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Despojo de bosques y abusos contra pueblos indígenas en Nicaragua no se detienen

La deforestación, la minería ilegal y la violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes amenazan el país. La pérdida de bosques, un 22 % en dos décadas, afecta gravemente, especialmente en la Costa Caribe. Además, la minería ilegal de oro daña el medio ambiente y afecta a territorios indígenas sin su consentimiento. La violencia contra estas comunidades está en aumento, con asesinatos, torturas y ataques violentos. La trágica muerte de Clen Dixon Fernández resalta la gravedad de la situación.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Costa Caribe, Nicaragua
Una vivienda destruida por el paso de los huracanes Eta e Iota (2020) en la Costa Caribe de Nicaragua | Fotografía de Coyuntura por Juan Daniel Treminio
Una vivienda familiar, en una comunidad indígena, destruida por el paso de los huracanes Eta e Iota (2020) en la Costa Caribe de Nicaragua | Fotografía de Coyuntura por Juan Daniel Treminio

Nicaragua, un país conocido por su rica biodiversidad y hermosos paisajes naturales, se enfrenta a una crisis ecológica y humanitaria alarmante y cada vez más compleja y dolorosa. La pérdida de bosques, la expansión de la minería ilegal y la creciente violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes -y contra defensores de la tierra y los derechos humanos- están afectando gravemente al país centroamericano, que ha experimenta una preocupante tasa de deforestación en las últimas dos décadas. Según datos del sistema Global Forest Watch (GFW), el país perdió aproximadamente el 22 % de su cobertura arbórea, incluyendo bosques primarios y secundarios, entre 2001 y 2022. Esto equivale a una disminución de 1.73 millones de hectáreas.


Además, el área de bosque primario húmedo en Nicaragua se redujo en un alarmante 29 % en el mismo período.


Las áreas más afectadas se encuentran en la Costa Caribe Norte y la Costa Caribe Sur, hogar de una gran parte de la cobertura arbórea de Nicaragua. Sin embargo, las zonas arbóreas de Río San Juan, Jinotega y Matagalpa, en el norte del país, también sufrieron pérdidas significativas. Expertos consultados por la Redacción de COYUNTURA señalaron que esto se debe a diversos factores.


La deforestación y la crisis ecológica en el país centroamericano se deben a una serie de factores interrelacionados que han contribuido a esta situación preocupante. Algunas de las razones principales son:

  1. Expansión de la agricultura y la ganadería: La conversión de bosques en tierras agrícolas y pastizales es una de las principales causas de deforestación en Nicaragua. La creciente demanda de alimentos y la expansión de la ganadería han llevado a la tala de árboles para dar paso a cultivos y pastizales.

  2. Minería ilegal: La minería ilegal, que a menudo opera sin regulación ni control ambiental, ha tenido un impacto devastador en los bosques de Nicaragua. La extracción de minerales a menudo implica la destrucción de vastas áreas de bosque, contaminación del agua y daño a los ecosistemas circundantes.

  3. Construcción de infraestructura: La construcción de carreteras, represas y proyectos de desarrollo de infraestructura también ha contribuido a la deforestación al abrir nuevas áreas para la expansión agrícola y facilitar el acceso a las zonas forestales remotas.

  4. Incendios forestales: Los incendios forestales, tanto naturales como provocados por actividades humanas, han afectado gravemente a los bosques de Nicaragua. Estos incendios pueden ser devastadores y resultar en la pérdida de grandes extensiones de bosque.

  5. Cambio climático: El cambio climático ha llevado a condiciones climáticas extremas, como sequías e inundaciones, que pueden debilitar los ecosistemas forestales y hacer que sean más vulnerables a la tala y los incendios.

  6. Conflictos y violencia: La violencia en algunas regiones de Nicaragua ha llevado al desplazamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes que tradicionalmente han sido guardianes de los bosques. Esto ha dejado a estas áreas más expuestas a la explotación y la deforestación.

  7. Falta de aplicación de leyes ambientales: La falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales y la regulación deficiente han permitido que actividades destructivas, como la tala ilegal y la minería no regulada, continúen sin restricciones.

  8. Pobreza y necesidades económicas: En algunas áreas, la pobreza y la falta de oportunidades económicas han llevado a las comunidades a recurrir a la explotación de los recursos naturales como una fuente de ingresos, incluso si esto significa la tala de bosques.

La deforestación y la degradación forestal tienen graves consecuencias para la biodiversidad, el clima y las comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia. Abordar este problema requiere un enfoque integral que incluya la aplicación efectiva de las leyes ambientales, el fomento de prácticas agrícolas sostenibles, la promoción de la conservación y la restauración de bosques, y el apoyo a las comunidades locales en la gestión sostenible de los recursos naturales. También es importante abordar las cuestiones de derechos humanos y la violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes que defienden la tierra y los bosques.


En comparación con otros países centroamericanos, Guatemala experimentó una reducción similar en su cobertura arbórea (22 %) pero en una extensión ligeramente menor, 1.68 millones de hectáreas. Honduras vio una disminución del 17 % (1.32 millones de hectáreas), mientras que Belice perdió el 16 % de su cobertura arbórea (279 mil hectáreas). Panamá y El Salvador también experimentaron pérdidas, aunque menores, del 8.5 % y 8.3 %, respectivamente. Costa Rica fue el país con la menor pérdida de bosques, con un 6.9 % (270 mil hectáreas).


Minería


La pérdida de recursos naturales en Nicaragua está directamente relacionada con el auge de la minería ilegal de oro y legal de otro materiales, que ha causado graves daños ambientales, como la contaminación del agua, del suelo y del aire, así como la deforestación y la degradación de los ecosistemas.


Lo más preocupante es que Nicaragua lidera la región en concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes. La administración de Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha otorgado al menos 69 concesiones mineras a empresas nacionales e internacionales, mientras que otras 72 solicitudes están pendientes. Estas concesiones se han aprobado sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, lo cual va en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.



Según el informe de la OACNUDH, hay supuestas concesiones mineras en 21 territorios indígenas, afectando a los pueblos Chorotega, Matagalpa, Mayangna y Miskitu. Esta situación agrava aún más la crisis ecológica y los conflictos en curso en las regiones afectadas.


En agosto del corriente año, comunidades indígenas y ambientalistas en Nicaragua emitieron una alerta tras la aprobación de otras dos concesiones mineras otorgadas a una empresa china para la explotación en un área protegida en el territorio indígena de la Costa Caribe Norte. Líderes comunitarios denunciaron la contradicción entre la declaración del Cerro Miramar como "Parque Ecológico Municipal" y su concesión para la explotación minera, temiendo el impacto devastador en el suministro de agua y la biodiversidad de la región.


Violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes


La violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes. Según un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), estas poblaciones están siendo víctimas de asesinatos, torturas, violencia sexual, robo de tierras y desplazamientos forzados por parte de colonos. Los ataques violentos han aumentado significativamente en los últimos meses, especialmente en la Reserva de la Biosfera de Bosawás.


Se documentaron al menos ocho casos de ataques violentos contra estas comunidades entre agosto de 2022 y junio de 2023, incluyendo secuestros y violaciones sexuales a mujeres y niñas indígenas. La impunidad en estos casos se debe a la falta de instituciones estatales en los territorios indígenas y al desconocimiento de las lenguas indígenas por parte de los funcionarios públicos, entre otros factores más profundos y estructurales.


Las mujeres, niñas y adolescentes indígenas son particularmente vulnerables y enfrentan violencia física, psicológica, económica y sexual, así como discriminación en todos los ámbitos. El informe de la OACNUDH señala que las tasas de femicidio son especialmente altas en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua.


Las organizaciones indígenas y afrodescendientes, como la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA-AIP), han exigido al régimen de Nicaragua que sanee los territorios indígenas y afrodescendientes, y que desarticule las bandas armadas que operan en estas áreas en favor de las invasiones de tierras. También hacen un llamado constante a la comunidad internacional para que exija a la administración nicaragüense que cumpla con sus compromisos en materia de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.


La violencia contra estas comunidades ha aumentado desde que el mandatario sandinista Daniel Ortega volvió al poder, registrando, según una documentación de COYUNTURA, al menos 60 asesinatos y el desplazamiento forzado de miles de indígenas.


Nicaragua se enfrenta a una grave crisis ambiental y humanitaria marcada por la pérdida de bosques, la expansión de la minería ilegal y la creciente violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, y contra quienes defienden la tierra. Estos problemas están intrínsecamente interconectados y requieren una acción inmediata tanto a nivel nacional como internacional.


La pérdida de recursos naturales y la violencia contra las poblaciones indígenas no solo amenazan la biodiversidad de Nicaragua, sino que también tienen un impacto devastador en las vidas y culturas de estas comunidades. Es crucial que se tomen medidas concretas para detener la deforestación, regular la minería y garantizar la seguridad y los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en el país centroamericano.


El crimen más reciente


El 13 de septiembre, Clen Dixon Fernández, un indígena Mayagna de 36 años, perdió la vida en la comunidad de Kipih, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Según INANA-AIP, Dixon y otros tres comunitarios Mayagnas fueron emboscados por un grupo de seis personas armadas mientras se dirigían a sus parcelas de trabajo. Dixon resultó gravemente herido y falleció durante su traslado a un centro médico. Los comunitarios culpan a colonos armados de la zona por el ataque.


Clen Dixon Fernández, además de ser un miembro activo del movimiento juvenil deportivo, pertenecía al Movimiento de Jóvenes Indígenas del Territorio Mayangna Sauni Bu. Este trágico incidente se suma a la creciente ola de violencia contra las comunidades indígenas en Nicaragua.


Los territorios indígenas, en particular los de los Mayagnas, se encuentran en una situación extremadamente grave debido a la inseguridad causada por la presencia masiva de colonos que han ocupado sus tierras, para la ganadería o la producción agrícola. La falta de saneamiento de estas tierras y la impunidad en los ataques están poniendo en peligro tanto los medios de vida como la vida misma de las comunidades indígenas. La demanda de seguridad en la tenencia de la propiedad comunal se vuelve apremiante.


Este último incidente trágico y la escalada de la violencia en territorios indígenas subrayan la urgencia de abordar la situación y garantizar la seguridad y los derechos de las poblaciones indígenas en Nicaragua ahora, no mañana.


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