EE.UU. revoca protección humanitaria para medio millón de migrantes. La Corte Suprema autorizó a la administración de Donald Trump eliminar el "parole" CHNV
- Jairo Videa
- 30 may
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Este programa fue introducido por el expresidente demócrata Joseph Biden en el año 2021, y expandido en 2023, como una vía legal y controlada para personas provenientes de cuatro países marcados por crisis sociales y políticas, persecución, pobreza extrema y violencia estatal.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Washington, Estados Unidos de Norteamérica
La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) ha autorizado este viernes 30 de mayo de 2025 a la administración del mandatario Donald Trump suspender de forma inmediata el programa humanitario CHNV, conocido como "parole", que otorgaba libertad condicional temporal a más de 530,000 personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta decisión revierte una de las políticas migratorias clave del gobierno del expresidente Joseph Biden, deja a cientos de miles de personas en riesgo de deportación inmediata y representa un punto de inflexión en la política migratoria contemporánea del país.
La resolución fue emitida sin una explicación formal por parte del tribunal. Sin embargo, la jueza Ketanji Brown Jackson, acompañada por la jueza Sonia Sotomayor, presentó un enérgico voto disidente. Jackson argumentó que la Corte "subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno altere precipitadamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus demandas legales están pendientes". Para la magistrada, el fallo impone un daño "irreparable" y contradice los principios del debido proceso.
El parole humanitario CHNV fue introducido por la administración Biden en 2021, y expandido en 2023, como una vía legal y controlada para personas provenientes de cuatro países marcados por crisis sociales y políticas, persecución, pobreza extrema y violencia estatal. Bajo este esquema, los migrantes podían entrar a EE.UU. legalmente por un período inicial de dos años, siempre y cuando contaran con un patrocinador estadounidense responsable de su sostenimiento económico. Este mecanismo también abría la puerta a solicitar asilo u otros estatus migratorios más permanentes.
Inspirado en antecedentes históricos como la acogida de refugiados húngaros en 1956 o, más recientemente, los programas de libertad condicional para ucranianos y afganos, el programa CHNV respondía a la necesidad de soluciones migratorias ante contextos humanitarios extremos. Su estructura se fundamentaba en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que permite, a discreción del Ejecutivo, conceder entrada temporal por razones urgentes de interés público o beneficio humanitario significativo.
El giro drástico comenzó con la firma de una orden ejecutiva por parte del actual presidente Trump el mismo día de su toma de posesión para un segundo período no consecutivo, en enero de 2025. En ella, instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a eliminar todos los programas de libertad condicional categórica. Dos meses más tarde, Kristi Noem, actual secretaria del DHS, oficializó la cancelación del CHNV, aplicable de forma inmediata y retroactiva, incluyendo a quienes aún se encontraban dentro del periodo de protección previamente aprobado.
La decisión fue impugnada por varios migrantes beneficiarios y sus patrocinadores en una demanda ante un tribunal federal en Massachusetts. La jueza Indira Talwani les dio la razón, concluyendo que la terminación masiva del programa violaba los principios legales que exigen decisiones caso por caso en materia de libertad condicional, y ordenó al gobierno detener cualquier intento de deportación hasta que el caso fuese resuelto judicialmente.
No obstante, el gobierno federal apeló directamente a la Corte Suprema, argumentando que las decisiones del Ejecutivo sobre estos programas no son revisables por los tribunales, y que modificar la duración del parole era legal y necesario para preservar recursos y ejecutar las prioridades migratorias de la nueva administración.
El máximo tribunal aceptó la solicitud del gobierno de forma urgente, levantando la suspensión que protegía a las personas inscritas en el CHNV. Esta acción permite que las deportaciones puedan comenzar de inmediato, incluso antes de que se resuelva el fondo del litigio, según expertos consultados por COYUNTURA.
El fallo no ocurre en el vacío. La administración Trump ha intensificado su agenda migratoria desde el primer día de su segundo mandato. A principios de este mes, la Corte también permitió la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos, quienes hasta entonces podían trabajar y residir legalmente en EE.UU. mientras se resolvían sus casos.
En paralelo, el gobierno estadounidense, cada vez menos humanitario que antes, eliminó el programa de protección para afganos evacuados tras la retirada militar de 2021 —muchos de ellos colaboradores directos de las tropas estadounidenses durante muchos años—, con efecto a partir del próximo lunes 14 de julio de 2025. En contraste, no se ha modificado todavía el programa de protección para personas procedentes de Ucrania, que ha beneficiado a más de 200,000 migrantes desde la invasión rusa iniciada en 2022.
Esta selección desigual ha despertado fuertes críticas entre activistas de derechos humanos, organizaciones civiles y miembros del Congreso. Particularmente, la reciente admisión de refugiados sudafricanos blancos, bajo el argumento —no comprobado— de que enfrentan un genocidio, ha sido vista como un gesto discriminatorio y racista. El presidente de Sudáfrica desmintió públicamente tales acusaciones durante una reunión en la Casa Blanca.
Para los más de 530,000 migrantes bajo el CHNV, el impacto de esta decisión va mucho más allá de una cuestión jurídica. Se trata de personas que en su mayoría huyeron de regímenes autoritarios, colapsos institucionales o violencia sistémica. Muchos ya han iniciado una vida en EE.UU.: han conseguido empleos, matriculado a sus hijos en escuelas, pagado impuestos y establecido vínculos comunitarios. La suspensión de su estatus migratorio los coloca ahora al borde de una deportación inmediata, sin garantías mínimas de revisión individual ni protección legal efectiva.
Las organizaciones de defensa legal ya advierten que miles podrían quedar atrapados en un limbo legal, enfrentando procesos acelerados de expulsión que omiten consideraciones de fondo sobre sus solicitudes de asilo o su situación familiar. Además, muchos temen que el colapso de este mecanismo de entrada legal incentive nuevas rutas de migración irregular y, con ello, mayores riesgos para quienes siguen huyendo de crisis humanitarias cada vez más extremas.
El voto disidente de la jueza Jackson subraya la profundidad del debate institucional que atraviesa a la justicia estadounidense frente al tema migratorio. Aunque el gobierno alegó una necesidad imperiosa de reorganizar su política fronteriza, la Corte —en palabras de Jackson— ha fallado al no valorar los daños "profundamente humanos" de su decisión. "Aunque es probable que el gobierno gane en cuanto al fondo, en nuestro sistema legal, el éxito lleva tiempo… y los criterios de suspensión exigen más que una victoria anticipada", escribió.
Mientras el caso continúa su curso en las instancias inferiores, el efecto inmediato ya es tangible: miles de familias quedan expuestas a la deportación, al quiebre social, sin un camino claro hacia la regularización ni certezas jurídicas.
El fin del programa CHNV, autorizado por el máximo tribunal del país, marca no solo el desmantelamiento de una política migratoria humanitaria, sino también un precedente preocupante sobre la discrecionalidad del Ejecutivo en materia de derechos de personas migrantes y refugiadas, con implicaciones que podrían extenderse a otros programas y comunidades en situación de vulnerabilidad.
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