• Juan Daniel Treminio

Despido de médicos: la torcida estrategia orteguista

Despedir a personal médico que ha estado al frente de la batalla contra la Covid-19 se ha convertido en una de las medidas que la dictadura implementa para combatir a la pandemia y sus efectos, lo que convierte nuevamente al gremio de la salud en un sector extremadamente expuesto y vulnerabilizado.


Marcha convocada por el sector salud en agosto de 2018 - Fotografía de Coyuntura por Juan Daniel Treminio

En la primera línea de la batalla


El nuevo coronavirus ha dejado estragos y afectaciones en grandes dimensiones alrededor del mundo. Según el ilustre Thomas Freedman ésta es "una guerra declarada por la naturaleza", en la cual los médicos están en la primera línea, haciendo lo que pueden para evitar la mayor cantidad de muertes. En un país funcional y con instituciones solidas e independientes, las autoridades hacen todas las gestiones para abastecer las necesidades de los médicos y del sistema de salud como tal, mientras que en Nicaragua la dictadura los despide.


Una labor coaccionada


Aunque los despidos no tienen una justificación coherente, las razones son obvias. Se trata de un asunto meramente político en el que el Gobierno pretende coaccionar la labor de los médicos, obligándolos a ir en contra de su labor humanista, de lo contrario serán castigados con el despido. Ésta acción por parte del Gobierno ha sido recurrente, sobretodo en contextos de crisis, sin medir consecuencias.


Desde que se diagnosticó el primer caso de Covid-19 hasta la fecha, según la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), más de 45 profesionales de la salud se han convertido en víctimas mortales del virus mientras estuvieron salvando la vida de sus pacientes en los distintos hospitales del país, mismos que han sobrepasado su capacidad de atención. A esto se le suma la falta de insumos, equipos y elementos de protección lo que expone a los trabajadores de la salud a altos riesgos de contagio.


Patrón de despidos


Durante la crisis de 2018 la AMN denunció el despido de 135 trabajadores de la salud, quienes fueron expulsados de los hospitales, algunos por haber puesto en práctica su juramento hipocrático para salvar la vida de los manifestantes heridos y otros por haber participado cívicamente en las manifestaciones de ese año.


El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en ese contexto advirtió de las consecuencias que causarían los despidos masivos en el sistema de salud, en el derecho a la salud de la ciudadanía y en los derechos laborales del personal médico. A su vez, el CENIDH denunció las amenazas y obstáculos que se impusieron al personal de diversos hospitales y centros de salud de todo el país para evitar la realización de sus labores.


¡Auxilio!


El 1 de junio de éste año más de 700 médicos, aglutinados en 34 organizaciones, lanzaron un llamado de emergencia nacional alertando la propagación acelerada del virus en Nicaragua; así también, convocaron a la ciudadanía a realizar una cuarentena nacional de forma voluntaria ante la falta de medidas por parte del Gobierno central y los locales. Algunos de los médicos que firmaron fueron despedidos horas después de la publicación de dicho documento.



Del Hospital Antonio Lenin Fonseca fue despedida la doctora y anestesióloga María Nela Escoto, quien llevaba 24 años trabajando en dicha institución. Tanto en su testimonio como en otros, varios médicos denuncian la negligencia con la cual el sistema de salud a nivel nacional está siendo manejado, y el patrón de represalias y obstáculos que existen en el sector salud. Algunos de los actos negligentes son:

  • Impedimento de las labores humanitarias

  • Exposición a riesgos de contagio debido a la prohibición del uso de insumos de protección

  • Falta de insumos de protección

  • Falta de equipos técnicos

  • Coaccionar el criterio médico y científico respecto al Covid-19

  • Modificación de diagnósticos

  • Modificación de actas de defunción

Con nombre y apellido


La doctora Escoto asegura que los despidos por parte del Ministerio de Salud (MINSA) “son órdenes de Gustavo Porras”, Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), también Presidente de la Asamblea Nacional y operador político de Rosario Murillo. Porras es uno de los funcionarios estatales sancionado por los Gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá, por cometer y/o ser cómplice en delitos contra los derechos humanos.


¿Qué pasará?


Pese a los llamados y denuncias de organizaciones nacionales e internacionales, el Gobierno no pretende cambiar ninguna de sus torcidas estrategias para frenar la pandemia. Según el análisis de varios expertos, despedir a médicos no hace más que empeorar las condiciones en el sistema de salud del país.


El personal de salud nicaragüense se enfrenta a varios desafíos para seguir ejerciendo su labor en condiciones dignas, y para poder gozar de sus derechos y garantías laborales sin ser sometidos a lineamientos políticos que pongan en riesgo la vida y la salud de la ciudadanía. Este es un asunto que debe ser llevado a los más altos niveles de discusión política.

 Deberá quedar constancia ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la injustificada decisión tomada por dichas autoridades y del perjuicio personal y social que se logra con este tipo de decisiones - Asociación Médica Nicaragüense.

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