figura de Carlo Díaz, a quien acusó de construir "una novela digna de castillos, brujas y traiciones", y vaticinó su salida del cargo por incapacidad. "La vergüenza que le ha dado es muy grande", insistió.
En paralelo, la controversia por los presuntos vínculos del actual ministro de Justicia, Gerald Campos, con el exmagistrado Celso Gamboa —actualmente detenido con fines de extradición a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) bajo cargos de narcotráfico— amplificó las tensiones. Durante una comparecencia en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, el director del OIJ, Randall Zúñiga, afirmó que Campos reconoció su relación con Gamboa durante una reunión en marzo de 2023 en Casa Presidencial.
Campos refutó sin más dichas afirmaciones, acusó a Zúñiga de mentir ante los legisladores y lo tildó de "irresponsable". "No se vale jugar con el honor de las personas", declaró, aclarando que su relación con Gamboa fue estrictamente profesional y jerárquica, sin implicaciones delictivas. Chaves, cuyo mandato presidencial concluye en 2026, respaldó firmemente al ministro: "lo que dijo Randall Zúñiga fue un ridículo. No le voy a pedir cuentas a don Gerald, porque ya lo hizo y quedé satisfecho".
Zúñiga, por su parte, sostuvo que Campos se refería a Gamboa como "jefe" en su momento y que fue este quien confirmó su vínculo ante el mandatario. Sin embargo, la declaración generó una fuerte reacción desde el Poder Ejecutivo, que tachó al director del OIJ de "chismosillo" y "muy insinuador".
El presidente costarricense también cargó contra el diputado del Frente Amplio y precandidato presidencial, Ariel Robles, quien cuestionó la versión de Chaves sobre su desconocimiento de Gamboa. Robles denunció que el exmagistrado organizaba "tours" en Monterán, presuntamente para acercar personas al presidente, a lo que Chaves respondió con burlas. "Padece de incontinencia mental (…) Se fue con la finta y le dieron hasta para llevar a la casa con la embarcada", señaló Rodrigo, con su usual seseo.
Chaves acusó a Robles y a "la prensa canalla" de manipular la narrativa en su contra, sugiriendo que actúan por "resentimiento" ante el respaldo popular que aún conserva su administración.
En ese sentido, la solicitud de levantamiento del fuero presidencial ahora queda en manos de la Asamblea Legislativa, que debe decidir si admite o rechaza la petición. Para proceder con el desafuero, se requieren al menos 38 votos favorables. Chaves aseguró que no teme al proceso y minimizó la acusación. "A mí no me importan estas acusaciones absurdas y ridículas (…) Gracias, de hecho me hicieron feliz", declaró este miércoles.
Mientras tanto, el expediente será objeto de discusión en el Parlamento, en medio de un clima político polarizado y con un Poder Judicial bajo cuestionamientos internos y externos.
La confrontación entre el Ejecutivo y los altos mandos del sistema judicial ha escalado a niveles inéditos. Las descalificaciones del mandatario, el descrédito institucional, y la mezcla entre imputaciones legales y disputas personales ilustran una profunda fractura entre poderes que pone en entredicho la estabilidad política, institucional y de seguridad en Costa Rica. El proceso judicial contra el presidente, de continuar, podría abrir una nueva etapa de tensión social en el país, uno que históricamente ha resuelto sus diferencias por la vía del derecho, no del enfrentamiento directo.
En el corazón del conflicto yace una pregunta central para el futuro inmediato de la democracia costarricense: ¿está siendo investigado un acto de corrupción, o se libra una batalla política disfrazada de legalidad? El Parlamento tiene ahora la última palabra. Mientras tanto, el pulso entre Chaves y la Corte Plena redefine los límites entre crítica política, independencia judicial y responsabilidad estatal.
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