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Congreso de Guatemala rechazó el Estado de Calamidad propuesto por el Gobierno debido a los incendios forestales

Uno de los principales puntos de controversia fue la supuesta limitación de derechos constitucionales contemplada en el decreto gubernativo. Diputados de diversas bancadas argumentaron que la medida podría ser utilizada de manera arbitraria para restringir las libertades individuales, especialmente el derecho a la libre expresión consagrado en el Artículo 5 de la Constitución guatemalteca.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Pleno del organismo Legislativo de la República de Guatemala en abril de 2024 | Fotografía cortesía
Pleno del organismo Legislativo de la República de Guatemala en abril de 2024 | Fotografía cortesía

El pleno del Congreso de la República de Guatemala, con una votación contundente de 84 votos en contra, ha rechazado el Estado de Calamidad decretado por el presidente Bernardo Arévalo el miércoles 10 de abril de 2024. La medida, que tenía como objetivo hacer frente a los devastadores incendios forestales y el siniestro registrado en el vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), ha sido objeto de intensos debates y críticas por parte de diversas bancadas parlamentarias.


En ese sentido, el presidente Arévalo había justificado la decisión de declarar el Estado de Calamidad como una respuesta urgente a los múltiples incendios que han consumido miles de hectáreas de bosques y amenazado la salud de las y los ciudadanos, especialmente en la capital y sus alrededores. Sin embargo, los diputados expresaron sus preocupaciones respecto a la falta de transparencia en la gestión de los recursos y la posible limitación de garantías constitucionales que podría implicar esta medida excepcional.


El debate en el Congreso giró en torno a diversos aspectos, desde errores de forma en la tramitación del decreto gubernativo hasta cuestionamientos de fondo sobre la necesidad y pertinencia del Estado de Calamidad. Algunos legisladores señalaron que la medida podría ser utilizada para restringir derechos constitucionales, como la libre expresión, sin una justificación clara relacionada con la emergencia provocada por los incendios.


El diputado Álvaro Arzú Escobar, del bloque Unionista, fue uno de los más críticos con la medida, argumentando que el gobierno estaba utilizando el estado de Calamidad como un pretexto para limitar las libertades ciudadanas. Por su parte, el diputado Sergio Celis, del partido Cabal, aliado al oficialismo, expresó su preocupación por las posibles repercusiones negativas en las garantías constitucionales del pueblo guatemalteco.


Incluso dentro de las filas de la alianza oficialista hubo voces disidentes. El diputado Adim Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentó una moción verbal para improbar el estado de Calamidad, la cual fue respaldada por una mayoría de votos. Esta decisión refleja el descontento generalizado en el Congreso respecto a la medida propuesta por el Gobierno.


El rechazo del Congreso al Estado de Calamidad deja al Gobierno en una situación difícil, enfrentando una emergencia sin la herramienta legal que había considerado necesaria para hacer frente a la situación. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se ha manifestado la determinación de seguir buscando soluciones para atender la crisis causada por los incendios, a pesar de la falta de respaldo parlamentario.


Mientras tanto, la población guatemalteca enfrenta una situación de riesgo, con la calidad del aire catalogada como "peligrosa" por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). Las autoridades han recomendado evitar actividades al aire libre y tomar precauciones debido a la contaminación generada por los incendios, que aún continúan activos en algunas zonas del país.


A pesar del rechazo del Congreso, la crisis ambiental y humanitaria desatada por los incendios forestales y el siniestro en el vertedero de AMSA sigue siendo hasta este viernes 12 de abril una preocupación urgente que requiere acciones inmediatas y coordinadas por parte de todas las instituciones del Estado y la sociedad civil.


 

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