Deportado por error, ahora acusado: el complejo regreso de Kilmar Ábrego García a Estados Unidos desde una prisión en El Salvador
- Jairo Videa
- 6 jun
- 5 Min. de lectura
"Desde el principio, este caso dejó algo dolorosamente claro: el gobierno tenía la facultad de traerlo de vuelta en cualquier momento. En cambio, optaron por manipular a la corte y la vida de un hombre", afirmó su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, a ABC News. "No solo luchamos por Kilmar; luchamos para garantizar que se proteja el derecho al debido proceso para todos".
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
El salvadoreño Kilmar Ábrego García, de 29 años, deportado en marzo por error desde Maryland a El Salvador, ha sido finalmente retornado a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), donde enfrentará cargos penales federales por presuntamente haber participado durante años en el transporte de migrantes indocumentados dentro del país. Su historia ha expuesto por mucho las fallas estructurales del sistema migratorio estadounidense, al tiempo que abre un nuevo capítulo judicial marcado por acusaciones no resueltas y tensiones diplomáticas.
La acusación formal, presentada en secreto el mes pasado ante un tribunal federal en Tennessee, señala a Ábrego García como parte de una presunta red de tráfico de personas que habría operado durante casi una década, movilizando a miles de migrantes desde Texas hacia el interior del país. Según fuentes estatales consultadas por ABC News, la red incluyó menores de edad y, en algunos casos, a supuestos miembros de la pandilla transnacional Mara Salvatrucha (MS-13).
Las autoridades migratorias estadounidenses habían sostenido, sin presentar pruebas concluyentes, que Ábrego García era integrante de dicha pandilla. Sin embargo, su familia y defensa legal han rechazado rotundamente esa afirmación, al igual que la comunidad local que lo conocía como trabajador de la construcción en Maryland, donde vivía desde su ingreso irregular al país en 2012.
Ábrego García fue expulsado el 15 de marzo a El Salvador, a pesar de estar protegido por una orden judicial desde 2019 que prohibía expresamente su deportación por riesgo de persecución. La administración del mandatario Donald Trump reconoció posteriormente que dicha deportación fue un error institucional, y el caso se convirtió en uno de los pocos en los que el gobierno admitió públicamente una irregularidad en su sistema de expulsiones migratorias.
La Corte Suprema y una jueza federal del distrito de Maryland ordenaron al gobierno facilitar su retorno. Aun así, la administración se resistió durante semanas, presentando alegatos contradictorios mientras intentaba justificar su accionar en los presuntos vínculos de Ábrego con actividades criminales. Solo tras presiones legales y diplomáticas de alto nivel, y una denuncia interpuesta por la familia del salvadoreño, se concretó el proceso de retorno este viernes 06 de junio de 2025.
Ábrego García fue inicialmente recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión salvadoreña de máxima seguridad ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos. Posteriormente, fue trasladado a otra instalación del país centroamericano, antes de su repatriación a Estados Unidos.
El origen de la actual acusación penal se remonta a una parada de tráfico ocurrida en 2022, en la que Ábrego fue detenido en Tennessee por conducir con exceso de velocidad. En su vehículo viajaban ocho pasajeros sin equipaje. Según los reportes policiales y grabaciones de una cámara corporal, los agentes sospecharon que se trataba de un posible transporte de migrantes indocumentados, pero lo dejaron continuar tras emitirle solo una advertencia por una licencia vencida.
Esa detención momentánea no conllevó cargos en su momento, pero sí motivó una investigación posterior por parte del Departamento de Justicia, que reactivó el caso en abril pasado. Durante la indagatoria, agentes federales interrogaron a José Ramón Hernández Reyes, propietario del vehículo implicado y actual recluso en una prisión federal en Alabama por reingreso ilegal al país. Hernández Reyes habría declarado que conocía a Ábrego desde 2015 y que lo contrató en varias ocasiones para transportar migrantes como parte de un supuesto "servicio de taxi" con base en Baltimore.
A pesar de que estas declaraciones se produjeron bajo inmunidad limitada, su contenido fue utilizado para sustentar los cargos contra Ábrego, quien, hasta ahora, no ha podido ofrecer su versión de los hechos debido a su aislamiento carcelario.
El abogado del salvadoreño, Simon Sandoval-Moshenberg, ha calificado el proceso como una muestra alarmante de cómo el Estado puede abusar de su poder. "Desde el principio, este caso dejó algo dolorosamente claro: el gobierno tenía la facultad de traerlo de vuelta en cualquier momento. En cambio, optaron por manipular a la corte y la vida de un hombre", señaló. Su defensa insiste en que el caso no solo trata sobre un individuo, sino sobre la necesidad de garantizar el debido proceso y los derechos constitucionales para todas las personas, sin importar su estatus migratorio.
Ábrego García, quien contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense en 2019 y es padre de un niño nacido en EE.UU., había construido una vida estable en Maryland. Su esposa, Jennifer Vásquez Sura, sostiene que el transporte de personas en el que participaba era limitado a compañeros de trabajo en construcción, sin ninguna actividad ilícita o transnacional de por medio.
El proceso judicial en marcha determinará el futuro de Ábrego García, pero su situación ya ha dejado una marca indeleble en el debate sobre migración, justicia y derechos humanos en Estados Unidos de Norteamérica. Revela no solo los vacíos legales y administrativos que permiten errores como su deportación, sino también el uso potencialmente instrumental de acusaciones penales para justificar políticas migratorias severas.
El caso plantea una pregunta de fondo: ¿puede el sistema garantizar justicia cuando los procedimientos se ven comprometidos por errores reconocidos, prejuicios institucionales y una narrativa criminalizante sin pruebas concluyentes?
Mientras Kilmar Ábrego enfrenta ahora un juicio federal en EE.UU., su caso continúa simbolizando las complejidades —y los riesgos— de vivir entre fronteras jurídicas, políticas y humanas.
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