23 nicaragüenses, 15 hondureños, seis salvadoreños y 16 guatemaltecos. Todos sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Son exfuncionarios o actuales burócratas de los Estados de Centroamérica, denunciados por diversos actos de corrupción en varios períodos gubernamentales, incluidos los actuales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Corrupción
Managua, Nicaragua
La actualización de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, mejor conocida como "Lista Engel", documenta el ingreso de 60 funcionarios y exfuncionarios de diversos períodos gubernamentales en Centroamérica.
El documento lleva por titulo "Informe al Congreso sobre Personas Extranjeras que a sabiendas han Incurrido en Acciones que Atentan contra Procesos o Instituciones Democráticas, Corrupción Significativa u Obstrucción de Investigaciones sobre Tales Actos de Corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, De conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2021 (Div. FF, P.L. 116-260, según enmendada) (Sección 353)". Fue filtrado y publicado por COYUNTURA el pasado 16 de julio, y confirmado por el gobierno norteamericano este miércoles 20 de julio.
Nicaragua
En el caso de Nicaragua, se conoce que los 23 trabajadores estatales son operadores de justicia, entre jueces y fiscales, quienes, según el Gobierno de EE.UU., han "socavado" los derechos y libertades públicas, respondiendo a los intereses dictatoriales de Daniel Ortega y su esposa y primera dama, Rosario Murillo. Además, son acusados de corrupción significativa, de obstruir procesos jurídicos de investigación y recibir sobornos.
Los trabajadores del Poder Judicial nicaragüense han encabezado procesos ilegítimos, a través de los cuales se ha condenado a varios líderes opositores, estudiantes universitarios, precandidatos a la Presidencia en 2021, campesinos, periodistas, entre otros.
Jueces:
- Rosa Velia Baca Cardoza
- Erick Ramón Laguna Averruz
- Irma Oralya Laguna Cruz
- Luden Martín Quiroz García
- Melvin Leopoldo Fernández González
- Nancy del Carmen Aguirre Gudiel
- William Irving Howard López
- Verónica Fiallos Moncada
- Félix Ernesto Salmerón Moreno
- Rolando Salvador Sanarrusia Munguía
- Nadia Camila Tardencilla Rodríguez
- Ulisa Yahoska Tapia Silva
- Angel Jancarlos Fernandez Gonzalez
Fiscales:
- Perla de los Angeles Baca
- Carlos Rafael Espinoza Castilla
- Yubelca del Carmen Pérez Alvarado
- Luis Alberto Mena Gámez
- Jorge Luis Arias Jarquín
- Martha Ileana Morales Mendoza
- María Francis Pérez Mojica
- Marling de Jesús Castro Rodríguez
- Andrea del Carmen Salas
- Auxiliadora del Carmen Siquiera Suazo
Entre los jueces sancionados destaca Luden Martín Quiroz García, operador del régimen nicaragüense que condenó al periodista Miguel Mendoza, al exdiplomático Mauricio Díaz, a la líder opositora Ana Margarita Vijil, a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y a la exdiputada María Fernanda Flores, entre otras personas detenidas en 2021. Además, también sobresale el juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, quien condenó a los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Mairena, al igual que a los líderes civiles Pedro Mena, Jose Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, Jose Quintanilla Hernandez y Roger Reyes, así como al líder del sector privado José Adán Aguirre.
Esta sería la segunda ocasión que la administración de Estados Unidos utiliza el mecanismo de la Lista Engel para sancionar a funcionarios de la dictadura nicaragüense. La primera vez fue en marzo de este 2022, cuando fueron penados nueve operadores del régimen Ortega-Murillo, entre jueces, diputados de la Asamblea Nacional y miembros del Poder Electoral.
Honduras
Mientras tanto, en el caso de Honduras, la lista incluye a Rasel Antonio Tome y a Edgardo Antonio Casaña, ambos diputados en funciones, directivos del Congreso Nacional y miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre). La actualización de la Lista Engel incluye también a altos funcionarios de los Gobiernos de Juan Orlando Hernández y Manuel Zelaya, entre ellos exdiputados, exministros, secretarios de Estado y miembros de comités o instituciones nacionales.
Tome, actual vicepresidente del Legislativo y gran precursor del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es acusado de "corrupción significativa" al malversar aproximadamente U$D 327,000 dólares de fondos públicos, mientras dirigía la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Ha negado los hechos y aseguró que la lista acá retratada, al momento de filtrarse hace una semana, no existía.
"Nos comunicamos con el Departamento de Estado en los Estados Unidos, quienes nos informan que no existe ninguna lista oficial donde se mencione mi nombre. Agradezco todas las llamadas y comunicaciones de apoyo. Ratifico al pueblo hondureño mi juramento de no callar nuestra voz. No bajar los brazos", dijo Tome en su cuenta de Twitter. Además, aseguró a medios de comunicación que está realizando otras gestiones con la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
También forma parte de la lista Enrique Flores Lanza, quien fue ministro del Gobierno de Zelaya (2006 - 2009), y tras la llegada de Castro al poder retornó al país centroamericano, luego de pasar varios años recluido en Nicaragua por acusaciones de corrupción. Lanza, según el Gobierno norteamericano, "participó en actos de corrupción significativa al recibir dos millones de dólares en dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuirlo indebidamente entre aliados políticos".
- Harvis Edulfo Herrera Carballo (Gerente general del Palacio Presidencial de 2010 a 2014)
- Elmer Jeovanny Ordonez Espinal (Supervisor de controles internos del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014)
- Rasel Antonio Tome Flores (Diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, y expresidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones)
- Claudia Yamilia Noriega González (Coordinadora del proyecto "Catracha Card" de 2010 a 2014)
- David Eduardo Ortiz Handal (Gerente de finanzas del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014)
- Carol Vanessa Alvarado Izaguirre (Gerente de finanzas del Palacio Presidencial de 2010 a 2014)
- Enrique Alberto Flores Lanza (Ministro de la Presidencia de 2006 a 2009)
- Juan Ramon Maradiaga (Gerente general del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014)
- Edgardo Antonio Casaña Mejia (Diputado y vicepresidente del Congreso Nacional)
- Roberto David Castillo Mejia (Miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica)
- Carlos Josué Romero Puerto (Coordinador del proyecto "Bono 10 Mil")
- Carlos Josue Montes Rodriguez (Secretario de trabajo de 2006 a 2009)
- Gonzalo Molina Solorzano (Jefe de suministro del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014)
- Juan Carlos "El Tigre" Bonilla Valladares (Director de la Policía Nacional de 2012 a 2013)
- Javier Rodolfo Pastor Vasquez (Ministro de salud de 2006 a 2009)
Destaca la mención y sanción de Roberto David Castillo Mejia, coautor del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres en 2016. Además, cabe resaltar que Flores Lanza actualmente funge como asesor presidencial de Xiomara Castro.
El Gobierno hondureño ya se ha pronunciado al respecto, rechazando "categóricamente las acciones y despropósitos de esta publicación, que constituyen de forma inequívoca en un intento por validar" el Golpe de Estado de 2009.
El Salvador
De los seis salvadoreños mencionados en esta actualización, destacan cinco funcionarios del actual Gobierno del presidente Nayib Bukele, entre ellos el diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Reynaldo Guevara Guadron. Estados Unidos asegura que Guevara "socavó procesos o instituciones democráticas cuando introdujo una Ley de Prohibición de Pandillas que castigará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en los medios, considerado por muchos observadores como un claro intento de censurar los medios".
El secretario de prensa de la Presidencia, Jose Ernesto Sanabria; el asesor jurídico de la Presidencia, Francisco Javier Argueta Gomez; y el alcalde de San Miguel, Jose Wilfredo Salgado Garcia. Ellos son los otros cuatro funcionarios actuales sancionados por EE.UU., quienes han "socavado procesos o instituciones democráticas".
En el caso de Argueta, se le acusa de "planificar la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y el fiscal general" en 2021, mientras que a Salgado, se le acusa de utilizar su puesto en la alcaldía para participar en tráfico de drogas y lavado de dinero.
- Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa (esposa del exministro de Seguridad Pública René Mario Figueroa)
- Rene Mario Figueroa Figueroa (exministro de Seguridad Pública de la administración Saca)
- Jose Wilfredo Salgado Garcia (alcalde de San Miguel)
- Francisco Javier Argueta Gomez (asesor legal de la Presidencia)
- Christian Reynaldo Guevara Guadron (diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de la bancada de Nuevas Ideas)
- Jose Ernesto Sanabria (secretario de prensa de la Presidencia)
El matrimonio Figueroa es acusado de lavar unos tres millones de dólares provenientes de fondos públicos. Por otra parte, José Alejandro Zelaya Villalobo, actual ministro de Hacienda en El Salvador, era mencionado en la filtración, pero no aparece retratado en el documento verificado.
Guatemala
En el caso de Guatemala, fueron incluidos empresarios de la construcción y el exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, José Luis Benito Ruiz, quien es acusado de "participar en actos de corrupción significativa cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su posición oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de la corrupción".
Además, la lista incluye a Ramiro Mauricio Lopez Camey y Mauricio Lopez Oliva, propietarios de Asfaltos y Petróleos S.A. (ASPETRO), empresa que, según investigaciones periodísticas, negoció contratos ilegales con Benito Ruiz y con el actual Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
- Dennis Billy Herrera Arita (abogado)
- Carlos Estuardo Galvez Barrios (exrector de la Universidad de San Carlos)
- Jose Rafael Curruchiche Cucul (jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público)
- Axel Arturo Samayoa Camacho (propietario de varias empresas de camiones y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC -Atlántico- y EPQ -Pacífico-)
- Ramiro Mauricio Lopez Camey (copropietario de la empresa constructora ASPETRO)
- Ramon "Moncho" Campollo Codina (propietario de la Corporación Energías de Guatemala)
- Geisler Smaille Perez Dominguez (juez del Tercer Juzgado Penal)
- Sofia Janeth Hernandez Herrera (diputada del partido Unión del Cambio Nacional)
- Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernandez (propietario de la Corporación Energías de Guatemala)
- Mayra Alejandra Carrillo de Leon (directora del Instituto de Víctimas)
- Erick Gustavo Santiago de Leon (exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil)
- Nery Oswaldo Medina Mendez (magistrado de la Corte Suprema de Justicia)
- Vitalina Orellana y Orellana (magistrada de la Corte Suprema de Justicia)
- Mauricio Lopez Oliva (copropietario de la empresa constructora ASPETRO)
- Victor Manuel Cruz Rivera (juez de la Corte Criminal)
- José Luis Benito Ruiz (ministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020)
A estos 60 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos se les ha eliminado el visado norteamericano, y tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense.
"Este informe incluye a las personas que el Secretario ha determinado que han participado en la actividad pertinente sobre la base de información creíble o denuncias de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes. El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir y desbaratar la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Departamento también continúa revisando activamente la información creíble adicional y las denuncias sobre corrupción o actividad antidemocrática y utiliza todas las autoridades correspondientes, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos", cita el documento.
Esta sería la tercera actualización de la Lista Engel. La primera y segunda publicación fueron el 01 de julio y el 20 de septiembre de 2021, respectivamente.
Este mecanismo surgió por iniciativa del excongresista demócrata por Nueva York, Eliot Engel, en 2019, quien propuso la legislación para "apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos abordando las causas fundamentales de la migración" en la región.
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