Laura Fernández, la continuidad en primera vuelta. Mutó el mapa político de Costa Rica
- Jairo Videa
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Las próximas semanas serán decisivas para traducir votos en poder real y para determinar el perímetro del cambio: la conformación definitiva de la Asamblea Legislativa, las negociaciones para controlar o impedir reformas constitucionales, y la capacidad del nuevo Ejecutivo de articular una agenda que equilibre ajustes económicos con la preservación de consensos mínimos frente a temas de seguridad y derechos humanos. En ese tablero, la figura de Fernández tendrá que conjugar la lealtad que la vinculó al presidente saliente con la necesidad de construir una gobernabilidad que exceda la mera reproducción del liderazgo que la impulsó.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica

La elección celebrada este domingo 01 de febrero de 2026 consagra un giro de magnitud en la política costarricense: Laura Virginia Fernández Delgado obtuvo una victoria clara en primera vuelta que admite pocas dudas sobre la continuidad del proyecto político iniciado por el Ejecutivo saliente. Con un respaldo que rozó prácticamente la mitad del electorado y sin necesidad de una segunda ronda, el resultado redefine el equilibrio de poder y reabre el debate sobre los límites institucionales en un país que durante décadas fue percibido como una excepción democrática en la región. La candidata que encabezó el triunfo aparece, en buena medida, como la heredera política del presidente saliente. Laura Fernández, de 39 años, obtuvo el 48,51 % de los votos —por encima del umbral del 40 % que evita la segunda vuelta— en un conteo que, con casi el 90 % de las papeletas escrutadas, confirmaba la amplitud del respaldo. Su organización, el Partido Pueblo Soberano, cristalizó la movilización ciudadana y dejó en evidencia el desgaste de viejos liderazgos y estructuras partidarias.
El triunfo, además del valor simbólico de elevar a una mujer a la Presidencia por la vía electoral, tiene consecuencias prácticas: la capacidad de convertir esa mayoría electoral en control institucional dependerá, ahora, de la configuración de la Asamblea Legislativa y de la cintura política del nuevo oficialismo para negociar o cooptar escaños. Las estimaciones preliminares señalan un reparto que otorga al bloque oficialista 31 diputados frente a unos 16 para el principal partido opositor, el Partido Liberación Nacional. Su candidato, Álvaro Ramos, concentró la mayor parte del voto opositor con un 33,32 %, pero no logró impedir una victoria que, en términos prácticos, abre paso a reformas ambiciosas. La campaña y el propio discurso de la presidenta electa dejan claro que esa ambición no se limita a medidas administrativas: la consigna de “continuidad del cambio”, repetida en sus intervenciones, ampara un proyecto que contempla reformas constitucionales de calado. Esa hoja de ruta incluye la idea —defendida desde el primer círculo del Ejecutivo saliente— de una reforma que podría permitir la reelección, hoy prohibida. Para que ese objetivo se concrete sería necesario obtener mayorías cualificadas en la Asamblea Legislativa; en la práctica, se habla de la barrera de al menos 40 escaños para impulsar un cambio constitucional sin amplias negociaciones.
La relación de Fernández con el presidente cuya estela busca prolongar es tan explícita que Chaves actuó como primer padrino público del triunfo. Rodrigo Chaves llamó por teléfono a la ganadora en una transmisión televisada, un gesto que el oficialismo celebró como el pase de testigo entre dos figuras que, hasta ahora, se presentan como continuadoras del mismo proyecto político. En el mensaje público posterior al escrutinio, Fernández definió el legado presidencial como "un tesoro" y prometió multiplicarlo, al tiempo que se declaró defensora del respeto a la ley y del diálogo. El desemboque de ese respaldo popular se inserta, además, en un contexto regional y de afinidades ideológicas que ya no pueden soslayarse. El primer mensaje de felicitación llegó desde la Presidencia de El Salvador: Nayib Bukele fue el primero en felicitar a la candidata ganadora, una señal de afinidad concreta con modelos de seguridad y mano dura que han sido parte de la narrativa proselitista. En la misma órbita de relaciones externas se mencionan vínculos con el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, y con liderazgos que articulan un bloque regional de perfil populista y conservador, al que algunos analistas han empezado a referirse como una versión centroamericana del trumpismo.
El rotundo resultado electoral no se explicó únicamente por la identificación con el oficialismo. La campaña de Fernández capitalizó un cóctel de factores estructurales: malestar social acumulado, erosión de la confianza en los partidos tradicionales, ampliación de las desigualdades territoriales y la sensación de que las soluciones ofrecidas por la política clásica no han logrado frenar la precarización. Esa confluencia —explican entrevistados y analistas consultados por COYUNTURA— creó el caldo de cultivo para que un liderazgo confrontativo transformara el descontento en voto.
La jornada electoral transcurrió con normalidad cívica: desde la apertura de centros a las seis de la mañana hubo largas filas, lluvia fina en la tarde que no amilanó la votación en la capital y otras provincias, y una participación que rondó el 66 %, según los datos manejados por el tribunal electoral en las primeras horas de la noche. Ese nivel de movilización supuso una derrota simbólica para el fantasma del abstencionismo que en ocasiones afecta a la vida pública del país centroamericano.
En los pasillos de la opinión pública y la academia resonaron advertencias sobre el posible coste institucional de la victoria. Analistas consultados sostienen que la acumulación de poder en torno al Ejecutivo —si se traduce en control de la Asamblea— podría tensionar a los contrapesos constitucionales: el Poder Judicial, los entes de control y el propio sistema de partidos. "Estamos viendo una transformación profunda de identidades", señaló un coordinador académico que subraya que la profundidad de ese realineamiento sólo podrá medirse de manera definitiva con la conformación del Legislativo.
Entre las voces de la oposición, la respuesta fue de advertencia y de voluntad de vigilancia. Ramos anunció que su bancada será "oposición constructiva" pero advirtió que no permitirá "cosas indebidas". Desde la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, que quedó en tercer lugar con un 4,81 % de los votos, prometió defender la democracia dentro de la Asamblea Legislativa. El izquierdista Frente Amplio apenas alcanzó el 3,72 % con su candidato Ariel Robles, aunque se estima que mantendría representación parlamentaria.
El perfil personal de la vencedora ofrece claves para interpretar tanto su papel público como las expectativas que la rodean. Nacida en Esparza y con una formación en ciencias políticas, Fernández no proviene de una base militante propia: su ascenso está vinculado a un recorrido profesional en la burocracia y a su cercanía con el presidente saliente, a quien se acercó en 2022 cuando éste iniciaba su gestión. Desde entonces fue escalando posiciones —asesora, ministra de Planificación y luego ministra de la Presidencia— hasta convertirse en la candidata ungida por la cúpula oficialista.
Aquella trayectoria explica el contraste entre su perfil técnico y la retórica combativa que adoptó durante la campaña. Mentores académicos y excolegas la recuerdan como diligente y con fines institucionalistas; su desempeño como portavoz del proyecto gubernamental la transformó en una figura pública más áspera y orientada a la confrontación política que caracteriza al actual oficialismo. En el material de campaña se la presentó como una ejecutora capaz de “conocer el engranaje” del Estado, pero también como la pieza que permitiría al proyecto oficialista no ser un episodio efímero. La iconografía de la campaña dejó claro, además, que la candidata no llegó sola: su plan de Gobierno incluyó referencias gráficas y simbólicas al presidente saliente, y figuras mediáticas que colaboraron con ese ascenso —como una periodista cuya figura fue determinante en el reconocimiento público del movimiento— aparecen en los soportes proselitistas. Esa construcción comunicacional subraya que, al menos durante la campaña, el capital político que impulsó a Fernández fue colectivo y en buena medida heredado.
El reto inmediato para el nuevo Ejecutivo será doble: consolidar una mayoría parlamentaria suficiente para avanzar en su agenda y, al mismo tiempo, administrar la expectativa pública sin profundizar la polarización. Economistas y politólogos recuerdan que propuestas de austeridad fiscal, recortes en el empleo público y reformas estructurales suelen reactivar la conflictividad social en Costa Rica —un país donde la movilización ciudadana ha funcionado históricamente como un contrapeso—. Mantener la gobernabilidad exigirá, por tanto, maniobras políticas y capacidad de negociación que no siempre resultan compatibles con una narrativa de confrontación permanente.
La victoria también plantea una interrogante interna al propio bloque oficialista: ¿hasta qué punto Fernández será una continuación fiel del liderazgo saliente y en qué momento buscará forjar una identidad propia? La experiencia comparada y la dinámica política interna sugieren que la exigencia de independencia del liderazgo sucede con frecuencia al traspaso institucional; construir esa autonomía sin fracturar la coalición será una prueba de fuego. Por último, la elección confirma que Costa Rica ha entrado en una fase de realineamiento político: el mapa partidario se ha fragmentado, las identidades electorales se han transformado y el espacio público se ha vuelto más polarizado. Si la presidenta electa cumple su promesa de "resguardar la ley" y al mismo tiempo impulsa reformas de calado, el país enfrentará en los próximos años la tensión entre la búsqueda de orden y la preservación de las libertades y los contrapesos que han definido su vida democrática.
En ese escenario, la atención estará puesta en la próxima conformación de la Asamblea Legislativa y en las primeras iniciativas de Gobierno que definirán si la victoria se traduce en cambios institucionales profundos o en ajustes que, por su magnitud política, terminen reforzando la división social. Las próximas semanas marcarán, por tanto, el verdadero punto de inflexión para la trayectoria democrática de Costa Rica tras una jornada que, en las urnas, le dio a Laura Fernández una mayoría que ahora tendrá que gestionar con prudencia y estrategia. La Universidad de Costa Rica, donde varios analistas han seguido el proceso, coincide en que del Legislativo surgirán las claves para calibrar la factibilidad de los grandes proyectos anunciados.
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