Corte Suprema y Ministerio Público defienden su gestión ante el cambio político en Honduras

Para la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), socializar ese balance es clave para que la ciudadanía conozca el trabajo desarrollado dentro del sistema judicial. En ese sentido, destacó la relevancia del domingo 25 de enero, fecha en la que se presentará oficialmente el informe de labores de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial en su conjunto, acto que consideró de especial importancia institucional.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política, institucionalidad y ciudadanía

Tegucigalpa, Honduras

El Poder Judicial junto al Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, firmaron en Tegucigalpa esta semana un Convenio de Cooperación Interinstitucional, que va orientado al fortalecimiento del acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad | Fotografía de El Heraldo

En medio de un escenario de transición de poder y reacomodos institucionales, dos de las principales figuras del sistema de justicia hondureño —la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, y el fiscal general, Johel Zelaya— fijaron posición pública sobre su gestión, el futuro inmediato de sus cargos y la relación entre justicia y política.

Rebeca Ráquel Obando sostuvo esta semana que, durante su periodo al frente de la CSJ, el Poder Judicial experimentó un proceso de transformación enfocado en la atención de sectores históricamente vulnerables. La magistrada afirmó sentirse "limpia" con su desempeño y recalcó que sus decisiones se han basado en criterios jurídicos, no políticos.

Aunque señaló que la Corte no está obligada a rendir cuentas directamente a la población, aseguró que se dará a conocer un informe de gestión que detalle los avances y logros alcanzados, el cual podría presentarse de forma escrita o verbal, según lo determinen las autoridades.

Obando subrayó que la divulgación de ese balance es clave para que la ciudadanía conozca el trabajo realizado por el Poder Judicial. En ese contexto, destacó la relevancia del 25 de enero, fecha en la que se prevé la presentación del informe institucional de la CSJ, al que calificó como un momento especialmente significativo para transparentar la labor desarrollada durante su administración.

Asimismo, confirmó su disposición a asistir a los actos oficiales vinculados al traspaso de poder, tanto a nivel municipal como presidencial, siempre que sea invitada. La presidenta de la CSJ expresó que su presencia responde al reconocimiento y respaldo a los procesos de transición democrática, remarcando que se trata de un cambio legítimo dentro del orden institucional del país centroamericano.

Por su parte, el fiscal general Johel Zelaya adoptó un tono firme frente a la posibilidad de un eventual juicio político en su contra, en el marco de la llegada de un nuevo gobierno. Aseguró que no teme enfrentar ese escenario y que cuenta con la serenidad y la convicción necesarias para asumir cualquier consecuencia derivada de decisiones políticas. Zelaya enfatizó que su actuación al frente del Ministerio Público se ha ajustado a la ley y que conoce los requisitos que implica un proceso de esta naturaleza.

El titular del ente acusador también dejó claro que su permanencia en el cargo no es una lucha personal, sino parte de lo que considera un compromiso con el país. Manifestó estar preparado para entregar el puesto en febrero de 2029, cuando finaliza su mandato, o incluso antes, si así lo decide el Congreso mediante un juicio político. En ese sentido, reiteró que no le falta determinación para enfrentar presiones o amenazas.

Uno de los puntos más contundentes de su declaración fue el rechazo explícito a aceptar recomendaciones de actores políticos para la incorporación de personal al Ministerio Público. Zelaya advirtió que permitir la entrada de funcionarios por cuotas partidarias sería perjudicial para la institución y recordó que, históricamente, los cambios de gobierno han venido acompañados de intentos por politizar entidades que gozan de autonomía constitucional.

Finalmente, el fiscal insistió en que la justicia no debe tener afiliación ni color político. Frente a señalamientos sobre una supuesta persecución política, negó que esa sea la línea de actuación del Ministerio Público y defendió la objetividad de su trabajo. En ese marco, reconoció el papel de los medios de comunicación como auditores de la función pública y afirmó que el escrutinio responsable y profesional es fundamental para fortalecer la institucionalidad.

Las declaraciones de Obando y Zelaya se producen en un momento clave para el sistema democrático hondureño, marcado por el relevo de autoridades y la expectativa ciudadana sobre la independencia y transparencia de las instituciones encargadas de impartir y perseguir la justicia, utilizadas en los últimos dos períodos estatales para favorecer la narrativa del oficialismo y la corrupción.

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