La caída del operador financiero: sentencia sandinista contra Bayardo Arce expone la purga interna del régimen de Nicaragua
- Jairo Videa
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La resolución del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua, hecha pública este martes 27 de enero de 2026 por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), describe una estructura financiera ilícita sostenida en el tiempo, con ramificaciones nacionales e internacionales, destinada a ocultar capitales provenientes de defraudación tributaria sistemática. Pero el documento judicial omite deliberadamente una pregunta central:¿cómo pudo operar durante años un esquema de esta magnitud sin la protección del poder político?
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Una resolución penal dictada por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua y divulgada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el martes 27 de enero de 2026, reconoce y condena una operación financiera sistemática, sostenida y compleja destinada a integrar capitales de origen ilícito al circuito económico formal y a defraudar al Estado nicaragüense.
La sentencia declara penalmente responsables a Bayardo Arce Castaño y a Ricardo Bonilla Castañeda por el delito de lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado, ordena la cancelación de sociedades y el decomiso de bienes como medidas resarcitorias, y detalla montos millonarios que materializan el daño económico atribuido al entramado, luego de varios años de inacción por parte del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Qué dice la sentencia (y qué prueba la sostiene)
El fallo, cuya copia fue difundida por la PGJ, fundamenta la condena en "prueba" documental, pericial y testifical: registros bancarios y mercantiles, peritajes sobre trazabilidad de flujos financieros y declaraciones que, según el tribunal sandinista, confirman la participación directa y concertada de los acusados en el esquema ilícito.
La autoridad judicial concluye que no se trató de hechos aislados sino de una operatividad prolongada orientada a ocultar el origen y destino del dinero, afectando gravemente la transparencia del sistema financiero nacional.
Entre las modalidades probadas figuran el uso de testaferros para figurar como propietarios o socios de fachada; la creación y activación de redes societarias (49 sociedades identificadas, 35 de ellas activas según la sentencia) para canalizar flujos; y la estratificación de capitales mediante préstamos ficticios y transferencias internas e internacionales (incluyendo movimientos hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas).
La resolución cuantifica los recursos vinculados al esquema en 2,713,583,217 dólares y 82,344,806,790 córdobas, cifras que el tribunal asocia directamente con la operación delictiva.
Actores secundarios identificados y estado procesal
El tribunal también nombra como coautores a Amelia Ybarra y Amílcar Manuel Ybarra (hermana y cuñado, respectivamente, vinculados al círculo del principal encausado). Según la PGJ, ambos se encuentran en condición de prófugos y la causa en su contra permanece abierta. La orden de cancelación de sociedades y decomiso de bienes se dicta en el marco de la Ley Nº 735 sobre prevención y persecución del crimen organizado y la administración de bienes incautados.
El nombre de Bayardo Arce no es nuevo en la política y la economía nicaragüense: durante décadas fue uno de los consejeros económicos más visibles del sandinismo, con influencia en políticas públicas y en espacios de gestión productiva. En 2025, Arce sufrió una rápida degradación política: fue buscado por el aparato de justicia desde julio, arrestado por fuerzas estatales, trasladado a prisión y puesto en aislamiento; su familia y medios independientes han denunciado malos tratos y cuestionan la ausencia de garantías procesales.
Observadores y medios independientes interpretan su detención y la cascada de medidas —entre ellas la remoción o sustitución de representantes en organismos y empresas vinculadas— como parte de una purga interna vinculada a tensiones entre las cúpulas del poder.
Meses antes de la sentencia, el régimen ya había removido a representantes privados —incluido Ricardo Bonilla— de la dirección del Banco de Fomento Produzcamos, en una decisión que, según reportes, formó parte de los múltiples cambios administrativos que evidencian la reconfiguración del círculo económico cercano al poder. Ese episodio es coherente con la línea de despojo de posiciones que algunos analistas relacionan con decisiones de Rosario Murillo para reordenar lealtades y recursos dentro del aparato.
Lo que la investigación judicial documenta: un modelo operativo replicable
La sentencia expone una modalidad de criminalidad económica que combina tres elementos que las investigaciones internacionales consideran prototípicos de esquemas de extracción y captura económica:
Instrumentalización de figuras "tapadera" (testaferros) para desvincular beneficiarios efectivos del patrimonio.
Estructuración societaria transaccional: múltiples sociedades pantalla que legitiman movimientos y simulan operaciones comerciales.
Uso de canales internacionales y productos financieros para disolver la cadena de titularidad y dificultar la trazabilidad.
En el caso juzgado, esos elementos se combinaron con maniobras fiscales —según el tribunal, consistentes en defraudación tributaria sistemática— que permitieron generar y movilizar los montos que la sentencia cuantifica como perjuicio al Estado.
La condena y las órdenes de decomiso y cancelación de sociedades tienen efectos prácticos inmediatos: aspiran a desarticular las estructuras mercantiles que sirvieron al esquema y a recuperar activos para el Estado.
Pero la resolución también abre interrogantes sobre la capacidad de instituciones públicas para auditar y prevenir mecanismos de captura fiscal; sobre la opacidad de circuitos financieros transnacionales que facilitan el reciclaje de capitales; y sobre la coexistencia entre responsabilidades políticas y procesos judiciales en un sistema donde el poder ejecutivo controla o influencia múltiples órganos del Estado.
Además, el caso reaviva la discusión pública sobre cómo se reparten responsabilidades cuando operadores financieros de larga data —figuras con historial de proximidad al poder— son sometidos a procesos penales extremos en escenarios de reconfiguración política interna.
Qué prueba falta en el espacio público y qué exigir a las autoridades
La sentencia y la nota de la PGJ aportan detalles sustantivos sobre operaciones, sociedades y montos. Aun así, para una rendición de cuentas robusta y transparente es necesario que:
Se publiquen resúmenes ejecutivos de peritajes financieros con metodología reproducible (sin vulnerar secreto bancario de terceros inocentes).
Se active la cooperación internacional hacia jurisdicciones señaladas en las transferencias, para que las trazabilidades sean verificadas más allá del relato local.
Se explique públicamente la cadena de custodia de los documentos que sustentaron las pericias y la participación de auditores externos independientes cuando proceda.
Sin esas piezas, la sociedad queda con una sentencia firme pero con preguntas sobre alcance real de la recuperación de activos y la capacidad de evitar que otros circuitos similares sigan operando.
La condena a Arce y a Bonilla —y la forma en que el caso se ha desarrollado en el último año— debe leerse en dos planos superpuestos: el jurídico (donde el tribunal documenta hechos y emite sanciones) y el político (donde la caída de operadores y su sustitución por figuras cercanas a la dirección vigente revela redistribuciones de poder y recursos).
En ese sentido, el caso no solo desnuda un esquema de apropiación y lavado, sino también la dinámica de purga y reacomodo que atraviesa hoy las élites del régimen del Frente Sandinista.
Los expertos consultados por este medio advierten: la documentación judicial debe ser la base de nuevas pesquisas periodísticas que contrasten las figuras societarias, analicen contratos, y sigan la pista de las transferencias internacionales con apoyo de fuentes judiciales y peritos que solo el régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo controlan. Solo así se podrá medir el alcance efectivo de la sentencia más allá de la retórica oficial.
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