Consejo Anticorrupción asumirá un papel clave en la investigación institucional y la capacitación estatal en Honduras
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Lo que ha llamado la atención de analistas y observadores políticos consultados por este medio es la disposición abierta del gobierno actual para trabajar con sectores de sociedad civil que antes se encontraban en franca oposición al oficialismo. El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, destacó que el Ejecutivo está escuchando las preocupaciones planteadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y buscando sinergias con la OABI para enfrentar la crisis institucional heredada.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
En un giro que desafía líneas tradicionales de división política en Honduras, la abogada Gabriela Castellanos, dirigente del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) —hasta hace poco considerada adversaria de la expresidenta Xiomara Castro en debates públicos sobre transparencia y gestión estatal— participa ahora de forma pública y estrecha con funcionarios clave del gobierno del presidente Nasry "Tito" Asfura para enfrentar una de las crisis institucionales más graves de los últimos años.
Castellanos, cuyo activismo anticorrupción y cuestionamientos a distintos gobiernos hondureños la hicieron una figura incómoda para administraciones de distinta orientación política, fue recibida este lunes 16 de febrero de 2026 por autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Procuraduría General de la República, con el objetivo explícito de revisar demandas, embargos y el estado general de esa dependencia del Estado.
La reunión tuvo lugar en medio de una situación crítica: la OABI enfrenta un embargo sobre sus cuentas que supera los 90 millones de lempiras, un monto que, según la directora de la entidad, Elizabeth Rodríguez, limita severamente su operatividad y su capacidad de administración de bienes incautados.
Crisis financiera y judicial en una institución clave
La OABI, organismo encargado de administrar bienes decomisados por la justicia por delitos como corrupción y narcotráfico, enfrenta además más de 240 demandas judiciales que han desviado el rumbo de su presupuesto y operaciones. El patrón repite con insistencia que una sola jurisdicción judicial ha sido responsable de la mayoría de estos procesos, una situación que sus autoridades consideran irregular y que ha motivado denuncias por posibles delitos como prevaricato o abuso de autoridad.
Rodríguez ha advertido que la falta de recursos humanos, tecnológicos y de un registro sistematizado de bienes impide avanzar en la recuperación de activos controlados por terceros y en la modernización institucional.
Este escenario ha sido descrito por actores públicos como reflejo del debilitamiento de la gestión institucional acumulado en administraciones pasadas. Según fuentes de la Procuraduría General consultadas por COYUNTURA, varias secretarías y entidades del Estado fueron dejadas con un funcionamiento erosionado, sin fondos suficientes y sin capacidad de crecimiento operativo.
