Comisión Especial del Legislativo hondureño recomienda destituir a Johel Zelaya como fiscal general en un juicio político que ya entró en fase decisiva
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Tras la intervención del fiscal suspendido ayer martes, al menos cinco testigos comparecieron ante la Comisión, aportando elementos adicionales sobre la gestión institucional del Ministerio Público (MP) y decisiones adoptadas bajo su dirección. Estos testimonios no solo complementaron el expediente, sino que reforzaron la estrategia de la comisión de contrastar la versión de Zelaya con otros insumos antes de elevar su informe al pleno.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La Comisión Especial del Juicio Político del Congreso Legislativo de Honduras presentó este miércoles 25 de marzo de 2026 un informe en el que sugiere la destitución del fiscal general suspendido, Johel Antonio Zelaya Álvarez. El documento fue entregado al secretario del directorio parlamentario, Carlos Ledezma, y el pleno citó a Zelaya para comparecer mañana, jueves 26 de marzo, a las 08:00 de la mañana, aunque su asistencia no es obligatoria.
La ruta del caso quedó así trazada en cuestión de horas. Ledezma explicó que, una vez recibido el informe, el Congreso puede llamar al "fiscal en pausa" para que exponga ante el hemiciclo y luego someter el expediente a votación. Para una eventual destitución se necesitan al menos 86 votos de los diputados presentes; además, no podrán participar en la decisión los cuatro legisladores que presentaron la denuncia ni los nueve integrantes de la Comisión, que serán sustituidos por sus respectivos suplentes sin alterar la representación de las bancadas.
El punto más delicado del proceso llegó con la comparecencia del propio Zelaya ante la Comisión. La audiencia duró más de dos horas y el funcionario respondió con muchas evasivas a varias preguntas de fondo sobre la crisis electoral del año 2025, el manejo de audios y la falta de acciones contra actores señalados. En ese intercambio admitió que ordenó el secuestro de documentos de interés del Consejo Nacional Electoral (CNE), reconoció que Marlon Ochoa le entregó una memoria USB con audios y aceptó que no se juramentó a ningún perito para validar técnicamente ese material.
La comparecencia, además, se convirtió en un pulso político. Zelaya chocó con diputados de distintos partidos, evitó responder de manera directa sobre la falta de requerimiento fiscal contra el consejero electoral izquierdista y desvió preguntas sobre el retraso del calendario de votación. También quedó expuesto ante comparaciones sobre la rapidez con que actuó el Ministerio Público (MP) en otros casos basados en audios no verificados, mientras que en el expediente "Chequesol" la respuesta tomó mucho más tiempo.
El trasfondo jurídico del expediente explica por qué el proceso tiene tanta carga política. La denuncia que sustenta el juicio político atribuye cinco delitos, entre ellos descubrimiento y revelación de secretos por interceptación de telecomunicaciones, abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario, coacción y amenaza electoral, y otros delitos electorales por obstaculizar el cronograma del Consejo Nacional Electoral.
El Código Penal hondureño fija para el artículo 272 una pena de uno a tres años de prisión; para el artículo 499, inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años; y para los artículos 542 y 544, penas de cuatro a seis años de prisión, con inhabilitación adicional cuando el hecho lo cometen funcionarios públicos.
El Congreso ya había movido una ficha clave el lunes 23 de marzo, cuando suspendió a Zelaya como fiscal general y designó a Marcio Cabañas como interino mientras avanzaba la investigación. La propia institución sostiene que la figura de juicio político se aplica por primera vez en el país centroamericano y que la comisión tiene 30 días para completar su labor, de acuerdo con la Ley Especial de Juicio Político.
Con el informe en manos de la directiva legislativa y la cita para el jueves ya fijada, el caso entra en su tramo más sensible: una lectura formal ante el pleno, la eventual réplica del fiscal suspendido y una votación que puede sellar su salida de la Fiscalía, tras ser impuesto por el ahora opositor Partido Libertad y Refundación (LIBRE) en 2023.
En un proceso sin precedentes, la política y la técnica jurídica avanzan ahora al mismo ritmo, pero bajo una sola pregunta: si el Congreso reúne o no los votos para cerrar el capítulo de Johel Zelaya.
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