Nayib Bukele irrumpe en el debate hondureño sobre seguridad y cuestiona a ministro de "Tito" Asfura
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El episodio pone de relieve un fenómeno cada vez más visible en Centroamérica: la disputa por el relato sobre seguridad pública. El mandatario salvadoreño ha convertido su estrategia en una marca política regional, utilizada tanto como ejemplo de éxito como advertencia sobre los riesgos del autoritarismo que hoy él mismo encarna. Honduras enfrenta desafíos propios. Con una tasa cercana a 23 homicidios por cada 100,000 habitantes y la presencia activa de estructuras como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, el gobierno ha colocado la seguridad como una de sus prioridades centrales.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rompió el silencio que había mantenido desde la toma de posesión de su homólogo hondureño hace casi un mes y abrió un nuevo frente en el debate regional sobre seguridad pública. No fue para felicitar al mandatario, sino para cuestionar directamente al recién nombrado ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Onán Velásquez, tras sus valoraciones sobre el denominado "modelo Bukele".
La reacción del gobernante salvadoreño se produjo la madrugada del domingo 15 de febrero de 2026, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), luego de que circulara un video con declaraciones del funcionario hondureño en el foro televisivo "Hablemos con hechos", transmitido por TV Azteca Honduras y conducido por el periodista Darío Banegas.
"Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad", escribió Bukele. Sin embargo, agregó que decidió pronunciarse tras escuchar al ministro "defender los 'derechos humanos' de los criminales", una postura que calificó como "triste". En su mensaje fue más allá: "miles de hondureños morirán por culpa de estas personas".
El origen de la controversia
Durante la entrevista televisiva, Velásquez fue consultado sobre la posibilidad de replicar en Honduras la eterna estrategia de seguridad aplicada en El Salvador desde 2022. El ministro reconoció que se trata de un esquema "interesante" y "de mucho estudio", pero subrayó que no constituye una fórmula exportable de manera automática.
"No es una receta para replicar exactamente en todos los países", sostuvo.
El titular de Seguridad hondureño explicó que el modelo salvadoreño responde a condiciones territoriales, políticas e institucionales específicas. En ese contexto, comparó la dimensión geográfica de ambos países al señalar que "territorialmente hablando, El Salvador cabe en Olancho", en alusión al departamento más extenso de Honduras.
Velásquez también destacó que El Salvador dispone de más de 60,000 efectivos entre policías y militares, y afirmó que existe "un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas, inclusive, que van en contra de los derechos humanos". Esa última afirmación fue interpretada por Bukele como una defensa de garantías para estructuras criminales, lo que detonó su respuesta pública.
El modelo salvadoreño sigue bajo escrutinio
Desde marzo de 2022, la administración derechista de Bukele mantiene vigente un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y habilita detenciones sin orden judicial, como parte de la "guerra" declarada contra las pandillas. Bajo ese marco han sido arrestadas más de 90,000 personas señaladas de integrar o colaborar con estructuras criminales.
Las autoridades salvadoreñas atribuyen a esa política una reducción drástica de los homicidios. El país cerró 2025 con 82 asesinatos y una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales, el registro más bajo desde que existen datos sistematizados.
El emblema del endurecimiento penal es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad construida para albergar a miles de presuntos pandilleros.
No obstante, organizaciones humanitarias nacionales e internacionales han documentado más de 6,400 denuncias por violaciones a derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y torturas, así como al menos 470 muertes bajo custodia estatal.
Entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han cuestionado la proporcionalidad y legalidad de las medidas adoptadas.
Bukele, por su parte, ha sostenido reiteradamente que quienes cometieron asesinatos o integraron pandillas perdieron ciertos derechos al delinquir, y ha defendido el régimen de excepción como una herramienta indispensable para recuperar el control territorial.
Seguridad y política en Honduras
Honduras enfrenta desde hace años la presencia de estructuras como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, organizaciones con arraigo regional. El país registra una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más elevados de Centroamérica, aunque inferior a los picos alcanzados en la década pasada.
El nuevo presidente hondureño, Nasry Asfura, asumió el cargo el 27 de enero para un periodo de cuatro años con la promesa de combatir las extorsiones y reforzar la seguridad ciudadana. Hasta ahora, no ha emitido una respuesta directa a las declaraciones de Bukele.
Asfura ya había sido consultado previamente sobre la ausencia de una felicitación pública por parte del mandatario salvadoreño. El 8 de enero, durante una actividad en San Pedro Sula, señaló: "él tendrá sus razones por qué no lo ha hecho, pero somos países hermanos y eso no cambia nada", dejando entrever una postura orientada al diálogo.
El silencio institucional se mantiene. Ni funcionarios del Ejecutivo hondureño ni diputados del oficialismo han fijado posición formal frente al pronunciamiento del presidente salvadoreño.
Reacciones desde la sociedad civil
Las palabras de Bukele generaron reacciones inmediatas en distintos sectores de Honduras. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, pidió al mandatario salvadoreño no intervenir en asuntos internos.
"Bukele que se enfoque en su proyecto político en El Salvador (…) Lo que diga nuestro ministro de Seguridad o el presidente de la República son decisiones netamente de Honduras", afirmó.
Maldonado también cuestionó la reelección de Bukele y lo acusó de haber vulnerado la Constitución salvadoreña, en referencia al debate jurídico que rodeó su continuidad en el poder. A su juicio, los problemas de seguridad en Honduras deben resolverse bajo la responsabilidad exclusiva de sus autoridades y ciudadanía.
Las opiniones en redes sociales y espacios de análisis han sido divididas. Mientras algunos sectores respaldan la firmeza del modelo salvadoreño y critican cualquier énfasis en garantías procesales para presuntos delincuentes, otros advierten que la reducción de homicidios no puede desvincularse del respeto a estándares básicos de derechos humanos y del equilibrio institucional.
Un debate regional abierto
El intercambio evidencia la tensión persistente entre dos enfoques: el que prioriza resultados inmediatos en la reducción del crimen, incluso a costa de restricciones extraordinarias, y el que insiste en la necesidad de mantener controles democráticos y garantías fundamentales.
La discusión no es nueva en Centroamérica, pero adquiere un matiz distinto cuando un jefe de Estado interviene públicamente para cuestionar la posición de un ministro de un país vecino. Más allá de la controversia puntual, el episodio confirma que el llamado "modelo bukelista" continúa siendo un punto de referencia —y de disputa— en la agenda de seguridad regional.
Por ahora, el gobierno hondureño no ha anunciado cambios en su estrategia ni ha respondido oficialmente al mandatario salvadoreño. El cruce, sin embargo, deja al descubierto que el debate sobre cómo enfrentar a las estructuras criminales seguirá marcando la conversación política centroamericana en los próximos años.
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